El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, denunció ayer una “confabulación” entre los fondos buitres y “el sistema judicial” de los Estados Unidos, presuntamente para perjudicar a la Argentina en su reestructuración de deuda y volvió a cargar contra el juez Thomas Griesa.
Si bien el ministro coordinador no mencionó el tema, la referencia a todo el sistema de Justicia fue hecha el mismo día en que se conoció que el juez federal con sede en Las Vegas Cam Ferenbach investiga, a pedido del Fondo NML, 123 sociedades atribuidas por el fiscal José María Campagnoli al empresario kirchnerista Lázaro Báez. El fallo del juez tuvo una amplia repercusión periodística.
El fondo NML logró que ese juez de Nevada emplazara al estudio panameño Mossack Fonseca para que antes del 12 de setiembre informe sobre los bienes y cuentas bancarias que se abrieron con esas 123 empresas fantasmas en territorio norteamericano. Obviamente, Capitanich no puede hablar del caso porque sería admitir que Báez está detrás de alguna de esas empresas.
Conexiones
NML sospecha que Báez o su entorno están detrás de los bienes que están o estuvieron a nombre de esas compañías manejadas por la empresa Aldyne de las islas Seychelles. Por lo menos, diez de esas 123 empresas de cartón fueron armadas por el estudio uruguayo Damiani a pedido de la suiza Helvetic Services Group que maneja el argentino Néstor Marcelo Ramos. Helvetic es la dueña de la financiera SGI “La Rosadita” que pertenecía a Federico Elaskar, quien dijo que ayudó a lavar 65 millones de dólares de Lázaro Báez en una entrevista con el programa de TV Periodismo para Todos de Jorge Lanata, aunque después se desdijo.
Luego, el funcionario señaló que “la falta de decisión” del juez Griesa “está fuertemente asociada a no entender adecuadamente el proceso, a no entender la condición de Argentina como país soberano”.
Según entiende el gobierno argentino, la situación se ha convertido “en un problema de relaciones exteriores por parte del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos”, planteó Capitanich al presentarse ayer a la mañana ante la prensa en la Casa Rosada.
En relación a las dilaciones de Griesa, explicó que “no libera una orden de desacato porque no la puede aplicar a un país soberano” y añadió que “no propicia el tema del embargo de los fondos porque no pertenecen a la República Argentina, sino a los bonistas” y porque estaría “transgrediendo claramente un principio esencial de seguridad jurídica en los Estados Unidos”.
"A tres bandas"
En ese punto, Capitanich estimó que el juez, “por instrucción expresa de los fondos buitres, busca obstaculizar el proceso de pago” y añadió que se trata de una “confabulación de juego a tres bandas, en donde son tenedores al mismo tiempo de Credit Default Swaps (seguros contra default), conjuntamente con bonos reestructurados, conjuntamente con un juicio, con la connivencia de un juez y del sistema judicial de los Estados Unidos”.
En cuanto al trámite sobre el Tribunal de La Haya, Capitanich aseguró que hasta el momento, los Estados Unidos “no han comunicado absolutamente (nada) respecto a la aceptación de jurisdicción o no, oficialmente”, aunque la semana pasada se conoció un primer rechazo de un vocero del Departamento de Estado a la iniciativa de la Casa Rosada.
Según el chaqueño, tampoco “hay ninguna novedad” en relación con el litigio, ninguna “comunicación formal, ninguna requisitoria adicional a lo que se estaba trabajando, ni desde el punto de vista judicial ni de parte del ‘special master’” Daniel Pollack.
Ayer, sectores del kirchnerismo liderados por Andrés Larroque, Luis D'Elía, Gabriel Mariotto y agrupaciones nucleadas en Unidos y Organizados, expresaron su apoyo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “más allá de 2015”. Fue en un acto especialmente convocado en el Luna Park y apuntaron contra “los buitres de adentro” que identificaron con medios, economistas y la oposición, especialmente.
