Después de que a principios de diciembre de 2017 se conociera una polémica acordada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que equiparaba a diversos funcionarios judiciales con magistrados (incluso para ventura de algunos familiares directos de los jueces del Máximo Tribunal de la Provincia), ahora trascendieron dos nuevas disposiciones, ambas fechadas sobre el cierre de 2017 en las que ese cuestionado mecanismo de ascenso se repite en cinco casos más.
A ellos se les suma el arribo a la categoría de "funcionarios y personal jerárquico" de once personas y la designación de otras trece en la "categoría de personal técnico y administrativo".
En total, se trata de casi treinta casos de personas que, más allá de sus méritos y capacidades, recibieron un beneficio laboral a través de un acuerdo entre los ministros hasta hoy semi secreto, lo que revela -al menos- la discrecionalidad de los nombramientos, pues en las acordadas no se citan mayores fundamentos que respalden la promoción.
Se trata de las acordadas números 28.579 y 28.580, ambas fechadas el 28 de diciembre, firmadas por el presidente, Jorge Nanclares y el ministro José Valerio, en el caso de la primera, a los que se les suma con su rúbrica Pedro Llorente en la segunda.
En ambos casos, los supremos toman como punto de partida la vacancia en un determinado cargo (por ejemplo, por renuncia o promoción a través de una acordada similar anterior) para, a partir de allí, producir una escalada encadenada (o “corrida” como se conoce en la jerga judicial) de personas que acceden al privilegio de alcanzar, por ejemplo, la categoría de “funcionarios equiparados a magistrados”, lo que no sólo redunda en una mejora significativa de su salario sino también en los futuros incrementos.
Algunos de los beneficiados en esta oportunidad tienen sueldos por encima de los cien mil pesos, mucho más que el propio gobernador de la Provincia, Alfredo Cornejo.
Consultado el Máximo Tribunal sobre esta situación, alegaron que en el caso de quienes figuran como "equiparados" en ambas acordadas, ya habían accedido a ese privilegio previamente, algunos desempeñándose como relatores e incluso dijeron por "concurso público abierto" y que en esta ocasión -salvo un caso- el beneficio que obtienen es sólo una mejora en la categoría que revisten.
Fuentes judiciales consignaron que por lo general son los propios ministros los que proponen a sus colaboradores y, ante la aparición de una vacante, buscan esta manera de promoción directa.
Práctica repetida
En las anteriores acordadas de la discordia, que Los Andes también dio a conocer el 7 de diciembre de 2017, se advertía sobre esta cuestionada modalidad de promoción que específicamente otorga la "equiparación de magistrado" a una persona que no lo es, pero que fundamentalmente lo coloca en un umbral salarial que allí se adelantaba: "según la escala oficial, implica un mínimo básico apenas inferior a los $ 80 mil". Como en aquella ocasión, los firmantes son los miembros de la Sala III (Administrativa) que tiene funciones de gobierno para designar personal por la ley 4.969.
En esta oportunidad, quienes han sido favorecidos a partir del 1 de enero de este año con la mejora en sus categorías como equiparados a magistrados, son funcionarios que ya se desempeñan en la estructura de la Suprema Corte y con una particularidad: todos cumplen tareas en la Sala II (Penal-Laboral) que integran los ministros Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo.
Entre los promocionados figuran: Santiago Felipe Brennan (de relator pasa a secretario judicial de la Sala II- de clase 24 a 26); Adriana Doña (de secretaria de Cámara a relatora de la Sala II a propuesta del ministro Adaro y debutando como "equiparada" de clase 24); Alejandro Marcelo Grando (de relator a secretario relator de la Sala II a propuesta del ministro Palermo pasando de clase 22 a 24); Ezequiel Vacchelli (a auxiliar de la Sala II, clase 22) y Mauricio Martínez Rivas Ruzo (a prosecretario judicial en lo administrativo y constitucional de la Sala II, de clase 24 a 25).
