La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) trascendió los límites del sistema bancario para instalarse en la operatoria pública de vivienda en Mendoza.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) tiene previsto aplicarlo en las próximas unidades a entregar, unas 400 antes de fin de año y otra cantidad similar en los primeros meses de 2018, para actualizar cuotas que llegan hasta los $ 5.000 mensuales.
Esos importes son el 12% de la mora, según informaron desde el organismo. El grueso de los deudores pagan menos de $ 500 mensuales, pero no serán alcanzados por la nueva fórmula.
"No se pueden modificar las condiciones de los convenios originales, salvo que haya desadjudicación o cambie el titular", aclaró el presidente del IPV, Damián Salamone.
El organismo le dio forma a una resolución que espera un decreto reglamentario del gobernador Cornejo, quien había anticipado la medida a la Cámara Argentina de la Construcción Mendoza.
En el Ejecutivo quieren aplicarlo antes de fin de año y así recortar el “financiamiento 0”. Discutida y defendida por igual, los bancos usan UVA incluso en plazos fijos. Ayer llegó a cotizar en $ 20,68.
Más ingreso, menos plazo
Para despegarse de la oferta privada, según Salamone no habrá puntos extra por efecto de la inflación. Los bancos suman de 3% a 8% de interés.
En cuanto a la relación cuota-ingreso, será del 20% o 25%. Según Rodrigo Giménez, secretario administrativo del Instituto, "el valor UVA se acoplará al ingreso familiar. Para los adjudicatarios de menos recursos el plazo para pagar será mayor".
Dicho de otro modo, en la medida que suben los ingresos el plazo disminuye, aunque también depende del valor del inmueble.
Un par de ejemplos ilustrativos: para una vivienda de $ 450 mil, una familia necesita $ 10.000 para acceder a un financiamiento ajustable de hasta 18 años. Si la casa asciende a $ 1 millón, con la misma capacidad de pago el plazo llegaría a 35 años.
El universo de adjudicatarios del IPV, tanto como lo que pagan, es variopinto. Así, los antiguos (20 años o más) pagan unos $ 40, mientras los recientes arrancan en $ 3.000.
“Si bien los valores son lógicos para los precios de cada época, nunca hasta ahora hubo una metodología de actualización razonable. Esto permitirá un financiamiento genuino y con el recupero ser sustentable en el tiempo”, argumentó Salamone.
El funcionario puntualizó que “un objetivo es que no haya cuotas impagables, ni tan bajas como para impedir nuevas operatorias”.
La facturación actual llega a $ 20 millones mensuales, con una mora que se concentra en las cuotas más bajas. Casi 65 mil créditos otorgados se dividen en 3 tramos: 63% están debajo de $ 100 mensuales, en tanto que otros 16.000 (25%) pagan de $ 100 a $ 500; sólo 11.000 adjudicatarios tienen cuotas superiores.
