Héctor Greco era presidente del holding que llevaba su nombre. Junto a sus socios, su hermano José y el empresario Jorge Basil llegaron a ser propietarios de más de 100 empresas entre propias y alquiladas. Entre las más conocidas estuvieron Furloti, Resero, Arizu, Agua Villavicencio, diario Mendoza y el Banco de Los Andes. De esta manera el grupo Greco llegó a concentrar el 30% del PBI de la provincia.
En abril de 1980 fueron testigos de su propia derrota cuando el Banco Central de la Nación liquidó al Banco De Los Andes, el cual contaba con su casa central en San Martín, y llegó a comandar y monopolizar los ahorros de todo el país. Ese mismo día fueron confiscadas más de 40 empresas del mismo grupo que a los pocos años terminaron siendo víctimas del desguace.
Los máximos responsables del grupo, los hermanos Greco, fueron detenidos por una comisión policial federal en el histórico restaurante Pedemonte, tras haber protagonizado una reunión con el ex presidente Jorge Rafael Videla y sus ministros Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy. Es que el gobierno militar en un principio había concordado una línea de asistencia al Banco De Los Andes pero en cuanto llegaron al Banco Central a firmarlo, se llevaron la sorpresa de que habían sido engañados bajo esa promesa ya que la orden desde la cúpula presidencial de facto había sido intervenir a todas las empresas del grupo. Como los hermanos no aceptaron la negociación, fueron secuestrados y detenidos bajo la acusación de monopolio y daño a la economía.
Uno de los jueces que tomó el caso fue Gabriel Guzzo, quien tenía en su despacho los expedientes que llenaron las oficinas hasta que los hermanos Greco junto con el empresario Jorge Basil y más de 20 gerentes de las diferentes sucursales sumado a funcionarios de alto rango - todos pertenecientes a la entidad bancaria-, recibieran sus condenas. Las penas fueron entre dos y cuatro años de cárcel.
Curiosamente en el Boletín Oficial del 6 de junio de 1980 se publicó la Ley n° 22229 del gobierno de facto que decía textualmente: "mantener en normal operación comercial a las empresas detalladas a efecto de preservar su valor como bodega en funcionamiento". Sin embargo la realidad fue otra, ya que con la caída del Banco De Los Andes con su casa central en San Martín y sus 30 sucursales en todo el país, dejó en quiebra a todas las empresas del grupo dejando sin trabajo a más de 1500 empleados. Lo mismo sucedió con sectores agricultores, viñateros y con los clientes que habían utilizado este banco como su lugar de confianza para sus ahorros.
En el momento que el grupo Greco fue intervenido para ser investigado por la justicia, tenían en su haber, por nombrar solamente las empresas más conocidas: Bodega "Greco hnos", Furloti, Recero, Viñedos Argentinos, Bodegas y Viñedos Lucesi, (una en Santa Fe y la otra en Córdoba), Tapas Argentinas, Bodegas y Viñedos Talacasto, Aguas Villavicencio, Orandi y Maceda, Bodegas y Viñedos Arizu (esta con el paño más grande de hectáreas de viñas de todo el país, ubicados en el distrito Villa Atuel en San Rafael) y Prensa del Oeste, la editora de diario Los Andes. Esto abarcaba empresas de distintos rubros, 43 bodegas propias y alrededor de 100 alquiladas repartidas entre San Juan, Río Negro y la provincia de Mendoza.
Tiempo después
El caso Greco fue conocido porque causó un gran deterioro en la economía regional. Con la caída del mismo, miles de familias quedaron en la calle a espera de una indemnización mientras que muchos clientes de los bancos de la firma se vieron afectados en su economía personal.
Héctor Greco murió en un accidente automovilístico en la zona de Palermo en Buenos Aires, cuando su Ford Falcon -conducido por su chofer- fue embestido por un Fiat 600, el 14 de diciembre de 1988. El impacto hizo que el empresario saliera despedido del vehículo y muriera al estrellarse contra el pavimento. Fue el mismo día en que se reuniría con Juan Vital Sourrouille, ministro de economía de Raúl Alfonsín, con quien pretendía tratar de negociar un arreglo por aquellas empresas que había perdido. Jorge Basil fue indultado durante el gobierno de Carlos Menem y falleció tiempo después. Del grupo solo queda José Greco.
Cuando el último gobierno militar confiscó las empresas del grupo Greco, varios presidentes, ministros, la justicia y algunos legisladores buscaron el modo eficaz de poder indemnizar a todos los damnificados. En el 2007 estuvieron a punto de pagar los 600 millones de pesos correspondientes, pero los senadores Gerardo Morales, Jorge Capitanich y el mendocino Ernesto Sanz alertaron que ese dinero estaba bajo sospechas de irregularidades e ilegalidades. Por lo que el resarcimiento a los perjudicados terminó siendo rechazado y archivado.
Escucha la crónica completa en Secretos de Sumario, uno de los podcast que ofrece diario Los Andes, en el que te vas a sorprender conociendo el detrás de escena de los sucesos criminales más impactantes. Conducido por Eduardo Luis Ayassa, este programa rescata aquellos hechos policiales y judiciales que fueron noticia en el tiempo.