Los defensores de Andrés Di Césare (23) -acusado del femicidio de Julieta González (21), a quien conocía desde niño y con quien mantenía una incipiente relación sentimental- volvieron a solicitar que al acusado, hijo de un empresario del transporte de Maipú, se le dé prisión domiciliaria y que se le coloque una pulsera electrónica de control.
El pedido fue solicitado ayer por el abogado Roberto Godoy Lemos a la jueza Érica Sánchez, del primer Juzgado de Garantías, en el marco de una audiencia de control jurisdiccional que había quedado "stand by", luego de que el juez de sexto juzgado de Garantías, David Mangiafico, fuera apartado del caso a pedido de las partes.
Durante la audiencia la magistrada adelantó que su criterio, en cuanto a la duración de la prisión preventiva -tres meses dictado por Mangiafico-, es distinto y más extenso: dos años como indica la ley para este tipo de delito con pena de prisión perpetua.
Luego, en relación a la controvertida audiencia de Mangiafico, sostuvo que el extenso cuarto intermedio de la misma sólo impidió que se cumpliera el principio de inmediatez en relación a pedido de nulidad del allanamiento de la empresa del imputado.
Así las cosas, los abogados de la defensa solicitaron la nulidad de audiencia de Mangiafico; la fiscal Claudia Ríos la nulidad de término de la preventiva y el querellante Lucas Ríos, el rechazo del pedido de la defensa.
Por otra lado, las partes volvieron a exponer sobre dos puntos en conflicto: la validez o no de dos pruebas. En primer lugar un informe pericial realizado por la Policía en el que Di cesare habría "confesado" haber matado a Julieta porque la joven lo extorsionaba.
La segunda prueba discutida es el acta de allanamiento por la cual se logró secuestrar el Ford Fiesta Kinetic de Di Césare, vehículo en el cual se logró encontrar rastros hemáticos de la chica brutalmente asesinada.
La jueza Érica Sánchez deberá ahora expedirse sobre estos planteos que han terminado dilatando el proceso judicial.
