Carlos Ferrer es abogado, egresado de la Universidad de Mendoza en 1988. Desde entonces, se ha especializado en Derecho Minero, incluso es parte de la comisión pertinente del Colegio de Abogados de la provincia.
El letrado -que cofundó en 2010 y preside desde 2011 la Cámara de Servicios Mineros, integrada por 45 empresas mayormente medianas- participó del Ciclo de Encuentros de Los Andes.
-¿Sirvió de algo la Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno para acercar posturas sobre minería?
-Esto tuvo dos caras. Aportó en el sentido de que se convocaron absolutamente a todos los sectores: universidad, productores, proveedores, titulares de derechos mineros, cámaras de empresarios. Se hizo mucha docencia, y sirvió para darse cuenta de que el detractor de la minería, que fue invitado, no quiso participar.
La otra cara de la moneda es que no sirvió, porque tiene que tener un tratamiento rápido, a través de un borrador de política de Estado provincial acerca de la minería... Eso iba a elevarse al Gobernador para que, con su aval, fuera a la Legislatura. Y se trabó.
-Considerando que hay señales de respaldo del Gobierno, ¿cuál cree que fue la razón?
-Falta de decisión política. Es el momento de aprovechar la coyuntura y hacer historia. Cornejo, y su administración, saben que no son sustentables las finanzas provinciales y necesita de la minería para fortificar la matriz productiva.
-La decisión política pro-fracking, ¿generará un viento de cola que arrastre a la minería?
-Sí. Y tiene que haberlo. Porque padecemos la misma discriminación, siendo legal el fracking, una actividad que se lleva adelante en cualquier lugar del mundo, al igual que la minería. Chile tiene 3 mil proyectos totalmente compatibles con la vitivinicultura y el agro de exportación en los mismos lugares. Basta cruzar la cordillera y verlo; sólo en Santiago se observan edificios nuevos en construcción en cada viaje, y eso es minería.
-Mendoza afronta el frente político, el social y el legal, y dos grandes proyectos frenados como Potasio y San Jorge…
-Y también uranio, con Sierra Pintada, y el restante proyecto que tiene Mendoza pueden abastecer a toda la energía nuclear de las dos centrales Atucha y otras dos a construir. Y convertirse en exportador, junto a Chubut, de energía limpia. Tenemos reservas para exportar y abastecer el consumo interno, pero hoy importamos uranio por u$s 150 millones por año. Y también cobre fino, cuando solamente San Jorge podría satisfacer toda la demanda nacional.
-Al parecer Potasio, en busca de inversor, está más cerca. ¿Esperan efecto cascada sobre el resto?
-A pesar de no ser metalífero y que su parate no fue a raíz de un conflicto, creo que sí, porque la minería es una sola. En la Cámara, de unos 400 contratos importantes, unos 30 eran de Potasio Río Colorado, y significaban una facturación global de casi u$s 3 millones mensuales. Si a esa cifra se le deduce el 3% de Ingresos Brutos, era generar más de $ 700 millones al Gobierno. No es sólo el derrame a largo plazo, sino el del momento... Se empieza a generar riqueza para el erario público de un día al otro. Para el Gobierno se trata de gestionar, y resulta más fácil porque no exige tomar una decisión política…
-Luego del rechazo de la Corte local, ¿quedan expectativas de frenar la ley 7.722 en la justicia?
-Está abierta la instancia judicial todavía. Se han hecho planteos de algunas empresas ante la Corte nacional, pero basta que una lo haya hecho para que se abra el camino. Creemos que la Corte tiene que reconocer la inconstitucionalidad de la ley.
-¿Por qué cree que el tribunal nacional va a revertir un fallo local?
-Es la esperanza que tenemos, nuestro último recurso. Además, la Corte sabe que la Nación está tratando de instalar el tema, hay argumentos para hacerlo, y sabe también que por otro lado se está tratando de trabar. Confiamos en una mayor imparcialidad del tribunal nacional que en el provincial, principalmente porque acá nadie quiere pagar el precio jurídico y el político.
