El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció ayer una recompensa de 500.000 pesos para quien ofrezca datos sobre el paradero de Johana Chacón (13), desaparecida en setiembre de 2012 en Lavalle.
La recompensa se suma a otra idéntica establecida la semana pasada por la desaparición de otra mujer lavallina, Soledad Olivera, quien fue vista por última vez el 18 de noviembre de 2011.
En principio, estas recompensas parecerían estar en contradicción con las investigaciones realizadas por la justicia provincial que considera que ambos casos son homicidios y tienen un único sospechoso: Mariano Luque (32).
Pero, ¿cómo? ¿La Justicia Federal -investigando el asunto como trata de personas con fines de explotación sexual- ofrece jugosas recompensas por ambas desapariciones y, a su vez , la Justicia provincial está juzgando a Luque por homicidio?
Si bien en principio parecería que esta contradicción podría beneficiar al sospechoso, una lectura fina del asunto muestra algo distinto.
Es que las recompensas fueron solicitadas en febrero pasado por el fiscal federal Fernando Alcaraz al Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Y estos pedidos -consensuados con el Ministerio Publicó Fiscal y Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)- se han hecho efectivos ahora, según lo advierte el Boletín Oficial.
"Estas recompensas no quitan ni agregan nada a las causas que se tramitan en la justicia provincial", explicó ayer el fiscal Alcaraz.
Más cerca del homicidio
Pero sí podrían tener consecuencias negativas para Luque. El siguiente paso que dio el fiscal federal: el 7 de abril pasado solicitó al juez Walter Bento el archivo de las causas en la que se investigaba posibles trata de personas.
En un escrito de 45 páginas el fiscal plantea dos hipótesis: que se trata de dos homicidios o que se trata de dos casos de trata de personas.
Este último -un delito federal- fue investigado por Alcaraz, quien siguió 12 "pistas" que lo llevaron a investigar distintos lugares y personas en Santa Fe, Santa Cruz y Lavalle; además de "pinchar" teléfonos y entrevistar a testigos, entre otras medidas.
Conclusión final
La conclusión final es que no surgió ningún elemento para pensar que Johana Chacón y Soledad Olivera fueron llevadas a otras provincias para ejercer la prostitución.
Es decir que la justicia Federal "agotó" la investigación por trata de personas y por lo tanto, tácitamente, entiende que se trata de homicidios.
Esto, claro, refuerza y da sustento a las investigaciones de la justicia provincial que en breve deberá resolverse.
Antes del 5 de junio los jueces de la Tercera Cámara del Crimen deberán resolver si hacen lugar al planteo del fiscal de Cámara, Darío Tagua, y del abogado querellante Fernando Peñaloza. Ambos coincidieron en su reclamo de 20 años de prisión para Luque como autor de homicidio simple en perjuicio de Olivera.
Por otra parte, Luque tiene otra causa judicial en relación con la adolescente Johana Chacón, también por el delito de homicidio, en un juicio oral y público que podría realizarse antes de que finalice el año judicial.
