Estimado Gobernador:
Muchos tenemos la certeza de que en el Estado que hoy tiene la responsabilidad de administrar se desperdician, se derrochan recursos, y mucho, usted lo ha dicho reiteradamente.
El altísimo incremento del gasto público provincial
Hoy destinamos algo más del 20% del producto bruto que generan los trabajadores y emprendedores mendocinos al gasto público, más del doble de lo que se destinaba en la década del ’90 y comienzos del 2000 (aproximadamente un 8/9 %).
Este incremento de por sí no debiera alarmar, en tanto y en cuanto es labor insustituible del Estado redistribuir la riqueza generada en forma de servicios esenciales a favor de los más débiles. Lo que sí alarma es que pese al significativo incremento la calidad de los servicios y la inversión en infraestructura ha ido cayendo severamente.
Es una tremenda injusticia que muchos (contribuyentes) con gran esfuerzo aumentan sus aportes y los destinatarios cada vez tienen peor educación, peor salud, peor justicia y poca inversión en obras.
Las recientes paritarias
Está concluyendo el primero de los cuatro procesos de paritarias con los gremios estatales que le tocará afrontar. Como le ocurrió a sus antecesores, se desarrolló en un clima de conflicto y de protesta por parte de los gremios estatales.
Los trabajadores con razón reclaman ajustes salariales acordes con la inflación y Ud. también con razón les contesta que no hay mas recursos.
Tratemos de juntar las distintas verdades: significativo incrementos de fondos para el presupuesto público, desmejora también significativa en la calidad de los servicios, incrementos salariales por debajo de la inflación, insuficiencia de recursos para dar mayores incrementos.
Con razón los contribuyentes piden rebaja de los impuestos, porque es cierto que están muy altos; los destinatarios de los servicios, que éstos mejoren significativamente; los empleados, que los incrementos salariales acompañen la inflación y Ud. contestando que no puede hacer ninguna de las tres cosas, o al menos la primera y la tercera.
El sistema imperante
El sistema imperante solo le permite discutir una vez por año el incremento salarial para los empleados públicos. No se puede hablar de metas de calidad o logros en la mejora de los servicios, salud, educación, justicia e infraestructura. No hay exigencias para los agentes estatales porque no hay ninguna posibilidad de evaluar el resultado de su gestión en función de las necesidades de la sociedad. No hay posibilidad de que en función de esos rendimientos se estimule a los que efectivamente trabajan y lo hacen bien y se sancione a los que no lo hacen.
Necesidad de modificar los estatutos
Como todo fenómeno complejo, y éste (hacer eficiente el Estado) vaya si lo es, su abordaje requiere de varias vías de acción complementarias, pero hay una que estimo prioritaria en el tiempo y es que hay que modificar los Estatutos. Hay que incluir en ellos sistemas de medición de calidad del servicio, cumplimiento de metas, a los que se deberá vincular estímulos salariales y capacitación para los servidores públicos, pero también sanciones que lleguen a la exclusión a quienes habiéndosele brindados todas las oportunidades no cumplen con el deber de prestar un buen servicio.
En el sistema de paritarias, del que pienso no se debe volver atrás, porque implica una justa conquista de los trabajadores, la representación del empleador no puede quedar solo en manos de funcionarios transitorios. En esa mesa deben estar también representados los que ponen los fondos y los beneficiarios de los servicios, los ciudadanos.
En esta reforma es imprescindible la participación de los Sindicatos, pero éstos deben ser los primeros en impulsar y avalar la reforma que implica poner sobre la mesa la calidad del servicio que sus afiliados prestan a la población. Deberán ser los primeros en recordar a sus representados que gozan de un gran privilegio, la estabilidad. El trabajador privado convive con el fantasma del despido. Deben tener presente que hoy en nuestro campo se abandonan fincas y viñateros quedan sin ingresos y obreros quedan en la calle, que en la ciudad se cierran negocios y comerciantes quedan sin recursos y empleados sin salario y por ellos no “doblan las campanas” ni hay marchas de protesta. Esta es la gran diferencia entre un empleado público y uno privado. Esto no se ve en los estatutos.
La ausencia de controles
Así como menciono los estímulos salariales para incentivar el buen servicio como un tema central de la reforma que le sugiero, no puedo dejar de mencionar otra de las graves falencias del régimen vigente respecto al sistema disciplinario: la práctica viciosa de los actuales sumarios lleva a que no existan sanciones frente a prácticamente ningún tipo de falta por grave que ella sea.
La responsabilidad de los funcionarios
Soy consciente de lo difícil que es lo que sugiero, pero también que si no lo hace no podrá mejorar sustancialmente los servicios públicos básicos y se deberá limitar por el resto de su gestión a recaudar para abastecer un sistema muy caro y muy ineficiente.
Se me dirá y con razón que me estoy olvidando de la responsabilidad de los funcionarios llamados políticos en este proceso. No me cabe duda que es indispensable que estos funcionarios tengan capacidad de administrar, conocimientos del área que se les encomiende y una férrea honestidad, pero aún si consiguiera, y espero que así sea, muchos con estas cualidades no podrán con el rígido sistema establecido.
Creo que en muchos sectores hay una clara conciencia de esta necesidad, pero este tipo de reformas solo podrán hacerse si hay un gobernador que la lidere, por lo que me ánimo a alentarlo y decirle: ¡¡Cabalgue Gobernador que hay muchos dispuestos a acompañarlo!!
