El presidente Nicolás Maduro había convocado para ayer a una reunión a los gobernadores del país para preparar un diálogo de paz, previsto para mañana. Pero el principal opositor venezolano Henrique Capriles declinó asistir a la reunión con el presidente.
Capriles, gobernador del Estado de Miranda y del ala moderada de la opositora Mesa de Unidad Democrática, justificó su rechazo en que en una "situación de violación de los derechos humanos y represión como ésta nosotros no podemos ir a Miraflores", sede de la presidencia.
Los analistas son escépticos acerca del real alcance del diálogo, y muchos creen que esta convocatoria no es más que un intento de ganar tiempo para aplacar la fuerte ola de disturbios.
"El gobierno está percibiendo crecientes costos entre la opinión pública nacional e internacional y con este diálogo busca una suerte de apaciguamiento", dijo el analista John Magdaleno.
La Fiscal General, Luisa Ortega, reconoció que el ministerio público estaba investigando doce denuncias por casos de violaciones a los derechos fundamentales durante estas tres semanas.
Maduro, heredero político del difunto presidente Hugo Chávez, califica las manifestaciones como un "golpe de estado en desarrollo" del que responsabiliza a un sector de la oposición, financiada por Estados Unidos y el ex presidente colombiano Álvaro Uribe.
Al menos 14 muertos, más de 140 heridos y 45 detenidos, entre ellos nueve miembros de la fuerza pública, han dejado las protestas contra el gobierno venezolano desde hace tres semanas, según cifras oficiales.
Por otra parte, barricadas de la oposición contra el gobierno bloquearon ayer calles de varias ciudades de Venezuela.
Con neumáticos quemados, colchones y escombros, las barricadas se repitieron en varias ciudades del país. Pero en la mayoría de casos fueron desmanteladas por la policía.
En San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia, donde se originaron las protestas el 4 de febrero, efectivos antimotines dispersaron una manifestación con gases lacrimógenos. Durante la dispersión un joven que estaba en una azotea murió luego de tropezar y caer de espaldas sobre la calle.
Distintos puntos del sector este de Caracas aparecieron ayer con cortes de calles y rutas.
"Nos quitaron hasta el miedo", rezaba la pancarta de una manifestante, cerca de la autopista que une Caracas con los acomodados suburbios del Este. "Resistencia sí, playa no", escribió otro manifestante en el mismo sitio haciendo referencia a los inminentes feriados de carnaval.
Detención de mercenario
En un acto con simpatizantes transmitido por radio y televisión, el presidente anunció la detención de un "mercenario procedente de Medio Oriente" que se proponía colocar carros bomba.
El gobernador del estado venezolano de Aragua, Tareck El Aissami, precisó luego que al presunto terrorista "Se le incautó un vehículo blindado, 13 equipos electrónicos. Dispositivos de comunicación para EEUU y Colombia", e identificó al detenido como Jayssam Mokded Mokded.
El sábado Capriles, en un acto al que asistieron al menos 50.000 personas había dicho que iría al palacio de gobierno, y pedido a los manifestantes a seguir sus protestas en las calles pero de modo pacífico.
La manifestación pareció ratificar el liderazgo de Capriles en la oposición, quien había cedido protagonismo a los sectores radicales.
Desde el 23 de enero un sector de la alianza opositora propugnaba la política de ocupar la calle para forzar un cambio de gobierno bajo el lema "la Salida". Capriles tomó distancia de esa táctica, mientras que uno de sus impulsores, Leopoldo López, fue detenido bajo diversos cargos.
A partir del 4 de febrero grupos estudiantiles en San Cristóbal salieron a manifestar por la inseguridad en las casas de estudio.
Progresivamente las manifestaciones se extendieron a todo el país, se sumó el sector radical de la oposición, se añadieron reclamos por la inflación y la represión policial, y comenzaron a producirse desmanes.
Venezuela se prepara para casi una semana de feriados, ya que el gobierno decretó el jueves 27 de febrero no laborable en homenaje a los muertos en la insurrección popular conocida como El Caracazo, hace 25 años, y del 1 al 4 de marzo son los feriados de Carnaval.
En otro orden de cosas, el gobernador oficialista del estado de Táchira se distanció de algunas acciones tomadas por las autoridades para contener las protestas en Venezuela y denunció que hubo excesos de los militares y que un alto oficial fue destituido.
El capitán retirado José Vielma Mora afirmó que hubo "un exceso de los guardias nacionales" al contener las protestas callejeras que se registraron el 20 de febrero en la ciudad de San Cristóbal, en Táchira, e indicó que a consecuencia de esas acciones el alto mando militar acordó la destitución del jefe de la región de defensa integral de los Andes, mayor general Noel Darío Bermúdez Pirela.
