La llegada del nuevo procurador general de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, no ha acallado la sorda guerra que se desarrolla en el Poder Judicial.
Gullé fue un cercano de Rodolfo González, por lo que la otra facción entiende que lo nuevo no es más que la continuidad de lo viejo y con decisiones tomadas casi a diario que no siempre son bien vistas.
La interna sigue viva y encapsulada en los pasillos de tribunales. La clave para tender puentes sobre la grieta es lo que hará Gullé para demostrar que no es la continuidad de su antecesor. Aunque, por ahora, los bandos parecen mantenerse inalterables (ver aparte) y las críticas cruzadas entre ellos también.
En los pocos días que lleva, Gullé ha construido una impronta de hiperactividad que lo diferencia de la parsimonia que le criticaban a González.
De hecho, para mantener esa imagen de actividad, trascendió que en esta semana lanzaría el sistema de denuncias por internet, promesa de Gullé de antes de ser nombrado.
Más de esa idea de hiperactividad es el mítico origen de la resolución 402 del 6 de setiembre pasado. Algún entusiasta cuenta que Gullé salió de recorrida por las oficinas fiscales y no encontró ayudante fiscal alguno. Entonces decidió obligar a todos los funcionarios judiciales a marcar entrada y salida.
Fuentes del Ministerio Público niegan esa versión y juran que lo único que le impresionó a Gullé de sus visitas a las oficinas fiscales es el estado de la infraestructura edilicia (ver aparte).
Del otro lado levantan la apuesta y lanzan una frase que suena a eufemismo: “Tiene que abrir las fiscalías al territorio”; en el elegante lenguaje de abogado eso significa que buena parte de los fiscales del Gran Mendoza pisan poco las oficinas fiscales y eligen quedarse en sus oficinas del palacio de tribunales.
Del otro lado no niegan que eso es así, pero indican que debe ser así, porque es en el edificio judicial donde los fiscales tienen todos los recursos para investigar.
En los susurros de pasillo resuenan dos nombres; muchos dan como seguro que los adjuntos que elegirá Gullé son el único fiscal de cámara civil que hay actualmente, Héctor Fragapane, y el titular de la Sexta Fiscalía de Cámara del Crimen, Fernando Guzzo.
La guerra no es en el fuero civil, porque la pelea tiene como telón de fondo las facciones de la “mano dura”, espacio en el que se pone a Gullé, y el “garantismo”. Las huestes garantistas se preguntan qué hará Gullé con los fiscales que carguen con alguna denuncia en su contra.
Entre los denunciados hay uno que los garantistas consideran propio, Daniel Carniello, pero hay otros seis fiscales con algún contratiempo judicial, entre ellos el candidato Guzzo.
El misil tiene un destinatario claro; del otro lado acusan la estocada e informan que el fiscal de Cámara tiene una causa civil con su ex esposa, por motivos que no lo inhabilitan. Los que descalifican dicen que la causa está en los tribunales de familia y el fiscal tiene prohibición de acercamiento.
Mucho se dice sobre estas denuncias de fiscales, pero obviamente las más mentadas son las de Carniello, por la sucesión de presentaciones en su contra, y las dos que ha coleccionado Juan Manuel Bancalari.
Esas denuncias siguen agigantando la grieta judicial. Allí se mezclan las ideas en el derecho y lo partidario y en la mezcla surgen categorías difusas e imprecisas. Aunque garantismo y peronismo parecen ir juntos, mano dura y radicalismo también. Carniello fue funcionario peronista. A Bancalari se lo señala radical por la amistad de su hermana y el senador Juan Carlos Jaliff.
Sin embargo una de las denuncias contra Bancalari nada tiene que ver con esta pelea: la presentó Carlos Moyano, hijo del ex ministro de la Suprema Corte del mismo nombre, que no sólo es radical sino que está alejado de las huestes del garantismo, aunque no es un “mano dura”. Sin embargo, la presentación suma al caldeado clima y son muchos los que quieren que se perciba como parte de las esquirlas de la guerra.
Se habla de la nueva “autarquía” de la Procuración General. No faltan quienes se preguntan cómo el organismo de Gullé logró lo que el Poder Judicial no obtuvo y hasta deslizan una posible inconstitucionalidad. Los memoriosos recuerdan que el debate por la autarquía ha chocado con la necesidad de reforma constitucional.
Desde el Ejecutivo responden que la autarquía de la Procuración es apenas una independencia de las cuentas de la Suprema Corte. “Ambas harán su presupuesto, pero los que les damos la plata a ambos somos nosotros”, dice un funcionario del Poder Ejecutivo.
Dicen que toda escoba nueva barre bien. Por ahora, la hiperactividad que exhibe el flamante funcionario parece ser un cambio de aire que llama la atención. Pero tiene una sombra que genera desconfianza: la percepción de que Gullé es la cabeza de playa del Gobernador para influir decididamente en la vida cotidiana del Poder Judicial.
Gullé se esfuerza por mostrarse de buen diálogo con Casa de Gobierno y el Gobernador, pero independiente de criterio. Pero en el otro bando, al menos por ahora, no le creen.
Espacios apretados y en muy mal estado
La infraestructura edilicia de las oficinas fiscales es uno de los desafíos que tendrá el nuevo procurador general según sus críticos. Los conocedores cercanos a Gullé y también a González juran que el personal representa el 35% del total de los empleados y funcionarios del Poder Judicial, pero que todos ellos ocupan el 19% de los metros cuadrados que abarcan las dependencias de la Justicia.
Es decir, están apretados y sin muchas opciones de conseguir mucho más espacio.
Sin embargo juran que Gullé está realmente impresionado por la mala calidad de la infraestructura de los que están en la trinchera del Ministerio
Público, las unidades fiscales y que tiene la intención de resolverlo cuanto antes.
Gente que espera en la calle para hacer una denuncia; la que declara en una habitación con otros declarantes que pueden escuchar historias que muchas veces generan pudor al contarlas; algún baño con acceso enrejado, son algunas de las falencias que lo han impresionado.
La "polémica correccional"
Una decisión del Gobierno provincial que recibe críticas entre los garantistas es la vuelta a los tribunales y fiscalías correccionales. La polémica ya fue reflejada por Los Andes el jueves pasado. Alejandro Gullé viene planteando la vuelta de ese fuero dedicado a los delitos con penas de menos a tres años.
En 2014, la Provincia se planteó que esos juzgados y fiscalías correccionales no tenían sentido porque la mayoría de los delitos investigados ahí terminaban en sobreseimientos o prescripción y archivo, por lo que se los redujo a la mínima expresión: en la primera circunscripción (Gran Mendoza) quedaron apenas dos juzgados.
La Nación va por el mismo camino. Pero acá hay sintonía entre Gullé y el Gobierno de reflotarlos porque el 65% de las denuncias corresponden a este tipo de delitos.
“¿A un tipo que un día le roban una herramienta y otro le roban una camisa del tendedero le vamos a decir que eso no importa?”, dicen los defensores de la medida.
La respuesta es evidente: antes existían los tribunales correccionales y las causas terminaban archivadas. Entonces admiten que “antes funcionaban mal pero ahora hay que hacerlas funcionar bien”.
