En la Legislatura provincial se ha generado un debate acerca del nivel de la deuda pública de la provincia, porque la oposición se niega a conceder autorización al Ejecutivo para tomar nuevas deudas a fin de realizar obras, como el GIRSU (Gestión Integral de Recursos Sólidos Urbanos), el acueducto de la Paz y una autopista que uniría Rivadavia con la Ruta 7.
En principio, hay que aclarar que se suele comparar el nivel deuda con el Producto Bruto Geográfico (PBG), pero no es una comparación adecuada ya que el PBG mide el valor de los bienes y servicios producidos, pero el gobierno no recurre al mismo para pagar. Lo correcto sería comparar con el nivel de ingresos, que es la fuente genuina de la cual salen los recursos para pagar esas deudas que quedan plasmadas en el Presupuesto, que aprueba la Legislatura.
Se calcula que, actualmente, el nivel de la deuda pública equivale a un año de ingresos, computando entre estos a los impuestos provinciales, los fondos nacionales que llegan por coparticipación, las regalías y algún otro recurso adicional. Pero este dato requiere otros adicionales para poder evaluar. El principal es el perfil de la deuda, es decir, los plazos de amortización y los intereses anuales que devengan, y el otro, la moneda en la cual está expresada la deuda, es decir, en la cual se deben hacer los pagos.
Finalmente, para analizar si es conveniente tomar nuevas deudas hay que considerar el destino de los fondos, los plazos, los intereses y la moneda en la que se toma. Para esto hay que partir de un principio básico: no se debe tomar deuda para pagar gastos corrientes. Es deber del gobierno mantener una situación de superávit fiscal para hacer frente a los vencimientos.
Este principio debe ser entendido por todos los actores. Los políticos, los empresarios y los sindicalistas que representan a los empleados estatales deben ser conscientes de no presionar el gasto más allá de los niveles de ingresos. En tiempos de recesión, donde cae el nivel de actividad económica, es imposible comprometer obligaciones ajustadas por inflación ya que los ingresos crecen en menor medida.
Otro criterio que hay que entender es que, por una cuestión de buena administración financiera, las inversiones no deben ser pagadas con el flujo mensual de ingresos ya que se suele tratar de obras que serán usadas por muchos años. En estos casos, es razonable acudir al financiamiento de organismos financieros internacionales, que prestan a 30 años y a tasas mucho más bajas que las del mercado. Es lógico que estas obras tengan un financiamiento intergeneracional, es decir, pagadas por varias generaciones, que serán las que disfruten de ellas.
Es importante que tanto el oficialismo como la oposición tengan en claro las diferencias entre ambos tipo de financiamientos a la hora de analizar nuevas deudas. No autorizar deudas para gastos corrientes porque sería convalidar gastos excesivos, ni paralizar obras necesarias por simples chicanas políticas o venganzas. O sea, si las obras son importantes, si están debidamente evaluadas tanto en su proyecto como en el impacto ambiental, no deberían frenarse.
Sería fundamental que estos temas formaran parte de un núcleo de acuerdos básicos que sirvan hacia el futuro, independientemente del partido al que la ciudadanía le confíe el gobierno de la provincia o de los municipios. Estos acuerdos deberían formar parte de la nueva institucionalidad de la provincia, así como la priorización de los proyectos de inversión que se llevarán adelante para evitar obras innecesarias, como estadios que no se pueden administrar.
Hacia el futuro habría que tener en cuenta la necesidad de asegurar servicios básicos para toda la población, mayor cantidad de escuelas, centros de salud y hospitales, a fin de cumplir con las obligaciones básicas del gobierno.
