La Municipalidad de Capital ha labrado 2.900 multas a personas que solicitan servicios sexuales en la vía pública desde enero de 2016, cuando entró en vigencia la modificación del Código de Convivencia que en el artículo 41 estipula que está prohibida esta oferta en las calles de la comuna.
Las multas aplicadas son de 4.000 pesos y el secretario de Seguridad Ciudadana, Raúl Levrino, informó que la mitad han sido canceladas espontáneamente, mientras que el resto se encuentra en proceso administrativo, lo que implica notificación y posterior reclamo vía judicial.
Frente a esto, las trabajadoras sexuales aseguran que son víctimas de una verdadera persecución por parte de la comuna, que las ha llevado a tener que trabajar en la clandestinidad y en situaciones de riesgo. “Hay compañeras que prestan sus servicios en plazas o lugares lindantes a las vías”, dijo Claudia, una de las meretrices.
Explicó que no les han dejado otras opciones y que se están vulnerando sus derechos, fundamentalmente porque sostienen que esta salida laboral para ellas "es una elección". Es que hace algunos años se cerraron cabaret y whiskerías, pero además sostienen que también les impiden trabajar en departamentos propios o alquilados que utilizan para tal fin. Por otra parte, señaló que los albergues transitorios de la Ciudad no las dejan ingresar.
La opción que les queda es -aseguró- ir a la vivienda de sus clientes, lo que las expone a la posibilidad de sufrir algún ataque, ya que en la mayoría de los casos no los conocen.
Por eso, muchas decidieron trasladarse a otros municipios, lo que -explicó Claudia- implica alejarse de su zona de residencia, donde muchas tienen a sus hijos.
Buscar soluciones
Ayer por la mañana, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) organizó una reunión para tratar la problemática.
Fátima González, secretaria general de la organización en Mendoza, detalló que 84% de las trabajadoras sexuales locales tienen familiares a cargo (no necesariamente hijos). Comentó además que los preventores también las hostigan y que incluso las llevan detenidas durante 24 horas, lo que es un problema para las que toman alguna medicación.
El traslado a otros lugares también hace difícil encontrarlas para alguna medida de ayuda, tal cual refirió Carla González, otra trabajadora de la entidad. Es lo que sucede cuando quieren entregarles preservativos para su protección o hacerles llegar asistencia sanitaria.
Por otra parte, calificó de extorsivas las multas que aplica el municipio: "Le colocan a cualquiera que se acerque, aunque se pare a pedir un cigarrillo o preguntar por una calle". Además, "les dicen a los multados que les conviene pagar porque si no les va a llegar la notificación a la casa y se va a enterar la pareja".
Georgina Orellano, secretaria general de Ammar a nivel nacional, se expresó muy preocupada por la situación de Mendoza y dijo que fue una de las primeras provincias en prohibir la oferta pública y una de las dos -junto con Salta- que aplican multas a los clientes.
Subrayó que la falta es ofrecer sexo en la vía pública pero no el ejercicio, pese a lo cual no se dejan lugares alternativos. "Lo que hacen es invisibilizar a las trabajadoras, llevándolas a la clandestinidad", agregó y concluyó que son "víctimas de violencia institucional".
Desde Ammar plantearon que cuando clausuran departamentos o espacios donde ellas trabajan lo hacen pasar por rescate de mujeres de redes de trata, cuando no es así. “Sólo 2% de las supuestamente rescatadas se reconoce víctima”, dijo Carla.
Desalentar la demanda
Las meretrices aseguran que han tratado de aportar soluciones para trabajar en un marco legal, fundamentalmente apuntando a transformarse en trabajadoras registradas con los derechos que esto conlleva. La diputada Lorena Saponara presentó en la Legislatura un proyecto de ley para regular el trabajo sexual autónomo en la provincia, pero aun no ha recibido tratamiento.
Ante esto, piden que se derogue el artículo del Código y se despenalice al cliente. Además, solicitaron informes a dos juzgados sobre la cantidad de víctimas de trata que se han reconocido como tales.
Por su parte, Levrino subrayó que sólo se ha limitado el ejercicio en la vía pública debido a las consecuencias que, según dijo, esto conlleva. Refirió que luego de reuniones con vecinos de la 3a y 4a secciones se concluyó que esta práctica ocasionaba ruidos molestos, degradación visual y rotura del entorno urbano, como grafitis o daños a la red semafórica.
“Las acciones punitivas están orientadas a desalentar la demanda”, señaló. Desmintió que se impida el trabajo sexual en alojamientos ni otros lugares cerrados. Y aclaró que cuando ven a un cliente acercarse a una trabajadora, en una primera instancia se le informa de la vigencia del Código y si regresa se le hace la multa.
