La afirmación del titular de Seguridad Vial de la Provincia, Oscar Hómola, eriza la piel. Dijo que, aunque cueste creer, “hay mucha gente que había cometido cuatro o cinco homicidios o lesiones culposas y la Justicia lo inhabilitaba de por vida para conducir. Entonces iba a San Juan, por ejemplo, y sacaba el carnet allá como si nada”, aseguró, para justificar, con absoluta razón, la necesidad de implementar en la provincia el ingreso al registro nacional.
Ahora la Provincia contará con la información suficiente como para no permitir que inadaptados -por establecer algún tipo de adjetivo- puedan aprovecharse de fallas existentes en la implementación del otorgamiento de la licencia de conductor.
El tema de reducir la cantidad de accidentes viales preocupa tanto al Gobierno como a la sociedad toda. Se han instrumentado distintas variables para enfrentar la situación, como: incrementar controles en las rutas; presencia de autoridades en adyacencias a lugares de diversión nocturna, especialmente durante los fines de semana, y se han multiplicado las campañas de advertencias.
Si nos atenemos a las cifras dadas a conocer por la organización civil Luchemos por la Vida, las medidas han permitido morigerar el problema, porque de los 352 muertos por accidentes de tránsito en 2010, se bajó a 336 en 2011; a 334 en 2012; subió a 369 en 2013; bajó a 334 en 2014 y descendió a 301 en 2015. Es más, en el último año, Mendoza fue superada por Buenos Aires, con 2.362 muertos en accidentes; Santa Fe, con 771; Córdoba con 434; Corrientes, con 302; Salta con 346; Tucumán con 341 y Santiago del Estero con 321.
Pero donde queda mucho por trabajar es a nivel nacional. Las estadísticas internacionales permiten conocer que, desde 1990 hasta la fecha, España logró reducir 82% la cifra de muertes, bajando de 9.032 en 1990 a 5.777 en 2000; a 3.100 en 2012 y a 1.600 en 2014.
Suecia redujo 63%, con 772 muertes en 1990; 591 en 2000; 397 en 2012 y 282 en 2014. Holanda 59% y Estados Unidos 27%, mientras la Argentina mantiene el nivel, con 7.075 muertes en 1990; 7.595 en 2000; 7.485 en 2012; 7.613 en 2014 y 7.472 en 2015, lo que determina que hay mucho por hacer en ese plano.
La decisión de implementar el carnet de validez nacional en la provincia no constituye una solución en sí misma pero forma parte de un todo que puede contribuir a enfrentar el problema. De acuerdo con lo manifestado por los funcionarios, había más de 2.260 conductores inhabilitados y, al pasar la estadística a integrar el registro nacional, cualquiera de ellos que tenga intenciones de obtener una segunda licencia en alguna provincia vecina o en otro punto del país quedará expuesto y no podrá hacerlo, ya que la prohibición saldrá a la luz.
La medida surge del hecho de que había gente que tenía una prohibición para conducir por un homicidio culposo, pero se desconocía su situación, hasta que en agosto del año pasado se conformó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un observatorio único y un Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito.
De todos modos, resultaría necesario aceitar ciertos mecanismos, como por ejemplo que el carnet se pueda obtener en todas las municipalidades y, en algunos casos, como Guaymallén, ampliar la atención de los interesados, en razón de que suele resultar comprometido como consecuencia de la cantidad de gente que concurre.
Todo lo que se haga en materia de seguridad será bienvenido y la decisión de sumarse al registro nacional es un paso importante.
