Más de 100.000 familias mendocinas tienen problemas para acceder a una vivienda propia o al menos para solventar una solución habitacional. Este gran déficit ha atravesado a las últimas gestiones, tanto peronistas como radicales. Según datos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el promedio de construcción de casas en los últimos 20 años es de 2.000 por año, un número muy bajo para revertir la brecha habitacional.
Por eso, en plena campaña electoral el problema de la vivienda es clave para los candidatos a gobernar la provincia desde diciembre. Los dos principales, Rodolfo Suárez (Cambia Mendoza) y Anabel Fernández Sagasti (Elegí), se apoyan en la experiencia de sus compañeros de fórmula en la materia.
Por el lado oficialista, Mario Abed, intendente de Junín, intentará plasmar en la provincia todo el trabajo que realizó en su departamento. Y por el lado peronista, Jorge Tanús, diputado provincial, se apoyará en su gestión como titular del IPV durante el gobierno de Arturo Lafalla.
El plan de Abed
El intendente de Junín le aseguró a Los Andes que su municipio construye viviendas que cuestan entre 40 y 50% menos que las estándar, ya que utilizan materiales sustentables como ladrillos y techos reciclados: "Las casas que entregamos son ecológicas, y también tienen paneles y calefones solares, lo que implica un ahorro en el pago de tarifas".
En este sentido, el vice de Suárez destacó que los planes que se aplican en Junín, y que planea llevarlos a todo la provincia, "se adecúan a la realidad que vive la Argentina", pero dejó en claro que cumplen con la ley, es decir que tienen los metros cubiertos que corresponden así como también las medidas de seguridad.
"Creemos que esta experiencia se puede replicar en la provincia adaptándola a cada sector, tanto urbano como rural, con sus diferentes características. Vamos a trabajar en conjunto con cada intendente, ya que también con la obra pública de viviendas se da mucho trabajo a la gente. En Junín estamos construyendo unas 600 viviendas y ya tenemos cubiertos más de 800 puestos de trabajo", agregó.
El plan de Tanús
En el caso del frente Elegí, Según informó Tanús a este diario, buscarán "retomar la política social de viviendas" poniendo el acento en eso y también en la vivienda rural.
"Queremos restablecer el trabajo con empresas intermedias bajo créditos mancomunados también con organizaciones sociales, como cooperativas, gremios, mutuales y uniones vecinales", comentó el vice de Sagasti. Según su visión, el IPV se basa en una impronta "de licitación pública y obra pública más que un trabajo con enfoque en lo social".
De esta manera, por un lado se enfocará este plan en impulsar el hábitat rural y también en la entrega de créditos en conjunto con las organizaciones sociales. Pero también tiene pensado la entrega de créditos individuales para personas o familias que posean terrenos.
"Nuestros intendentes han promovido en este plan la urbanización de terrenos municipales. Implementaremos que haya acceso a la tierra por parte de la gente y luego que el IPV le otorgue el crédito", expresó Tanús.
No obstante, estará acompañado de un subprograma "que tiene que ver con el mejoramiento o ampliación de viviendas urbanas. Percibimos que hay en la provincia mucho casos viviendo más de una familia en una casa y queremos dar la posibilidad de otorgar créditos individuales para hacer ampliaciones".
En este sentido, las 6.000 casas que proponen en la gestión están previstas "con los fondos del Instituto", aunque aclaró que Fernández Sagasti firmó un acuerdo con Alberto Fernández que apunta a sumar más fondos a la construcción de viviendas.
El actual IPV
El titular del IPV, Damián Salamone, sostuvo que en su gestión se comenzó a implementar en Mendoza la idea de ocupar vacíos urbanos y optimizar terrenos y recursos: "Ya estamos entregando barrios con obras dinámicas y rápidas, y en un momento muy difícil, por eso realizamos el pago al día, que hace que se mitigue la situación inflacionaria y abaratamos costos".
Además, comentó se están "diversificando recursos en función a grupos económicos pero también optimizando el emplazamiento de proyectos. En zona urbana se agrupan viviendas, mientras que en zona rural nos amoldamos a los requerimiento de los municipios".
Sobre el plan de viviendas, Salamone destacó que este gobierno "ya está por encima de las 1.500 casas por año" y detalló que en 2017 se construyeron 1.635 casas; en 2018, 2.322; y que esperan este año llegar a las 2.000, el promedio de las últimas dos décadas. Respecto al 2016, cuando se entregaron solo 352 casas, indicó que "las obras estaban paralizadas y el 98% registraban un avance de un 2% nada más".
"El año que viene pretendemos dejar 1.000 viviendas nuevas en proceso licitatorio, con recursos provinciales; además de las 800 que ya tenemos en este mismo proceso", finalizó Salamone.
La promesa de Sagasti que no fue
Durante el debate de candidatos organizado por Los Andes y la Universidad Maza, Fernández Sagasti prometió que construirá "6.000 casas al año".
El dato resultó llamativo porque es el triple del promedio de las que construyó el IPV en los últimos 20 años. Pero su compañero de fórmula, Jorge Tanús, le aclaró a Los Andes que fue una confusión de la candidata y que la propuesta son "6.000 en los cuatro años de gestión". Es decir, 1.500 viviendas por año.
Lo que proponen Ramón y Barbeito
Los otros dos candidatos a la Gobernación también tienen planes. Por el lado de Protectora, José Luis Ramón indicó que en primer lugar va a "declarar la emergencia para reordenar los planes de construcción, y terminar con los mismos contratistas de siempre de la obra pública".
El plan de Ramón consiste en el desarrollo de un sistema de construcción que involucra a mutuales y cooperativas, planificado por el IPV (con sistemas industrializados, rápidos y complejos de hasta 5 pisos con eficiencia energética) y con cuotas que no superen el 20% de los ingresos de la familia beneficiaria.
Por su parte, Noelia Barbeito (FIT) apunta a combatir "la especulación inmobiliaria, con grupos económicos que compran tierras fiscales o a productores que luego las venden a sectores de la clase media y obligan al Estado a que lleve los servicios".
"Hay que hacer un plan de obras pero que sea controlado por los beneficiarios y por empresas que no sean las que ganen siempre las licitaciones 'de manera casual'", completó.
Ambos candidatos coinciden en una propuesta: un "banco de tierras" con lotes que cuenten con servicios.
