La diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) acusó ante la Justicia federal al ex ministro y ex senador kirchnerista Aníbal Fernández como posible "autor intelectual" del llamado "triple crimen de General Rodríguez", del cual en 2008 fueron víctimas tres hombres vinculados con el negocio de los medicamentos y la efedrina.
La denuncia de Carrió, acompañada por su colega Fernando Sánchez y la parlamentaria del Mercosur, Mariana Zuvic, requiere una pesquisa sobre "la posible autoría intelectual de la comisión del triple homicidio de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, con las agravantes que correspondieran al caso, contemplados en el artículo 80 incisos 6 y 7 del Código Penal, y/o de otros ilícitos penales cuya comisión quedara probada mediante la respectiva investigación".
Los legisladores aseveraron que esos delitos "podrían haber sido cometidos por parte del ex Jefe de Gabinete, ex Ministro y ex Senador Nacional Aníbal Domingo Fernández".
Fernández trató a Carrió de "megalómana empleada de la Embajada" (por Estados Unidos) y de "enferma siquiátrica" y dijo que "vuelve a la carga a llamarme nuevamente asesino. Sin otro sustento a su denuncia que su mente corrupta y alterada".
En la denuncia, que recayó en el Juzgado Federal 4 de Ariel Lijo y en la Fiscalía de Guillermo Marijuan, Carrió, Sánchez y Zuvic afirmaron que "Fernández, a través de actos concretos, además, ha obstaculizado la actuación de otro Poder del Estado argentino (el Legislativo), en la lucha contra el narcotráfico".
Reclamaron entonces que "la Justicia investigue cualquier participación que un ex funcionario público como el Sr. Aníbal Fernández, pudiera haber tenido respecto de la autoría intelectual del triple crimen de General Rodríguez".
Hay "un entramado mafioso" y "se entrecruzan la importación, lícitamente o mediante su contrabando, de ingentes cantidades de efedrina para la confección de estupefacientes, sea en el país o para su exportación con destino final en cárteles de narcotráfico mexicano".
También denunciaron "el tráfico de influencias para lograr impunidad" y "para gestionar permisos de portación de armas, y la venta ilegal de armas producto de un plan de desarme".
Para los legisladores hay "una asociación ilícita, que a fin de eliminar la competencia de la venta de efedrina con destino al narcotráfico, asesinó a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina (...)". La decisión de "la ejecución el triple crimen tuvo que haberla tomado la cabeza de la organización, y existen serias sospechas como para suponer que esa persona es el Sr. Aníbal Fernández".
Además, lo acusaron de "permitir el incremento del narcotráfico en nuestro país, siendo uno de los máximos responsables políticos en sus sucesivos cargos" de ministro del Interior, de Justicia y como jefe de Gabinete.
Hay, dijeron, "innumerables elementos" para una "profunda investigación respecto de las responsabilidades" de Fernández "en cuanto a la autoría intelectual" del triple crimen pero "hasta el momento han sido soslayadas" por las investigaciones.
El triple crimen, en 2008 (que dio origen a la causa de la 'mafia de los medicamentos'), volvió a la palestra recientemente tras la denuncia periodística y judicial de uno de los condenados por ese hecho, Martín Lanatta, donde involucró a Fernández, y la posterior huida de la cárcel de Lanatta, de su hermano Christian y de Víctor Schillacci.
Carrió, Sánchez y Zuvic advirtieron "una preocupante trama de vinculaciones entre el poder político y el narcotráfico" y alertaron que "hasta la fecha, lamentablemente, no ha sido debidamente investigada por la Justicia".
Afirmaron que la causa del triple crimen aportó "datos concretos, con nombres propios, de relevancia superlativa para el descubrimiento de las verdaderas relaciones existentes entre algunos funcionarios y el narcotráfico".
Sostuvieron que "luego de la tragicómica fuga" de los Lanatta y Schillacci y "las declaraciones del abogado de Ibar Esteban Pérez Corradi, Carlos Broitman, se ha puesto en el tapete la discusión acerca de la autoría intelectual del crimen".
"La investigación judicial -en particular la llevada a cabo por el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone- se circunscribió a sindicar como autor intelectual a Pérez Corradi, soslayándose constantemente las vinculaciones con altas esferas políticas de los implicados", denunciaron.
Así, afirmaron que hay "diversas vinculaciones" de "Fernández y su entorno con (...) Martín Lanatta, a través de los cruces telefónicos, declaraciones de testigos y condenados en la causa, abogados coincidentes, sociedades comerciales vinculadas, y sinfín de notas periodísticas de investigación".
Destacaron "diversas menciones a 'la Morsa', la intervención de agentes de la Secretaría de Inteligencia como 'Máximo' y Julio César Posse y la denuncia de pago de importantes sumas de dinero a cambio de impunidad" pero "nunca se avanzó más allá de las responsabilidades materiales inmediatas".
"Máximo tendría alrededor de 60 años, domiciliado en el Partido de Quilmes y con relación con la Policía Bonaerense. Dada la relevancia del particular" darán "mayores precisiones al momento de la ratificación de la denuncia", precisaron.
Aníbal F. dijo por Twitter: "Les voy a contar una perlita de la impresentable nueva denuncia de la megalómana empleada de la Embajada a.k.a. Carrió...que vuelve a la carga a llamarme nuevamente asesino. Sin otro sustento a su denuncia que su mente corrupta y alterada".
"La denuncia de esta sra enferma siquiatrica dice: "existen INNUMERABLES ELEMENTOS (?) que tornan indispensable una PROFUNDA INVESTIGACION". La vaguedad juridica es deliberada. Sin fundamentar elementos ni acusación, se protege de una segura querella de mi parte", añadió.
Además, dijo que "continúa la operación mediática, para la cual como tristemente sabemos, no le faltan amplificadores periodísticos. La empleada de la Embajada es obediente pero, no original. Es el manual elegido para desacreditar dirigentes populares en toda ntra América".