El FTyC es en realidad una entidad financiera y como tal actúa. Los inmuebles en cuestión proceden de la ejecución de las garantías de créditos no pagados. Los bienes son rematados por la Justicia, el Fondo concurre al remate con su crédito y adquiere el inmueble. De paso impide que la conocida "liga de compradores", un verdadero monopsonio (muy parecido a una mafia) haga sus espurios "negocios" en los remates judiciales.
El Fondo debe tener flexibilidad para realizar esos activos del modo más conveniente y oportuno, para maximizar sus ingresos, que es dinero que volverá prestar. Siendo un organismo financiero necesita tener dinero, no inmuebles que implican costos de mantenimiento; ya hace muchos años que los bancos tienen mecanismos muy ágiles para vender los bienes recibidos en pago u obtenidos por la vía judicial como hace el Fondo.
La ocasión resulta oportuna para recordar algunos aspectos de la historia del FTyC y observar la situación actual. El origen del organismo fue el resarcimiento a las provincias petroleras, realizado por el gobierno del presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Cavallo, luego de un largo litigio por las regalías petroleras mal liquidadas. Por aquel entonces el monto a recibir superaba los 600 millones de pesos-dólares, conforme al régimen de la convertibilidad vigente.
El propósito era evitar que esa cuantiosa suma, equivalente a más de la mitad del presupuesto provincial de aquel entonces, se aplicara al gasto público y, por otro lado, evitar que ese dinero fuese a los bancos estatales cuyo deficiente manejo era ya bien conocido. Los recursos recibidos provenían de la explotación de recursos naturales no renovables y debían destinarse a actividades económicas que ampliaran la base productiva de Mendoza.
El Fondo fue creado por Ley 6.771 de octubre de 1993 y comenzó a funcionar al año siguiente. Debe decirse que a lo largo de más 20 años los objetivos se cumplieron sólo parcialmente. Diversos gobiernos le echaron mano, bajo la figura de supuestos préstamos, para pagar gasto público -lo contrario de su finalidad- por lo que el fondo se fue reduciendo considerablemente. En otros casos, contingencias climáticas y la caída del Banco de Mendoza en 1999, presionaron para que el Fondo tuviese que acudir en ayuda de quienes no tenían condiciones para recibir asistencia de los bancos. Finalmente el gobernador Francisco Pérez también perjudicó al Fondo que terminó con alta morosidad en los créditos otorgados.
La nueva administración, según los datos existentes, ha mejorado apreciablemente la situación, tanto en la reducción de la mora, recuperación de créditos y aumentos de los fondos disponibles.
El Fondo tiene una cartera de préstamos de 550 millones de pesos, de los cuales más de 100 millones están aplicados a subsidios de tasas de interés de préstamos que otorgan el Banco Nación y el BICE. Este es un instrumento muy conveniente por su efecto multiplicador, y porque la evaluación del sujetos de crédito la hace el banco y él corre con el riesgo de crédito. El subsidio es de 3 puntos porcentuales.
Otro aspecto a destacar es la práctica del Fondo de exigir la garantía de Cuyo Aval (una sociedad de garantía recíproca) y fomentar el asociativismo, sea prestando a cooperativas como Fecovita, o promoviendo a productores y pequeñas empresas a asociarse para solicitar créditos en común.
Otro hecho destacable de la administración del Fondo es que tiene recursos líquidos por algo más de 600 millones en colocaciones financieras donde obtiene rendimientos que le permiten financiar a muy bajas tasas sin descapitalizarse.
