Policías federales detuvieron ayer al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, señalados de ser los responsables intelectuales de los ataques contra decenas de estudiantes en setiembre que dejaron seis muertos y 43 desaparecidos, un crimen que mantiene indignado a México.
“Espero que esta detención contribuya al esclarecimiento de la investigación”, dijo el presidente Enrique Peña Nieto durante un evento público en el que felicitó a las corporaciones de seguridad por la aprehensión.
El alcalde José Luis Abarca, revocado de su cargo después de las desapariciones, y su esposa María de los Ángeles Pineda se encuentran en la Unidad de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado luego de ser detenidos en un operativo sin violencia, dijo un vocero de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
La pareja, acusada de estar al servicio del cártel narcotraficante Guerreros Unidos, se escondía en una humilde casa de cemento sin pintar de dos pisos de Iztapalapa, un populoso barrio al este de Ciudad de México.
Ambos eran los fugitivos más buscados en la investigación por la desaparición de los estudiantes la noche del 26 de setiembre en Iguala (Guerrero), a solo 200 km de Ciudad de México. Su huida días después de los ataques atizó el enojo del país con sus autoridades.
Un grupo de policías municipales de Iguala y sicarios de Guerreros Unidos dispararon esa noche contra los alumnos de una escuela rural de magisterio de la comunidad de Ayotzinapa (Guerrero), causando seis muertos y 43 desaparecidos.
Por declaraciones de otros detenidos, las autoridades temen que los jóvenes desaparecidos fueron entregados por policías a miembros de Guerreros Unidos, que los asesinaron y enterraron. Sin embargo, el gobierno recalca que no creerá esta versión hasta que encuentre a los jóvenes.
“Que lo hagan hablar, (...) se le tiene que interrogar” porque “él sabe dónde están” los estudiantes, dijo Manuel Martínez, uno de los voceros de los padres de los desaparecidos, al referirse a la detención de Abarca.
Los familiares de los estudiantes mantienen que sus hijos siguen vivos en poder de policías de Iguala huidos de la justicia.
"Nunca los vi"
La vivienda donde fueron localizados Abarca y su esposa se encuentra en la empobrecida e insegura Iztapalapa, la delegación más poblada de las 16 que integran la capital mexicana.
La esposa de un médico que vive a un costado del inmueble narró que al momento del amplio operativo policial, en la madrugada, pensó que iban a entrar al consultorio de su marido. “Tuvimos mucho miedo”, reconoció la mujer, que pidió el anonimato.
“Nunca los vi”, dijo de su lado Alberto Neftalí, un hombre que vive desde hace 60 años en la casa de enfrente y que señaló que hasta hace medio año en esa vivienda habitaba una pareja de ancianos, ahora fallecidos.
Las autoridades han recalcado que su prioridad es encontrar a los estudiantes, que siguen siendo buscados por tierra, agua y aire.
El gobierno espera que las declaraciones de Abarca den pistas efectivas para localizar a los jóvenes, lo que no sucedió con los otros 56 detenidos, incluido el supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias.
"La pareja imperial"
La fiscalía cree que la noche del ataque el alcalde ordenó a sus policías que reprimieran a los estudiantes por temor a que sabotearan un evento encabezado por su esposa como directora local de un organismo público de protección a la infancia. Al menos 22 policías de Iguala, una ciudad de 140.000 habitantes, están detenidos.
Abarca y Pineda, conocidos en Iguala como “La pareja imperial” por su poder y ostentación, huyeron unos días después del ataque cuando aún no había orden de detención contra ellos.
La pareja, que gobernaba con mano de hierro, era conocida por vestir con ropa cara y ataviarse de oro.
En su corta carrera política, Abarca afincó un imperio joyero en Iguala, donde era un secreto a voces su tenebrosa relación con el crimen organizado.
Deciden proceso a militares
Un juez civil decidirá al final de esta semana si procesa penalmente a siete militares involucrados en la muerte de 22 personas en una comunidad del suroeste de México, algunas de las cuales fueron presuntamente ejecutadas extrajudicialmente.
El Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que supervisa a jueces y tribunales, informó en un comunicado que la defensa de los siete militares pidió la ampliación del plazo legal para rendir sus declaraciones, por lo cual el juez tiene hasta el viernes para resolver su situación jurídica.
Los siete militares están detenidos en una prisión castrense de la capital mexicana, donde enfrentan en paralelo un proceso por violaciones a las normas del ejército.
Todos fueron acusados por la Procuraduría General de la República de actuar irregularmente, mientras que sólo tres han sido imputados de homicidio calificado contra ocho personas.
Mataron a tiros a general encargado de seguridad
Un general mexicano encargado de la seguridad de una región del noreste de México fronteriza con Estados Unidos y convulsionada por la violencia ligada al narcotráfico, fue asesinado a balazos junto con su esposa el fin de semana pasado, informaron el lunes las autoridades.
El general Ricardo César Niño Villarreal, encargado de la seguridad del norte del Estado de Tamaulipas y su esposa fueron asesinados cuando se desplazaban a bordo de un automóvil en una carretera del vecino Estado de Nuevo León, reportó en un comunicado el Grupo de Coordinación estatal.
“El Gobierno de Tamaulipas condena y lamenta profundamente el deceso del general Ricardo César Niño Villarreal y el de su esposa”, se añadió en el comunicado.
Niño Villarreal y su esposa fueron atacados el sábado, y el domingo sus cadáveres fueron encontrados en una carretera de Nuevo León que conduce a Tamaulipas (fronterizo con Texas, sur de Estados Unidos) gracias a una denuncia a la policía de conductores que pasaban por el lugar.
El automóvil donde fueron hallados los cadáveres del militar y su esposa tenía numerosos impactos de bala. Antes de la identificación oficial de los cuerpos difundida en el comunicado del Grupo de Coordinación de Tamaulipas, el fiscal de Nuevo León, Adrián de la Garza, había dicho a la prensa que eran necesarios los análisis correspondientes para asegurar que el cadáver correspondía a Niño Villareal.
De la Garza apuntó que el general siempre usaba automóviles blindados y se trasladaba con escoltas, y que el automóvil en el que fueron encontrados los cadáveres no contaba con esas medidas de protección.
