Tres meses después de que venciera el plazo para que presentaran su declarada jurada patrimonial, aún hay 198 funcionarios y 90 sindicalistas que no lo han hecho ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Etica Pública (Oiayep). Este organismo fue creado por Ley en agosto de 2017 y desde el año pasado recepciona las DDJJ de todos los funcionarios provinciales y municipales, de los dirigentes gremiales y de las empresas contratistas del Estado.
Los casi 300 incumplidores de la Ley 8993 que los obliga a presentar su declaración jurada pueden ser ahora intimados por la Oiayep y, si no lo hacen, multados por un monto que equivale a entre el 10% y el 25% del sueldo del Gobernador (unos 100 mil pesos).
Desde el organismo que es autoridad de aplicación de la Ley aclararon que la cifra de funcionarios que están en falta -el plazo venció el 10 de noviembre de 2018- es baja (el 4%), teniendo en cuenta que los que sí han presentado sus DDJJ en tiempo y forma son 5.034 empleados jerárquicos del Ejecutivo, el Legislativo, la Justicia y los municipios.
En el caso de los gremialistas, hay 283 que también han cumplido con la Ley, lo mismo que 180 empresas concesionarias de servicios públicos de rubros como transporte, electricidad, construcción, energía y otros.
Hay que decir que los casi 200 funcionarios que deben su documentación no están discriminados en la web de la Oficina de Ética. "Hasta que no los tengamos depurados no lo vamos a poner, hasta que no haya una intimación no vamos a poder publicar quiénes han sido intimados", explicó Gabriel Balcells Miró, titular de la Oiayep.
Pero Los Andes analizó en detalle la información publicada on line y, aunque no aparecen nombres rutilantes (cargos de alta jerarquía) entre los incumplidores, sí hay algunos conocidos por los mendocinos.
Es el caso de Roberto Grillo, ex ministro de Seguridad de Julio Cobos y actual director de Asuntos Universitarios del Instituto de Seguridad Pública. También aparece como "deudora" Flor Destéfanis, concejal de Santa Rosa y ex Reina Nacional de la Vendimia en 2010. Y otro famoso es Juan Carlos Reveco, el ex boxeador conocido como "Cotón" y que hoy trabaja como asesor deportivo en la Municipalidad de Malargüe.
Según explicó Balcells, la lista es provisoria porque "no está depurada". La mayoría de los que están en falta (unos 100) son funcionarios de segunda y tercera línea del Ministerio de Salud "encargados de un centro de salud o personal administrativo jerarquizado que no les correspondería presentar, pero si no los da de baja el Ministerio no podemos hacerlo nosotros. Entonces eso lleva tiempo".
También engrosan el listado concejales como Estela Baldovino y Rafael Moyano, de Guaymallén; y Jorge Salomón, de Santa Rosa; el director del Hospital Fleming de la OSEP, Alfredo Julián; el director del Centro de Congresos y Exposiciones, Néstor Manzur; la directora de Educación de Gestión Social de la DGE, Valeria Rómoli; y el subsecretario de Cultura de Luján, Gonzalo Ruiz (muy conocido como productor de shows), entre otros.
Por el lado del Ministerio de Seguridad hay 10 comisarios que aún no presentaron sus DDJJ, al igual que muchos empleados jerárquicos del Casino de Mendoza.
Los gremialistas
Entre los sindicalistas, la tasa de incumplimiento es más alta (25%). "El Ministerio de Trabajo nos informó cuáles son los gremios que tienen competencia provincial y municipal. Y les cursamos una nota el 10 de diciembre para que nos digan fehacientemente quiénes son autoridades gremiales -explicó Balcells-. Las comisiones directivas nos han mandado vocales suplentes o delegados, pero ellos no tienen que presentar (la DDJJ). Solo los que forman parte de la comisión directiva o tienen licencia gremial. Entonces tenemos que depurar la lista", explicó Balcells.
Igual, hay algunos nombres para destacar entre los 90 "pendientes", como los identifica la Oiayep en su web, como Fabian Barahona, líder del sindicato de municipales de Luján; Omar Avila, del Sitravi (empleados de Vialidad); y José Luis Fernández, secretario general del Soemm (municipales de Maipú).
Más allá de estos incumplimientos, para Balcells "el balance es muy bueno, porque es un sistema que tuvimos que implementarlo desde cero. Hubo que hacer toda una estructura para montar las declaraciones juradas de funcionarios públicos y cónyuges de todo el sector público provincial".
El titular de la Oiayep también destacó que por primera vez están disponibles las DDJJ de fiscales y defensores públicos. Y "logramos que nos dejaran declaraciones juradas del Poder Judicial en sobre cerrado" Esto porque la información patrimonial de los jueces está publicada (con muy poca transparencia) en la página de la Justicia Provincial y recién este año pasará a la de Ética Pública.
La Ley 9070 aún espera ser reglamentada
La Ley 9070 de Acceso a la Información Pública se aprobó el 30 de mayo del año pasado, pero aún no ha sido reglamentada.
Desde el Gobierno aseguraron a Los Andes que el decreto saldrá "próximamente", aunque no dieron una fecha precisa.
Esta Ley es la que permitirá que cualquier ciudadano consulte y solicite información sobre los organismos y funcionarios públicos provinciales. El organismo de aplicación es la misma Oiayep.
De aquel decreto de Pérez a la Ley provincial que incluyó a todos
La posibilidad de acceder a la información sobre el patrimonio de los funcionarios públicos en Mendoza es muy reciente. Recién a fines de 2015 se los empezó a obligar a presentar su declaración jurada anual a la Fiscalía de Estado, a través de un decreto que firmó Francisco Pérez dos meses antes de dejar la Gobernación. Pero esa normativa era más restrictiva, porque no incluía al Poder Judicial ni a los municipios.
Dos años después (en agosto de 2017), ya por Ley -la 8993- se reglamentó esta práctica de transparencia en la función pública, y ahí sí se incluyó a jueces, fiscales, defensores, intendentes, funcionarios municipales y concejales. Y como gran novedad, a sindicalistas y grandes proveedores del Estado provincial.
La norma fue reglamentada en mayo del año pasado, por lo que entró en vigencia para el ejercicio 2018. Esas son las declaraciones juradas que la Oiaypep ha publicado en su web (www.eticapublica.mendoza.gov.ar) para que cualquier ciudadano las consulte, aunque con ciertas limitaciones.
Según especifica la Ley, la DDJJ debe presentarse ante la oficina de Ética Pública "dentro de 60 días hábiles desde la asunción de sus cargos, sin importar la duración de sus funciones". Y deben actualizarla "antes del primero de julio de cada año en curso cuando existiera modificación de patrimonio o de funciones. Asimismo en caso de cesación en el cargo deberá presentar una última declaración en la misma fecha".
¿Qué hay que declarar? "Una nómina detallada de todos los bienes, créditos, deudas e ingresos, tanto en el país como en el extranjero, propios y gananciales, del declarante, de su cónyuge o conviviente, y de sus hijos menores de edad emancipados".
