A 4 años de las cautelares que cayeron sobre los complejos Almafuerte y San Felipe a raíz de su mal estado y las condiciones de hacinamiento de los internos, el Gobierno provincial se ha empeñado en mostrar las mejoras de infraestructura realizadas. El objetivo, según le reconoció el gobernador Alfredo Cornejo a Los Andes hace una semana, es levantar esas medidas como broche de oro a su gestión.
Fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que impuso en mayo del 2015 (gestión de Francisco Pérez) sanciones. Lo hizo haciéndose eco de una denuncia del abogado Carlos Varela Álvarez.
Hace pocos días, vino a la provincia el colombiano Luis Vargas, del directorio de la CIDH, quien inspeccionó de manera personal Almafuerte y San Felipe. Si bien se mostró satisfecho e incluso impresionado por los avances en materia carcelaria, detalló que aún hay sobrepoblación en los complejos y además habló de la necesidad de seguir trabajando por la educación y el trabajo de los presos.
"Decidí venir porque encontrábamos grandes disparidades de posiciones entre lo que informaba el Gobierno y lo que aducían los abogados de derechos humanos", destacó Vargas a este diario.
El experto puso en valor todo el trabajo del Ejecutivo en las construcciones "que cumplen los mínimos estándares de derechos humanos", como Almafuerte II, la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada) y la Cárcel Federal. No obstante, señaló que no es la única solución porque "sería pensar que a la sociedad la vamos a educar metiéndola en las cárceles", por lo que insistió en mejorar los procesos de reinserción de los internos.
Entre sus críticas, advirtió que en Almafuerte hay una sobrepoblación de un 20% y que en San Felipe asciende al 45%, y añadió que hay problemas de humedad en ésta última cárcel, lo que complica la situación sanitaria del lugar.
"Hay casos de miniceldas para una o dos personas, y que tienen cuatro camastros horribles y en las que meten a ocho o nueve reclusos", acotó Vargas, quien resaltó que "la salud -de los presos- está visiblemente afectada".
Pero al mismo tiempo, Vargas destacó las mejoras puestas en marcha y hasta señaló que Mendoza “podría ser un arquetipo de modelo de cambio de paradigma, de cómo debe ser la atención a la población carcelaria. Me llevo una muy buena impresión, porque el gobierno está trabajando para mejorar las condiciones”.
Por su parte, Varela Álvarez aseguró que "las visitas que hemos realizado demuestran que el hacinamiento continúa en ambos establecimientos de manera importante".
El abogado indicó que si bien es cierto que ha disminuido la violencia carcelaria y que hay un esfuerzo de construcción de nuevos penales, dijo que no cuentan con cifras oficiales de personas heridas y que los nuevos establecimientos “siguen el modelo de seguridad y encierro sin perspectivas de espacios de educación y trabajo continuado”.
No obstante, destacó que "hasta ahora y luego de la visita del comisionado se ha abierto con el gobierno un espacio de dialogo constructivo".
En este sentido, Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario, reconoció que "durante años las cárceles han sido un deposito de personas y hoy, entrar en los estándares que nosotros buscamos es un trabajo a la largo plazo". Según el Ejecutivo, en pocos días se terminarán los dos primeros módulos (de 250 personas cada uno) para la cárcel de Almafuerte II, que está al 35% de avance, mientras que la nueva Cárcel Federal está al 68%.
Sobre cuándo se levantarán las cautelares, el comisionado de la CIDH dijo que "seguramente se hará cuando se cumplan al menos el 90% de lo que se requirió desde el organismo. Hoy Mendoza está a un 65%".
