Asumió con la tarea de tener que llegar a un acuerdo para no terminar de aplicar la polémica renegociación del contrato firmado durante la gestión Celso Jaque con la concesionaria de las tragamonedas.
A cambio de que la empresa sumara máquinas a la sede central del Casino, se dispuso subir el porcentaje de la recaudación que percibía de 26 a 47 por ciento en forma escalonada. Actualmente ya está percibiendo el 40% y para que el Estado no pierda, la idea era evitar el número final fijado. Pero parece que la situación se complica.
"Estoy tratando el tema en reuniones con la empresa, que son a puertas abiertas. Se ha planteado que el convenio es el correcto o al menos tiene 100 por ciento de legalidad y está en vigencia", explicó el recién asumido Carlos Bianchinelli, quien remplazó en la presidencia del Instituto de Juegos y Casinos a Nidia Martini.
El ex diputado justicialista adelantó: "Estamos intentando llegar a un punto de equilibrio que seguramente avanzará una vez que esté el dictamen del fiscal de Estado y el catálogo de obras realizadas por Infraestructura".
¿Cuál es ese punto de equilibrio? Bianchinelli no quiso especificar la salida que ya se está charlando con Mendoza Central Entretenimientos, una empresa que está vinculada al grupo Vila-Manzano.
Sin embargo, en el Gobierno arriesgaron: "Se está buscando que el Estado tenga mayor participación" pero la posición de la empresa es inflexible en un punto.
"Ha sido muy buena la reunión. Lógicamente ellos consideran que el contrato es correcto y, de hecho, tiene legalidad. No obstante queremos encontrar un punto de equilibrio a partir del cual no se perjudique a la Provincia", relató Bianchinelli. En concreto: la empresa de Vila y Manzano no quiere ceder el porcentaje que le otorgó Jaque.
"Esto se tiene que firmar (la suba del 40 al 47%) y destrabar de una vez por todas. Esperamos tener el dictamen lo antes posible", se justificó Bianchinelli. Más allá de las reuniones informales y formales que vaya teniendo con los privados intervinientes, el titular de Juegos y Casinos confirmó: "Nos volveremos a juntar con el dictamen en mano y buscaremos la solución. Le guste a quien le guste la empresa es socia del Estado por lo que ningún socio va a querer andar discutiendo. Destaco, no obstante, que hay mucha voluntad. Ellos lamentan no haberlo resuelto antes, pero estaremos haciendo eso en este nuevo período".
En realidad, hace ya algún tiempo que la concesionaria debería quedarse con el 47% de la recaudación de las tragamonedas, pero la anterior presidenta del Instituto se resistió a firmar la autorización para que ello ocurriera.
Aprovechando las paritarias, Bianchinelli acercó posiciones con los dos gremios que operan en el Instituto (ATE y Unión Personal Juegos y Casino) para, además de arreglar temas salariales y laborales, pedirles que se sumen a la renegociación por el contrato.
El contrato por las tragamonedas firmado en la gestión anterior, cuando al casino lo conducía Daniel Pereyra, implica que la empresa prestadora colocara 200 máquinas más y ejecutara las obras para alojarlas en el salón de Brasil y San Martín.
Como contraparte, el Gobierno debía incrementar paulatinamente el porcentaje que recibe la empresa por el servicio: de 26,23% original se elevaría a 33,92%, de ahí a 40,09% y finalmente a 47%.
¿Cuál es el problema que aún no se logra resolver?, pues bien que con el 40%, Mendoza Central Entretenimientos factura el 70% más que en 2011 y el Casino recibe prácticamente lo mismo. De elevarse el canon a 47%, la empresa ganaría más aún y la Provincia saldría perjudicada.
Más allá de las primeras negociaciones para destrabar el conflicto, será clave para Bianchinelli contar con el dictamen del fiscal de Estado sustituto, Javier Fernández, quien deberá resolver sobre dos investigaciones paralelas: la denuncia por el posible incumplimiento de la empresa al no haber sumado 150 máquinas e invertido 1,2 millón de pesos cuando se le subió anteriormente el canon.
La segunda pata radica en la denuncia de ATE, según la cual, si se aplicara el 47%, la concesionaria se llevaría 17 millones de pesos y el Instituto 12,4 millones, de los cuales 6,7 millones de pesos están destinados a financiar programas de salud.
