El fiscal Daniel Carniello zafó de la segunda de tres denuncias presentadas en su contra en los últimos tres meses. Ayer el Jury de Enjuiciamiento desestimó esa segunda causa que acechaba su destino, pero aún queda una, la que se conoció en los últimos días y a priori la más compleja, porque involucra a dos hombres que fueron detenidos con armas de policías en su poder.
Según la denuncia, el fiscal habría hecho la vista gorda porque uno de los detenidos era “compadre” de un informante. Esta última presentación será evaluada por el Jury el 26.
Ayer, casi sin querer, el único de los miembros del Jury que se paró a hablar con la prensa, el senador Juan Carlos Jaliff, dijo lo que algunos rumoreaban desde hace tiempo: “Ellos hablan de que las escuchas son ilegales”.
Jaliff se refería a las grabaciones tomadas por la Justicia Federal que dieron origen a las acusaciones. Justamente las dos primeras denuncias se basaban en esas escuchas telefónicas en las que el fiscal hablaba con un delincuente, Enzo Stuto, un estafador involucrado en seis causas supuestamente cajoneadas porque era informante del fiscal.
Ayer, Jaliff decía “ellos” refiriéndose a los legisladores peronistas y también a casi todos los miembros de la Suprema Corte mendocina que participan del tribunal. Cabe preguntarse si en la Justicia hay quienes actúan con escuchas que la Corte casi en pleno, pero en privado, dice que son ilegales.
Por la desestimación votaron los ministros de la Corte Alejandro Pérez Hualde, Mario Adaro, Omar Palermo, Jorge Nanclares y Julio Gómez, la camarista civil Gladys Marsala (que reemplazó al supremo ausente Pedro Llorente); más los legisladores peronistas Claudia Segovia, José Muñoz, Lucas Ilardo, Patricia Fadel, Samuel Barcudi y Eduardo Bauzá. En total 12 votos.
Los que intentaron abrir el proceso y perdieron la votación fueron el supremo Herman Salvini y los legisladores radicales Jaliff, Emilio Campos, Jorge Albarracín, Beatriz Varela, Jorge López, Miguel Bondino, Jorge Palero y Marcelo Rubio. Nueve votos.
Las intrigas palaciegas siempre son complejas para contar, porque en los recovecos de palacio se escriben párrafos paralelos, en vínculos inverosímiles de personajes e intereses que se van entrelazando con la historia central. Las denuncias de Carniello tienen algo de esas intrigas, algunas inscriptas en la pelea del poder real en el que juegan magistrados y los principales partidos políticos de Mendoza, y otras excesivamente domésticas.
Parece exagerado que una pelea sentimental entre Carniello y la hija del procurador general de la Corte, Rodolfo González, que es defensora oficial, ponga en movimiento toda la maquinaria para destituir al fiscal. Pero otro motivo no se conoce, puesto que el Jury ayer desestimó la denuncia porque se basa en escuchas supuestamente ilegales.
En noviembre del año pasado Carniello fue removido por el procurador González de la Fiscalía de Delitos Complejos y mandado a ejercer a Guaymallén, basado en esas escuchas supuestamente ilegales. Más aún, esas grabaciones iniciaron una causa penal en manos de Gustavo Pirrello y un expediente administrativo que llevó adelante Darío Tagua, quien subroga al ex suegro de Carniello.
Pirrello fue el primero que denunció a Carniello ante el Jury de Enjuiciamiento, en febrero pasado y su presentación fue desestimada el 3 de marzo; la segunda se presentó 2 de marzo (horas antes de la primera desestimación), se le dio vista a Carniello el 31 de marzo para que respondiera por escrito y ayer el Jury desestimó.
Recién ahora hay una presentación de cierta gravedad, al menos por lo que ha trascendido hasta ahora, pero que recién ayer les llegó a todos los miembros del Jury, a pesar de que fue presentada el 28 de abril.
Esta última denuncia será evaluada por el Jury el 26. Allí se aceptará o rechazará la denuncia; si se acepta, entonces Carniello tendrá 10 días hábiles para responder por escrito. Entonces vendrá otra jornada decisiva para el fiscal: con denuncia y explicaciones el Jury decidirá si manda a proceso de destitución o si desestima todo.
Dos armas lo complican
La denuncia presentada por el fiscal Darío Tagua el 28 de abril pasado se refiere a la detención de dos hombres, Fernando Tobares y Diego Vildoza, ocurrida en Lavalle en diciembre de 2014; ambos estaban haciendo un trabajo de custodia de un transporte con destino a Tucumán. En el lugar se les habrían secuestrado dos armas de guerra sin autorización para portarlas. Después se supo que eran de propiedad de dos policías.
Cabe recordar que Tagua llevó adelante un expediente administrativo para evaluar el desempeño del denunciado fiscal Daniel Carniello. Esa pesquisa debía llevarla adelante el jefe de los fiscales, es decir el procurador Rodolfo González, pero éste se excusó de participar por el viejo vínculo que los separa.
La acusación de Tagua indica que Vildoza es muy cercano a Enzo Stuto, el ya famoso “datero” de Carniello. Según el denunciante Stuto dice que Vildoza es su “compadre” y justamente por esa cercanía entre Vildoza y el datero es que Carniello habría dejado en libertad a los dos detenidos sin investigar cómo llegaron la escopeta calibre 12 y la pistola calibre 40 policiales.
