El gasto que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJC) destinó a la planta de personal en los últimos siete años creció casi 7 veces, mientras que lo transferido a planes sociales cayó cerca del 10%. Además, en los últimos dos años, aquel gasto destinado a pagar sueldos prácticamente se duplicó, mientras que lo enviado a Desarrollo Social, no mostró mejoras.
Así se desprende de un informe elaborado por las autoridades actuales del Instituto, encabezadas por Josefina Canale, que también indica que en 2015, “se debían entregar a la provincia $ 175 millones, pero sólo se mandaron $ 66,7 millones”.
Estas cuentas se conocen en un contexto de conflicto entre los gremios estatales y el Casino, a raíz de la no renovación de 80 contratos de planta transitoria, que finalizaron el 31 de diciembre pasado. Esa situación derivó en un campamento instalado en las puertas de la sede central del Instituto, como parte de una “huelga por tiempo indeterminado” decidida por los sindicatos.
Según los datos oficiales informados, en 2009, el gasto de personal era de $ 35.336.313,78; hacia 2013 ese monto se elevó a $ 102.095.662,32 y el año pasado cerró en $ 233.731.057,54.
Por otro lado, en 2009, las transferencias a la Provincia, para distintos planes sociales, fueron de $ 72.820.290. En 2013, esos fondos llegaron a $ 99.147.000, pero en 2015, cayeron a $ 66.762.500. “Parece que no hubiera habido inflación”, ironizó al respecto el nuevo gerente del Casino, Andrés Lombardi, quien divulgó la información.
El funcionario incluso comentó otro dato llamativo. “El año pasado, la pauta publicitaria, en todo concepto, pasó a ser más grande que las transferencias a la Provincia, porque sumaron $ 88 millones”.
De la información se desprenden otros datos curiosos. Cada año, la Legislatura, al aprobar el presupuesto, define un monto de transferencia que el IPJC debe hacer para cumplir con la ley de Responsabilidad Fiscal. Se trata del 35% de las ganancias líquidas de ese organismo, que esa norma manda destinar al fisco y a planes sociales. En 2015 (al igual que en 2014), debía enviar $ 175 millones, pero en realidad sólo fueron los $ 66,7 millones mencionados.
Según el ex titular del Instituto, el justicialista Carlos Bianchinelli, el organismo “está al día con las transferencias a Desarrollo Social y Salud”, y consideró que “todavía hay tiempo de llegar al monto (de $ 175 millones)”, porque tiene “hasta el 31 de marzo” para contar lo ingresado.
Lombardi reconoció esto, aunque con una salvedad. “El balance cierra el 31 de diciembre y hay tiempo hasta el 31 de marzo para presentarlo, por eso puede aumentar el monto”, dijo.
Un conflicto sin fin
Está claro que la decisión del Gobierno es ajustar al máximo la eficiencia del Estado y en ese sentido, la reducción del gasto en personal es parte de esa meta. Ésa es una de las razones de la no renovación de estos 80 contratos.
Las fuentes oficiales informaron que en 2015, fueron 84 personas las que pasaron a la planta temporaria del Casino; 48 de ellas lo hicieron en mayo, 21 en julio y 15 en setiembre. “La incorporación se concedió en la paritaria del 31 de marzo”, señaló el representante del gremio, Martín Caín.
Tanto este trabajador, como otros referentes gremialistas, de ATE y de Sitea, acampan desde la semana pasada frente al Instituto. Incluso están acompañados por algunos políticos, como la diputada nacional Anabel Fernández Sagasti y el diputado provincial Lucas Ilardo e incluso en la Legislatura, el bloque del PJ busca debatir una ley de “seguimientos de los despidos”.
Entre los reclamos, junto al lógico pedido de reincorporación de los empleados, hay algunas razones particulares. “Hay 4 embarazadas y un discapacitado entre los echados”, recalcó Caín, quien consideró de “apresurada e injusta” la decisión del Gobierno.
Lombardi retrucó que “son tres mujeres embarazadas y un hombre que será padre en estos días y todos fueron reincorporados”. En tanto dijo desconocer si hay un discapacitado, pero aseguró que “si lo hay, y tiene todos los papeles al día, será restituido”, aunque también resaltó que “no habrá marcha atrás” con los otros 80 contratados y reconfirmó que si hay paro “se descontarán los días no trabajados”.
La pelea por el "starter"
Entre las denuncias se destaca del “starter” que trabajaba en el Hipódromo. “Es una persona especialista en largar y finalizar las carreras de caballos”, explicaron. Además denunciaron que esa situación “provocó que en la carrera del domingo el Gobierno tuviera que contratar a alguien para que hiciera esa tarea”.
Efectivamente, las autoridades contrataron a ésa y a una veintena de personas. El propio gerente lo explicó. “Contratar a esa persona nos cuesta $ 3 mil por mes. El trabajador contratado, con aportes patronales y todo, implica un gasto de $ 18 mil”.
