Por "mal desempeño, violación de los deberes éticos y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones".
Estos graves cargos le fueron imputados ayer al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en un pedido de juicio político presentado en la Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados.
No es temerario especular la posibilidad de que se esté a las puertas de una crisis político-institucional: el juicio político al titular de uno de los tres poderes del Estado no está siendo impulsado por la oposición peronista o la izquierda, sino por la diputada nacional Elisa Carrió, una de las tres patas fundadoras de la alianza de gobierno Cambiemos.
El escrito de Carrió, también firmado por los diputados de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, Alicia Terada, Orieta Vega González y Leonor Martínez Villada, señala que "se ha decidido acusar a Lorenzetti por mal desempeño, violación de los deberes éticos y la probable comisión de delitos y se agrega que el presidente del Máximo Tribunal no cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce".
El pedido de juicio político ingresará formalmente a la Comisión de Juicio Político que preside el diputado macrista, Álvaro González, mañana o el próximo lunes.
En charla con este diario, el legislador por el distrito porteño dijo no estar sorprendido.
"La diputada Carrió venía anunciado desde hace un tiempo que pediría el juicio político al presidente de la Corte. No he podido ver el contenido de la denuncia. Yo voy a tomar contacto con el expediente y hablaré con los presidentes de los bloques de Cambiemos (Nicolás Massot, del Pro; Mario Negri, de la UCR, y Fernando Sánchez, de la CC).
Recién entonces veremos si convocamos o no a la comisión”, explicó González.
En su embate contra Lorenzetti, Carrió se cortó sola dentro de la alianza Cambiemos: el radicalismo (por ahora) no la acompaña, menos el Pro.
El presidente Mauricio Macri, hace un tiempo, ya se expresó públicamente en contra de las críticas de Carrió contra Lorenzetti. Hubo una reunión entre ambos, en la que, a juzgar por lo ocurrido, no se llegó a un acuerdo.
La comisión de Juicio Político tiene 31 integrantes. Se necesitan 16 votos para emitir un despacho de mayoría para llevar el tema al recinto. Allí se requieren 172 votos para formular la acusación.
Después se pasa al Senado, donde también se necesita una mayoría especial (dos tercios) para aprobar una condena. Es un proceso largo, atado a las negociaciones y pujas entre los bloques, en un contexto de “año electoral”. Ninguna fuerza cuenta con una mayoría absoluta como para imponer condiciones.
Dentro del Pro cayó mal la concreción de las amenazas que venía declamando Carrió.
“El juicio político tiene que ser iniciado por algo muy grave y es algo muy excepcional”, se quejaban en el macrismo.
“Carrió quiere usar su pelea con Lorenzetti como plataforma electoral”, comentaba otro integrante del PRO a este diario.
Carrió dijo que tiene como objetivo “terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República”. El lunes pasado fue Macri el que exhortó a “batallar contra las mafias”, aunque es muy probable que Lorenzetti no haya sido el objetivo apuntado.
La diputada cuestiona la vinculación de Lorenzetti con negocios atados a empresas de seguros ambientales. Carrió dice contar con documentación que prueban “la matriz de relaciones que incluyen sociedades secretas a fin de cooptar a sectores importantes del Poder Judicial en beneficio de intereses empresarios, corporativos y sindicales, con el fin de garantizar la impunidad”.
Entre otros testigos, Carrió propondrá citar a los jueces María Servini de Cubría y Ariel Lijo; al ex senador Mario Cimadevilla; al ex secretario general de la Presidencia Carlos Zannini y al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido; al actual titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto, y a su antecesor Leandro Despouy; a la legisladora porteña por la CC-ARI Paula Oliveto y al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.
Ayer, Lorenzetti intimó mediante una carta documento a Carrió para que se retracte de sus acusaciones, a las que consideró “gravemente lesivas” de su “honor” y su “imagen personal”.
