La diputada nacional Elisa Carrió presentó ayer un pedido de juicio político contra la procuradora general Alejandra Gils Carbó “por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública” y a quien acusa por la “ilegal designación de fiscales” y por su “parcialidad” en investigaciones que involucran a ex funcionarios del gobierno kirchnerista.
La propuesta contó con la adhesión del jefe del radicalismo, Mario Negri, y la operadora macrista Silvia Lospennato, entre otros legisladores. De esta manera, la alianza oficialista Cambiemos redobló la ofensiva contra la procuradora general, ya que esta iniciativa se suma a un proyecto de reforma del Ministerio Público que hoy podría obtener dictamen de comisión en la Cámara baja.
La propuesta impulsada por la jefa de la Coalición Cívica-ARI reactiva un proyecto de resolución presentado en 2013 en el que ya pedía el enjuiciamiento de la procuradora. Se prevé que la comisión de Juicio Político, que preside Álvaro González (Pro), lo incluya en su agenda.
La propuesta establece “promover juicio político contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la ley Orgánica del Ministerio Público -N 24.946- y los artículos 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
Entre los fundamentos, Carrió resaltó que “Gils Carbó se encuentra imputada en varias causas judiciales por la posible comisión de los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, puesto que, entre otras actuaciones irregulares, habría designado fiscales ilegalmente”.
Según explicó, la procuradora también “ha sido acusada de realizar maniobras tendientes a encubrir, a través del ejercicio de sus funciones, a funcionarios o personas del círculo de confianza más cercano de la ex presidente de la Nación”, Cristina Fernández.
“A nuestro juicio, dicha situación obedeció a la necesidad de entorpecer así otras causas en las que funcionarios de aquella administración se encontraban severamente involucrados”, añadió.
Además, la jefa de la Coalición Cívica acusó a la procuradora general de “grave alteración al orden constitucional que afecta el orden democrático, ya que la reforma del Consejo de la Magistratura representó el fin de la independencia de la magistratura, del sistema republicano de gobierno y un quebrantamiento del equilibrio entre los estamentos a los que la Constitución Nacional otorga representación”.
“La administración de Cristina Fernández de Kirchner y su partido de gobierno, intentaron, con la sanción de esa ley, someter al Poder Judicial de la Nación a su entera voluntad, configurándose una grave alteración al orden constitucional que afecta el orden democrático y elimina de hecho el sistema republicano de gobierno en el país”, argumentó en la propuesta.
Asimismo, Carrió acusó a Gils Carbó de haber sido "el ariete" del gobierno de Cristina Fernández "en su intento de someter al Poder Judicial independiente a través de la aberrante alteración constitucional que representa la ley que reformó el Consejo de la Magistratura".
La diputada también cuestionó a la procuradora general por haber solicitado, al Tribunal de Enjuiciamiento, la suspensión del fiscal José María Campagnoli bajo la excusa de "haber excedido sus facultades" en la causa que investiga la ruta del dinero K.
Para completar la acusación, Carrió también cuestionó la “deficiente planificación presupuestaria y el manejo discrecional de las partidas” que, según explicó, se detectó tras “el pago por adelantado de servicios sin que los mismos se hubieran prestado”.
“Esto se traduce en que con partidas de 2015, se habrían pagado por adelantado, por ejemplo alquileres y proveedores comprometidos para el ejercicio 2016”, precisó.
Finalmente, Carrió sostuvo que Gils Carbó, con “una serie de resoluciones”, condujo al “debilitamiento del control por oposición y externo de la utilización de los recursos económicos de la Procuración General de la Nación”.
Denuncian fraude en el sector audiovisual
El ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, reclamó que se investigue a los ex funcionarios kirchneristas Luis Vitullo y Hugo De Vido, hermano del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y a la esposa de Guillermo Moreno (Marta Cascales), al denunciar que desde la anterior administración se ejecutó “el mayor fraude de la historia audiovisual argentina”.
Lopérfido cuantificó la presunta “estafa a gran escala” en unos “mil millones” de pesos “por año”, al manifestar que “se trianguló dinero del Estado argentino a universidades para escapar a los controles”.
Asimismo, acusó al gobierno anterior de hacer “negocios fenomenales” con “productoras”, además de comprar “voluntades” de actores y artistas.
Para Lopérfido, se trató del "mayor fraude de la historia audiovisual argentina" porque "era un sistema" concebido para "desviar plata".
"Melina Petriella es una actriz en cuya sociedad (en Atuel Producciones) está Hugo De Vido, el hermano de Julio. El hombre clave, el gestor, el hombre de De Vido que hacía todo esto se llama Luis Vitullo", completó.
La denuncia se produce tras la decisión del juez Bonadío de citar a ex funcionarios por irregularidades en subsidios para el cine.
