Después de tres meses durmiendo en una comisión, el Código Contravencional conseguirá media sanción en la Cámara Alta con la ayuda del senador del Partido Intransigente, Héctor Bonarrico.
“Voy a ir a todas las sesiones porque uno de mis principios es que voy a cumplir con el encargo de los ciudadanos que me votaron. Voy a cumplir siempre con mi responsabilidad de dar quórum y de trabajar cuando me lo requieran”, explicó Bonarrico.
“Después fundamentaré mi voto ya sea positivo o negativo durante la sesión”, agregó.
La presencia de Bonarrico es esencial para la sesión especial de hoy a las 9. Para alcanzar el quórum tiene que estar presente la mitad más uno de la cámara, es decir, 20 senadores. Cambia Mendoza tiene 18 escaños, a los que se suma Ernesto Mancinelli de Libres del Sur (muy cercano a Cornejo) y al pastor evangélico devenido en legislador; así llega a los 20 requeridos.
Es muy probable que consiga la media sanción y se gire a Diputados porque para ello solamente necesita mayoría simple. En ese caso, no hace falta que Bonarrico vote a favor, sólo que estén todos los senadores del frente oficialista: en caso de todos los otros senadores voten en contra, desempata la vicegobernadora Laura Montero.
La iniciativa ingresó en mayo al Senado y fue derivada a dos Comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales (con mayoría oficialista), y Derechos y Garantías (con mayoría de la oposición). La primera, dio dictamen la semana pasada y la segunda, presidida por el PJ, se transformó en un filtro infranqueable.
Pelea ideológica
El 21 de mayo entró el proyecto al Senado. Al momento de justificar la modificación del Código de Faltas, Alfredo Cornejo sostiene que viene a dar respuesta a una demanda de la sociedad. "El Ejecutivo ha decidido ayudar a que la ciudadanía no sea violentada en su diario vivir", explica entre los fundamentos.
El Ejecutivo asegura que es necesario aggiornar un código que data de 1965. Por ello se propone modernizar la estructura y los procesos para adaptarlos a los paradigmas de amplio acceso a la Justicia. Sostiene que el nuevo código está enfocado en la actividad prevencional del sistema jurídico al atacar las conductas conflictivas antes de que sean delito o víctimas (casos como los trapitos o lasagresiones a los docentes). "Es un gran fin prevencional de la delincuencia", cierra.
Desde la oposición aseguran que las conductas que el proyecto señala como faltas son en su gran mayoría comunes, corrientes y habituales en la dinámica cotidiana y que no constituyen delito.
Además, critican la mirada político-criminal de la iniciativa. “El Código se estructuran conforme a una sola y exclusiva óptica y percepción policial en el que casi todas las sanciones constan en privación de libertad o fuertes multas”, fundamentan.
La polémica sobre las sanciones
El proyecto habla de multas en unidades fijas (hoy el valor es de $9,50), trabajo comunitario y días de prisión para lo cual se propuso el acondicionamiento de un sector del penal de Boulogne Sur Mer.
Por su parte, la oposición habla de la posibilidad de aplicar día-multa porque se ajusta a la capacidad económica y de ganancia del infractor conforme lo que el Juez establezca según su capacidad productiva diaria.
Con respecto a este punto, el PJ logró que la conversión de la multa se hiciera de la siguiente manera: si no se paga la multa dentro de los tres días se sustituirá por trabajo comunitario (4 horas de servicio cada 100 unidades fijas), si no se cumple con el trabajo, recién ahí se pasará al arresto.
Además, el PJ logró quitar del plan de acciones -que un Juez puede obligar a cumplir a un infractor- el tratamiento médico, psicológico y las terapias familiares. Para la oposición, estas prácticas violan el derecho a la autonomía y no son taxativas.
También tuvo éxito en la incorporación de la conciliación. Es el acuerdo entre imputado y víctima sobre la reparación del daño que puede tener lugar en cualquier parte del proceso.
Los cambios que no fueron
De 198 artículos del texto original, el PJ propuso la eliminación de 19 artículos completos y de algunos incisos de los artículos 55 y 107. La mayoría de estas propuestas fue desestimada por el oficialismo.
Con otros párrafos fueron inflexibles, se negaron a negociar y pidieron la eliminación total. Como pasó con el artículo referido a la negación de informes sobre la identidad personal que habilita a las fuerzas de seguridad a sancionar si la persona no quiere dar sus datos, o la pena a los padres por los actos de los hijos (que consideraron inconstitucional).
En otros casos, pidieron eliminar artículos que entendieron que tenían competencia municipal como el caso de la omisión en el registro de pasajeros en los hoteles o la fijación de carteles en la vía pública o tirar escombros y basura en la calle.
También fue inaceptable para el PJ castigar mendigos porque es criminalizar la pobreza, como también consumir de bebidas alcohólicas en la vía pública.
