Cambian la misma ley 3 meses después

El Gobierno y la UCR avanzaron ayer en el texto de la nueva norma de Administración Financiera, que había sido modificada por el PJ en abril y generó el planteo radical ante la Corte. Borrón y cuenta nueva.

Cambian la misma ley 3 meses después
Cambian la misma ley 3 meses después

Un proyecto que se venía analizando desde hace algo más de un año y medio reemplazará a la vieja ley 3.799 de Contabilidad de la Provincia. La cuestión es que ese proyecto que será aprobado el martes que viene por el Senado y el miércoles en Diputados es el que viene a clausurar el problema judicial que enfrenta al PJ y la UCR ante la Suprema Corte. Se trata del proyecto de Ley de Administración Financiera, cuyo texto ayer fue presentado ante senadores y diputados de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas cámaras.

El tema es complejo, técnico. La guerra desatada en diciembre pasado por la negativa radical a autorizar al Poder Ejecutivo a tomar nueva deuda pública, culminó en una batalla judicial por una ley que el oficialismo aprobó a fines de abril con el rechazo de la UCR. En esa norma se reglamentaba lo que se conoce como ‘reconducción presupuestaria’, es decir las condiciones bajo las que se usa el presupuesto del año anterior en caso de no haber pauta de gastos para el año en curso. Esa ley ni más ni menos modificaba la vieja ley de Contabilidad.

Esa modificación le permitía un atajo al Ejecutivo para tomar deuda por más de 1.700 millones de pesos, salteándose la condición puesta por la Constitución provincial que prescribe que toda deuda debe ser autorizada por los dos tercios de los legisladores de cada cámara. El atajo consistía en dar por válida nuevamente la autorización obtenida en el presupuesto 2013. Ese atajo fue cuestionado en la Justicia por la UCR y la Corte le dio la derecha paralizando cualquier gestión para obtener créditos.

Entonces vino la la paz que firmaron PJ y UCR la semana pasada. Ahora se avanza en otro proyecto de ley que modifica totalmente la ley 3.799, anula el cambio de de hace mes de tres meses y, de esa manera, hace caer en abstracta la demanda judicial planteada por los radicales. Lo curioso es que este proyecto que se aprestan a aprobar ahora es una vieja iniciativa del Ejecutivo y que viene siendo debatida desde octubre de 2012.

¿Por qué no se avanzó en abril con este proyecto, que tiene un amplio consenso, en lugar del otro que terminó con una cautelar y un pedido de inconstitucionalidad? Esa pregunta sólo tiene especulaciones por respuestas y responsabilidades compartidas entre ambos bandos. Lo que sí está claro es que ayer el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, presentó el texto que acordó con los legisladores radicales Sergio Moralejo y Martín Kerchner, el peronista Francisco Cófano y el subsecretario de Hacienda, Juan Antonio Gantus.

En realidad, esta negociación viene tejiéndose desde hace mucho y eso es lo que más enciende la pregunta de por qué llegar a la confrontación, cuando al menos en este punto estaba todo casi cocinado. El tejido previo fue la consulta a todos los secretarios de Hacienda de las 18 comunas mendocinas, motivo por el cual el propio Kerchner ya había opinado cuando cumplía esas funciones en la Municipalidad de Godoy Cruz.

El compromiso tomado ayer fue sencillo: repartir el texto a todos los legisladores de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de las dos cámaras, darse unos días para arrimar algunas observaciones y el lunes a las 9 se juntarían todos para retocar el texto de la iniciativa y dejarla lista para ser sancionada por el Senado el martes.

De todos modos, más allá de que se escucharán propuestas, no todas serán atendidas, teniendo en cuenta que ya fueron consultados los intendentes y ya hay acuerdo sellado entre los negociadores radicales y los peronistas. No hay mucho margen para cambiar grandes cosas.

La ley de administración financiera regula todo el funcionamiento del Estado, incluidos los municipios: las licitaciones, las compras directas, todo en lo que intervenga el intercambio de plata pública. Como se ve, no se trata de una ley más, ni de las más breves.

Entre los puntos salientes, se acordó ‘enterrar’ la tristemente célebre reconducción presupuestaria. “Tomamos los mismos artículos de la ley nacional de Administración Financiera y así la causa judicial cae en abstracto”, explicaba Costa.

En este tema quedó en el tintero la definición de qué son las partidas ordinarias y cuáles las extraordinarias. Esta definición no es menor, pero el senador Moralejo ayer decía que “las leyes tienen un proceso de maduración. ¿El reemplazo de un tomógrafo en el hospital Notti es gasto ordinario o extraordinario?”, se preguntaba para explicar porqué el tema ha quedado abierto.

En lo que si hay consenso es en que es necesario evitar la tentación de gobernar sin presupuesto sea quien sea el que gobierne. “Cuando tenemos una crisis política que no permite tener presupuesto, garantizamos la continuidad de los servicios del Estado, pero que no se incentive el no tener presupuesto. Este es el difícil equilibrio al que hay que encontrarle la redacción, para evitar la tentación de decir 'no necesito nuevo presupuesto' y evitar los acuerdos políticos”, decía ayer el presidente de la bancada de senadores oficialistas, Fernando Simón.

El resto todo quedó saldado, particularmente el tema de la emisión de letras por parte del Estado. Se acordó que se podían emitir hasta el 2,5% del total de los recursos estimados del año y que se debían cancelar al 31 de diciembre del mismo ejercicio, salvo en los años en que haya recambio gubernamental; en ese caso, la letra debe quedar saldada al 30 de setiembre.

Crearán una auditoría general de la Provincia

Entre los puntos salientes de la norma consensuada se cuenta la creación de un control interno de la gestión pública, un equivalente a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), pero con otro nombre: Auditoría General de la Provincia.

Esta repartición será conducida por un profesional nombrado por el gobernador, quien deberá controlar la calidad y la legalidad de la administración y deberá informar al mandatario acerca de las irregularidades que encuentre en la gestión cotidiana del Estado.

Además, se incluyó otra disposición que seguramente hará más lentos los procesos de compras y contrataciones, pero que implica otro control para sumar transparencia: la intervención previa de la Contaduría General de la Provincia, para que verifique el proceso administrativo antes de asumir el gasto.

El otro tema acordado tiene que ver con una de las grandes disputas de los últimos tiempos entre oficialismo y oposición: la creación de una oficina de recursos humanos de la administración pública que centralice los datos de todos los trabajadores del Estado.

Un lunes dedicado al consenso

El Presupuesto 2014 es el otro tema que está en diálogo para cerrar la confrontación entre PJ y UCR. Es en esta discusión dónde se salda la cuestión del endeudamiento que tanto reclamó el Gobierno. En la reunión de ayer, el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, dejó en claro que aún no tenía números finales que informar pero que se trabaja contrarreloj para llegar al lunes de la semana que viene.

Ayer, entonces, se acordó que el lunes a las 9 de la mañana los legisladores de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas cámaras se reunirían con Costa para ultimar los detalles de redacción de la ley de Administración Financiera y luego continuarían con el presupuesto 2014.

Ese lunes promete ser largo. No sólo porque la ley en la que hay consenso tiene casi 220 artículos, sino que el articulado de la pauta de gastos es largo y además hay menos consensos construidos.

Sin embargo Costa fue optimista: “Vamos a estar hasta tarde, pero vamos a lograr un acuerdo”. La premisa es lograr que el martes el Senado vote las dos leyes y las remita a Diputados para que les dé sanción definitiva, incluyendo la autorización para que el Gobierno tome 800 millones de endeudamiento.

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