La diputada Nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI) presentó ayer un escrito al fiscal Marijuán solicitando una serie de medidas de prueba con relación al desplazamiento de funcionarios de AFIP que investigaron facturación apócrifa de empresas inexistentes que serían parte de la ruta del lavado de dinero.
Carrió solicitó la declaración testimonial de funcionarios de la AFIP, tanto de la regional Comodoro Rivadavia como funcionarios de primera y segunda línea. También se pidió que se cite a declarar a los funcionarios desplazados, Horacio Castagnola, Jaime Necicovsky y Norman Williams.
Esta solicitud Carrió la hizo en el año 2008 ante el juez Ercolini, quien "nunca dio lugar a ese pedido", dijo Carrió. Por tal motivo, y frente a "la conmoción que causan en la sociedad la ratificación a través de testigos de sus denuncias", la diputada insistió con el pedido, pero esta vez lo hizo al fiscal.
"No hay dudas de que durante el ejercicio de su mandato, Néstor Kirchner tuvo una sociedad comercial con un empresario beneficiado por la obra pública de su gobierno", escribió Carrió en un largo texto de 24 páginas.
Carrió le dice a Marijuán: "Es necesario determinar por qué estas empresas acuden a sociedades inexistentes, con accionistas insolventes, simulando gastos que ingresan a su contabilidad pero que efectivamente no se realizaron" y agrega:
"De esos 495 millones facturados de manera apócrifa por Gotti, se desprende que hubo una evasión de 125 millones en IVA y otros 120 millones en ganancias. Las causas que tramitaron en Comodoro Py quedaron en nada, luego de la implementación de la moratoria fiscal, que permitió, ente otras cosas, que la constructora admita haber utilizado ese mecanismo de defraudación". Hace semanas, se reflotó el caso Gotti que investigó el juez penal tributario Javier López Biscayart.