Fortalecido por el triunfo electoral y con un guiño de la Justicia, Cambiemos ya diseñó una ambiciosa agenda parlamentaria para lo que queda del año, con convocatoria a sesiones extraordinarias, en la que buscará sancionar la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal (MPF) para remover a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
"La vamos a impulsar este año", confirmó ayer, en diálogo con periodistas parlamentarios, un diputado del oficialismo, con línea directa con la Casa Rosada.
De esta manera, Cambiemos retomará la iniciativa de desplazar a la referente de la agrupación kirchnerista de magistrados, Justicia Legítima, del cargo de jefa de los fiscales federales.
En octubre del año pasado todo estaba listo para darle media sanción a la reforma del MPF, pero la iniciativa se frustró luego de que líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, cuestionara el proyecto de ley del propio oficialismo.
La fundadora de la alianza Cambiemos planteó entonces su desacuerdo con el recorte de facultades al procurador, independientemente de que se trate de Gils Carbó; el excesivo poder que se le otorgaba a la comisión bicameral de seguimiento del MPF, presidida por la massista Graciela Camaño, con quien tiene mala relación, y la duración del mandato —es vitalicio— establecida en la iniciativa, de cinco años con posibilidad de prórroga por otros cinco años más. Ella quería que fueran 10.
El presidente Mauricio Macri no quiere a Gils Carbó como procuradora. El oficialismo la acusa de haber obstaculizado la investigación por presunto lavado de dinero al empresario Lázaro Báez, cercano al matrimonio Kirchner; de la creación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), al frente de la cual puso al cordobés Carlos Gonella, un abogado que no era fiscal y que había sido designado de manera regular. Renunció en abril de 2016.
Además, a Gils Carbó se la cuestiona por la discrecionalidad en los concursos para seleccionar fiscales y la cobertura de cargos sensibles con fiscales que concursaron y fueron seleccionados para otras jurisdicciones, como las de General Pico (La Pampa), Goya (Corrientes), Tartagal (Salta) y la capital de Santiago del Estero, y que terminaron siendo nombrados como titulares de fiscalías federales en la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.
Con la nueva reforma del MPF, Cambiemos no sólo se propone acortar el mandato del procurador sino también echar a Gils Carbó por la vía del juicio político.
Algunos oficialistas, como el macrista Pablo Tonelli, son partidarios de que el Presidente la remueva por decreto. Pero otros, como Carrió o el radical Mario Negri, creen que la solución institucional está en el Congreso.
El proyecto de ley que volteó Carrió hace un año contaba con las firmas de Cambiemos, el massismo, el Bloque Justicialista y el socialismo, entre otras bancadas opositoras.
Para este nuevo intento de reforma, el oficialismo espera volver a contar con el respaldo de estas bancadas.
Guiño judicial
El oficialismo volverá a la carga contra Gils Carbó no solamente por el mayor número de bancas que obtuvo tras la victoria electoral, sino también por un fallo judicial que declara inconstitucional el mecanismo de remoción del procurador general de la Nación, establecido en la actual ley orgánica del MPF.
Dos días antes de las últimas elecciones, el juez Pablo Cayssial, jefe del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°9, declaró inconstitucional la ley orgánica del MPF que establece el procedimiento de juicio político como mecanismo para remover al procurador.
El artículo 53 de la Constitución nacional establece que la Cámara de Diputados "ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete de Ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes" con los dos tercios de los presentes en el recinto.
Y el artículo 59 de la carta magna dispone "al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados" y éstos serán declarados culpables también con "la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes".
La actual ley orgánica del MPF establece que el mecanismo de remoción del procurador sea equiparable al de los jueces de la Corte, presidente y vice y ministros. Esto es lo que fue declarado inconstitucional por el juez.
Cambiemos entiende que, aunque este fallo fue apelado por Gils Carbó y ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, ya no es necesaria la mayoría de dos tercios para echar a Gils Carbó, lo que le facilita el trámite de juicio político para echarla.
Pero antes de impulsar el juicio político buscarán reformar la ley orgánica del MPF. Y buscarán hacerlo este año.
Gils Carbó asumió el 30 de agosto de 2012 en reemplazo de Estaban Righi, quien a su vez renunció luego de que el entonces vicepresidente, Amado Boudou acusara a su estudio jurídico de hacer lobby y traficar influencias en el ámbito judicial.