San Miguel de Tucumán. El candidato a gobernador de Tucumán por Acuerdo para el Bicentenario (ApB), José Cano, retiró ayer a sus fiscales del escrutinio definitivo de las elecciones provinciales, al tiempo que desde ese frente opositor se presentó una denuncia penal contra la Gendarmería Nacional, el Correo Argentino y la Junta Electoral Provincial (JEP).
“Decidimos retirar nuestros apoderados (Alvaro Contreras y Daniel Ponce) porque la Junta Electoral Provincial no garantiza en absoluto la transparencia del sistema electoral, porque es parte de este sistema corrupto”, anunció Cano tras confirmarse que habían desaparecido las imágenes de las cámaras instaladas en el recinto donde se lleva a cabo el recuento de votos.
Desde el gobierno nacional respondieron que la denuncia por la pérdida de los videos es “otro intento por deslegitimar” las elecciones en esa provincia que se llevaron a cabo el pasado 23 de agosto.
El escándalo que rodea a las elecciones de Tucumán tuvo ayer un nuevo capítulo cuando Cano anunció: “No vamos a seguir participando de un escrutinio definitivo en el que no se abren las urnas y se cometió un fraude electoral, fundamentalmente en las categorías de gobernador y vice”.
Secundado por su compañero de fórmula, el peronista disidente Domingo Amaya, el diputado radical cargó contra el secretario de la Junta Electoral Darío Almaraz, a quien calificó de “chanta”, al tiempo que aseguró que “el responsable absoluto de todo lo ocurrido es la JEP y su titular, Antonio Gandur”.
Incluso, Cano denunció que “el escrutinio definitivo está sometido a las decisiones de la Justicia, el proceso electoral está en manos del Poder Judicial”.
En cuanto a la desaparición del video que supervisa el recinto del escrutinio, el candidato definió como “escandaloso” lo ocurrido, y protestó porque “se contrató a una empresa fantasma de Santiago del Estero, de un joven (Francisco Jiménez) que trabaja en la tesorería de la Casa de Gobierno, que no tiene antecedentes de haber prestado este servicio”.
La decisión de la conducción del ApB de retirar a sus fiscales no alcanza a las decenas de acoples que la integran, que mantendrán sus fiscales para supervisar el escrutinio ante la posibilidad de alcanzar bancas en juego en la Legislatura y los concejos deliberantes.
En ese contexto, el ex legislador radical de Tucumán Juan Roberto Robles presentó ante la Justicia Federal, en nombre del ApB, una denuncia penal contra las autoridades de la Gendarmería por ser los responsables de la custodia y del traslado de las urnas y el Correo, por haber tenido a cargo el escrutinio provisorio.
En particular, el abogado cargó contra los funcionarios de la Junta Electoral Darío Almaraz y Alfredo Iramain, a quienes sindicó como partícipes de una organización “criminosa” destinada “a violentar la voluntad de los ciudadanos” en la comisión del fraude electoral, por lo que pidió la detención e incomunicación de ambos.
La demanda también alcanzó a Francisco Jiménez, titular la empresa Info FOJ que proveyó el sistema de video que fue dañado. En su presentación, Robles los responsabilizó de los delitos de asociación ilícita, atentado al orden constitucional y a la vida democrática y de otros contra la administración y la fe pública, la violación de los deberes de funcionario público y el ataque a la Ley de Defensa de la Democracia, por el desarrollo de los comicios y del escrutinio en la provincia.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, respondió por el robo de las imágenes del escrutinio y advirtió que “querer asignarle valor a un video es otro intento por deslegitimar las elecciones; con eso no se sacan resultados, se sacan con las actas”.
“No me ocupo de los videos, me ocupo de la elección, y la elección se hizo en perfectas condiciones, sin una denuncia de fraude”, evaluó el ministro, en su habitual contacto con la prensa en la Casa de Gobierno.
El dueño de las cámaras se despegó
El dueño de la empresa proveedora de las cámaras que debían vigilar el ingreso de las urnas al edificio de la Junta Electoral de Tucumán confirmó ayer que hubo daños en los discos rígidos donde se guardaron las imágenes, aunque aseguró que no sabe qué es lo que se perdió porque el monitoreo está a cargo de la Junta Electoral.
“A mí me contratan para ir y poner las cámaras, nada más. No es que yo tengo que hacer el control del monitoreo. Eso lo tendría que haber hecho la gente de la Junta Electoral que estaba a cargo”, señaló Francisco Jiménez, propietario de la empresa “Info Foj”.
En declaraciones a radio Blue, el empresario explicó que instaló las cámaras el 21 de agosto, dos días antes de los comicios, y que cumplían la función de monitorear el ingreso y el egreso de gente al edificio donde se depositaban las urnas. Jiménez aclaró que “el servicio que se contrató fue el de ir y conectar el equipo, nada más”, y que no incluía “mantener un monitoreo constante”.
Explicó que el daño en los discos rígidos se generó “por golpes de corriente”, y que “se trató de recuperar información y entregar en lo posible lo que se había recuperado”.
De todas maneras, reiteró que no tiene un registro de toda la grabación, que solo entregó un backup de los discos, y que aún falta “determinar lo que falta”.
“Yo no estoy a cargo, y no puedo tener copia del material de mi cliente, estaría invadiendo la privacidad de mi cliente”, agregó.
Manzur se va imponiendo por menos de dos puntos
El candidato por el Frente para la Victoria, Juan Manzur, se imponía ayer por menos de dos puntos en las elecciones provinciales sobre su contrincante del Acuerdo por el Bicentenario, el radical José Cano, según el último parte dado a conocer por la Junta Electoral Provincial (JEP) de Tucumán.
Con el 68,70 por ciento de las mesas escrutadas, de un total de 3.601, el ex ministro de Salud obtenía 320.662 votos, lo que representaba el 46,37 por ciento de los votos, frente a 308.095 sufragios, lo que representaba el 44,55 por ciento, del diputado radical.
El escrutinio definitivo, que se extendería hasta el próximo 15 de setiembre, continúa en el distrito del Oeste, en medio de denuncias por la pérdida de material fílmico de las cámaras de seguridad que controlan el lugar donde se alojan las urnas.
El recuento, que se inició el pasado 25 de agosto, contempló en primer término las mesas de la Capital, actualmente se centra en la sección Oeste, y finalmente se hará un detalle global.
