Uno de los crímenes más resonantes de la década pasada, el de José Luis Bolognezi, de 19 años, en setiembre de 2002, en la ciudad de San Martín, ha quedado impune, trasladando a la sociedad una nueva frustración por esta defección de la Justicia. Instrucción policial y judicial no pudieron dar con el o los asesinos, tras 13 años de idas y venidas. Los juicios que se celebraron en dos oportunidades dieron el mismo resultado: la absolución de los acusados.
La Cámara del Crimen de San Martín notificó recientemente la prescripción del caso policial con más cobertura y difusión de la Zona Este, que entró así en la historia de los delitos penales no resueltos. Para la prescripción de la causa, la Justicia tuvo en cuenta el último “acto útil” que se realizó en el expediente, o sea, la primera fecha de elevación a juicio (2009). El Código Penal establece como plazo para la prescripción de una causa el máximo de años de la pena por el delito cometido (en este caso homicidio en agresión). Ese tiempo se cumplió a los 6 años.
Poco importa establecer que la prescripción es una causa personal de extinción penal que no hace desaparecer el delito sino que únicamente hace cesar la persecución penal estatal.
La casuística de los estrados mendocinos debe de contener muchos sucesos, pero nos permitimos recordar las muertes violentas de Adriana Mónica Magadán (enero 1978), asesinada en la ciudad de Mendoza, y tía y sobrina Giromini (1983), que tuvieron el mismo destino trágico, en Luján de Cuyo.
Como sucedió con esas mujeres, nunca se sabrá quién o quienes interrumpieron abruptamente la joven vida de “Kote” Bolognezi.
Las secuencias resumidas de esta nueva frustración tuvieron dos hitos. Un primer debate en el que se llevó al estrado al hijo de un conocido empresario de San Martín y a un pugilista, quienes fueron absueltos en un primer juicio, en 2009. Pero, en 2011 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza anuló el fallo y ordenó un segundo proceso, que se inició en noviembre de 2013 y se prolongó durante 8 meses, en los que comparecieron frente al estrado 300 testigos. Los acusados fueron nuevamente absueltos por el beneficio de la duda.
Aunque los organismos internacionales de Derecho tendrán ahora la última palabra, y no de inmediato sino al cabo de un tiempo prolongado, una sensación de impotencia se instaló en los familiares de la víctima y sus amigos.
En la comunidad también hay desazón, especialmente porque la prescripción del homicidio de un joven humilde es en sí mismo una contradicción abierta en la sociedad, que tiene justas razones para pensar que “quien las hace no siempre las paga”. O que los fuertes intereses de personas involucradas, ‘hijos del poder’, encuentran los medios para zafar del castigo, posibilidad que no está dada para el resto de los mortales.
La familia Bolognezi apelará a fueros internacionales para buscar un resarcimiento económico del Estado, argumentando la pésima investigación que se hizo del caso.
“Hubo irregularidades y connivencias entre policías, jueces y fiscales que actuaron durante la instrucción de este hecho”, aseguró el abogado de la familia Bolognezi. “Eso constituyó una violación al derecho a la verdad que tienen las víctimas, una irregularidad que quedó reconocida en la sentencia, y es por eso que estamos armando una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que los Bolognezi tengan al menos una reparación económica por parte del Estado”. Seguramente transcurrirán muchos años, si es que esta posibilidad prospera.
Pero, naturalmente, eso no alcanza para quienes se quedaron sin todo, sin el hijo o sin el hermano y finalmente con la privación del castigo, y asisten, impávidos, a la posibilidad de que los causantes de tanto dolor deambulen cerca y sin remordimiento alguno.
