El Instituto Provincial de Juegos y Casinos seguirá en la picota: desde el radicalismo se plantean diversas estrategias para mantener viva la discusión, incluyendo denunciar penalmente a los dos directorios responsables de la renegociación del alquiler de las tragamonedas a la empresa Mendoza Central Entretenimientos (MCE) del grupo Vila-Manzano: el que presidía Daniel Pereyra y el que preside Carlos Bianchinelli.
Una demanda penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público es una de las vías que se plantea el senador Armando Camerucci, pero no es la única que se teje en el radicalismo.
El diputado Daniel Dimartino se propone sumar a ATE (también opuestos al convenio firmado con MCE) y quiere llevar a revisión de la Legislatura el convenio.
En el caso de la demanda penal, los denunciados del primer directorio serían Daniel Pererya, Juan Manuel Nacif y Esteban Navarro.
El segundo directorio denunciado sería el actual, que encabeza Bianchinelli y que completa Federico Domínguez. El tercer miembro es Miguel Bondino, quien ya adelantó que no avalará la situación, motivo por el que quedaría fuera de la denuncia.
La relación entre el Casino de Mendoza y MCE empezó en el año 2004, cuando la empresa del grupo Vila-Manzano se hizo cargo de alquilar las máquinas tragamonedas a la sala estatal. Por licitación, la empresa cobraba el 26,23% de la recaudación de las máquinas en concepto de canon por el alquiler.
En el 2010, cuando Celso Jaque era el gobernador y el presidente del Instituto era Pereyra, empezó a tramitarse un expediente para agregar tecnología a las máquinas del Casino, frente a la aparición de otras salas de juegos que competían en la captación de apostadores.
Y, sin mediar muchas explicaciones en lo que hace a la ecuación económica-financiera del negocio, se renegoció el contrato y el canon casi se duplicó.
El convenio que firmó Pereyra en julio de 2011 implicaba que MCE iría incrementando progresivamente ese canon original, a medida que avanzaran las obras de remodelación de la sala para albergar 200 tragamonedas más. Esas obras, de acuerdo al nuevo contrato, estarían a cargo de MCE.
El incremento sería del 26,23% al 33,92%, de ahí al 40,09% y desde ese porcentaje al 47% final, que se empezaría a pagar cuando la empresa entregara la obra terminada e instalara la totalidad de las nuevas máquinas, 569 en total.
En el camino, mientras MCE encaraba la remodelación, se conoció la renegociación y estalló el escándalo. Tal fue el nivel de la polémica que, a pesar de que la obra se concluyó y las máquinas ya estaban instaladas, nunca se pagó el 47% de canon, a la espera de una solución al problema que se demoraba y terminó derribando al primer directorio puesto por Francisco Pérez, que encabezaba Nidia Martini.
El jueves pasado, Carlos Bianchinelli presentó el arreglo al que había llegado con la MCE por las máquinas tragamonedas.
La nueva situación en realidad no cambiaba demasiado lo que ya había abrochado Pereyra. Bajó el canon final al 43,85%, pero estiró el plazo de la concesión dos años más, hasta el 2021. Es decir, apenas si alteró el flujo financiero de los pagos a MCE, pero casi se le pagará lo mismo que hubiera cobrado hasta el 2019.
Además, el Instituto deberá pagar la totalidad de la deuda de casi 6 millones de pesos acumulada por no haber cumplido con el 47% de canon desde agosto del 2012 hasta el jueves pasado.
Así pues, prácticamente no ha cambiado nada. El principal argumento para ello, lo esbozaron Bianchinelli y Domínguez durante la presentación: Hay un convenio firmado en el 2011, que le otorga derechos a Vila y sólo se pueden revocar con presentaciones judiciales que no tienen un resultado seguro a favor del Estado.
Camerucci no agrega más nada. Se muestra seguro de que el convenio es lesivo para los intereses de la Provincia y apunta de lleno a un vacío hasta ahora: denunciar penalmente a Pereyra y los dos vocales Nacif y Navarro. Este último es radical, pero ligado a Roberto Iglesias quien actualmente está fuera del partido, así que la denuncia no representa un problema interno.
A Dimartino le gusta la idea de la demanda judicial, pero además, quiere sanciones de corte político en la opinión pública. Por eso quiere ver llevar la discusión del nuevo contrato a la Legislatura, para ver quién avala y quién no.