Desde la propia Sala II confirmaron los documentos a los que accedió este diario y el acuerdo entre ministros que originó la cuestionada "corrida" y alegaron que ante una vacante "si no se cubre rápido, el crédito presupuestario se pierde". Establecieron también que algunos de los beneficiarios "rindieron concursos y fueron evaluados por gente extra Poder Judicial" y de otras jurisdicciones.
Asimismo, no dudaron en defender la tarea de los relatores, a la que calificaron de “delicada” y que por ello merece la confianza del o los ministros para los que trabaja, pues debe fundamentar fallos en sintonía con “la ideología jurídica” del supremo en cuestión.
Concursos para todos
Desde el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), una ONG especializada en temas de transparencia a nivel continental y que además tiene status consultivo ante la ONU, opinaron que “esta situación es alarmante”.
"Se siguen designando funcionarios judiciales a dedo, sin concursos públicos ni ningún otro procedimiento que garantice la transparencia, idoneidad e igualdad para el acceso a los cargos públicos. Y son cargos públicos, es decir, no son de ningún ministro ni del mismo presidente de la Corte. Son cargos a los que debería poder acceder cualquier ciudadano que reúna las condiciones y apruebe los respectivos procedimientos concursales", evaluó su director, el abogado Federico Morandini.
Específicamente, en el caso de quienes son equiparados a magistrados, Morandini consideró que "la afrenta al régimen constitucional es más escandalosa aún; no son analizados por el Consejo de la Magistratura ni propuestos al Ejecutivo y menos aún se requiere el acuerdo del Senado, conforme lo exige el artículo 150 de nuestra Constitución provincial. El procedimiento de designación por acordadas que no se publican reviste un defecto congénito que puede acarrear la nulidad de dichas designaciones", advirtió.
Fuentes de la Corte admitieron estar en falta con la posibilidad de acceso a la información específicamente en lo que respecta a lo Penal y a lo Administrativo, y recordaron que la acordada 26.207 de hace cuatro años, habilitó la difusión de las sentencias que tienen que ver sólo con lo Civil, Laboral, Familia y Tributario. "Sobre lo Penal, en algún momento se consideró que la difusión podría estigmatizar y atacar derechos personalísimos. Ahora se está trabajando en un protocolo de difusión. Respecto de lo Administrativo, tienen razón en cuestionar porque hace a la difusión de los actos de gobierno", indicaron.
Reforma judicial en la mira del Ejecutivo
Este controvertido mecanismo judicial es uno de los puntos que ataca el frustrado proyecto de Reforma Judicial que impulsó el gobierno de Cornejo el año pasado ya que pretendía establecer la publicación obligatoria de todas las acordadas en las que, entre otras decisiones administrativas, se establecen ascensos o mejoras para el personal, además de licencias o viajes de los miembros de la Suprema Corte.
Esta iniciativa oficial centró su debate en la opinión pública en su arista más polémica: la ampliación del número de los miembros de la Suprema Corte, punto que tras la aprobación en el Senado no pasó el filtro de Diputados por la oposición de la cúpula del Partido Demócrata (PD), que encabeza Carlos Balter y en especial de su diputado provincial, Marcos Niven.
Estas nuevas y polémicas acordadas se conocen también en paralelo con el claro mensaje de autocrítica que realizó hace días el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, al expresar que la Justicia debe escuchar las demandas sociales.
“Claramente en Mendoza se hace caso omiso a esto: no se publican las acordadas, no existe un organigrama de cargos y sueldos de funcionarios y empleados judiciales; no existe ley ni acordada de acceso a la información pública; no existe observatorio de causas de corrupción y se ubica sin concurso a numerosos funcionarios que cobran los mayores sueldos del Estado, incluso más que el Gobernador. Un panorama provincial por demás desalentador”, dijeron desde el CLADH.
Claves
Dos acordadas. Son las 28.579 y 28.580 del 28 de diciembre de 2017 en las que se promueve a 5 equiparados a magistrados y a otras más de 20 personas.
Defensa. Desde la Suprema Corte argumentaron que el sistema les permite de esta manera cubrir vacantes con rapidez.
Cuestionamiento. El Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) consideró que este mecanismo es una "afrenta al régimen constitucional".
