Economía
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15-11-2024
Las diputadas de la Coalición Cívica-ARI Elisa Carrió (Buenos Aires) y Leonor Martínez Villada (Córdoba) presentaron un proyecto de ley que establece la realización de controles de antidopaje a los funcionarios públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La iniciativa hace hincapié en la obligación que tienen los funcionarios públicos de denunciar ilícitos, por lo cual el consumo de estupefacientes se contrapondría a los deberes del mismo.
"Si yo como representante del pueblo de la Nación, tengo la obligación de denunciar a quienes comercialicen drogas, ¿cómo voy a consumir? Es sentido común, por eso planteamos la necesidad de realizar controles de dopaje, para asegurarnos que nuestros representantes no incurren en una violación de sus deberes", afirmó Martínez Villada.
El proyecto de ley se basa en la incompatibilidad manifiesta que existe entre la compra de estupefacientes para consumo, y obligación de denunciar que tienen los funcionarios públicos, según el Código Procesal Penal de la Nación.
La diputada cordobesa explicó que su proyecto "va en consonancia con la lucha contra el narcotráfico, algo que Carrió viene tratando hace tiempo, y también planteó durante su visita a Córdoba, provincia a la que calificó de "centro de distribución de droga en el interior, con lo que llega desde el norte hasta Carlos Paz".
En caso de de ser tratado el proyecto y convertirse en ley, los funcionarios deberán realizarse exámenes en los cuatro meses posteriores a la sanción, con periodicidad de un año. Tucumán y Tierra del Fuego ya cuentan con una ley provincial de similares características.
