A 12 años de su sanción, la Legislatura mendocina modificó el texto de la ley 7.722 en un solo día en sesiones especiales de ambas Cámaras. A partir de ahora las empresas mineras que se instalen en la provincia podrán utilizar cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas siempre y cuando se ajusten a las controles ambientales vigentes. Del texto anterior sólo se mantuvo la prohibición del uso del mercurio en el proceso.
La flexibilización de la norma -para permitir la minería metalífera y de esta forma ampliar la matriz productiva- se intentó en la Legislatura el año pasado con los proyectos de los peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles, pero finalmente ambos se archivaron con el inicio del año electoral.
Durante la campaña, los candidatos de las principales fuerzas políticas (Anabel Fernández Sagasti -PJ- y Rodolfo Suárez -UCR-) dejaron en claro que iban a modificar la ley ante la necesidad de generar puestos de trabajo genuino. Suárez cumplió su promesa y al día siguiente de asumir el Gobierno mandó el proyecto de modificación de la 7.722 a la Legislatura. Como él quería, el tratamiento y aprobación fue en tiempo récord: las comisiones conjuntas empezaron a analizarlo el lunes 16; con los aportes del PJ, el jueves obtuvo despacho y ayer consiguió sanción definitiva. En la mañana se trató en el Senado (29 votos a favor y 7 en contra) y en la tarde, en Diputados (36 votos a favor, 11 en contra y 1 una abstención).
Los votos radicales y peronistas fueron clave para aprobar el proyecto, aunque hubo algunos en contra del PJ y Cambia Mendoza que mostraron cierto quiebre al interior de los dos bloques mayoritarios. El más grande se vio en el peronismo de la Cámara baja donde 5 de 17 diputados del PJ votaron por la negativa.
En el oficialismo, en tanto, la principal brecha la evidenció Jorge Difonso, uno de los abanderados de la 7.722, quien aseguró que habrá pedidos de inconstitucionalidad porque se trata de una modificación regresiva que va en contra de todas las normas ambientales. "Cambiaron el corazón de una ley que estaba a la vanguardia en el mundo y que fue tomada como modelo por el Parlamento europeo", se quejó el ex intendente de San Carlos.
Los cambios en la legislación dan luz verde a casi 20 proyectos mineros que están en carpeta en la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros. Pero hay sólo cuatro de ellos avanzados: Cerro Amarillo, San Jorge, Paramillos y Don Sixto.
Además, se cambió el control Legislativo por la Policía Ambiental que dependerá del Ejecutivo; sumó audiencias públicas, seguros, la publicación de datos en la página web, la creación de la empresa provincial minera y un fondo para gestionar el agua.
Protesta social
Desde el inicio de esta semana particulares, ambientalistas y distintas organizaciones se manifestaron frente a la Casa de las Leyes, que lució completamente vallada y custodiada por un operativo policial desde el martes, cuando la tensión escaló en el momento que los manifestantes rodearon el edificio, exigieron el archivo del proyecto y los legisladores quedaron encerrados durante tres horas.
La manifestaciones sociales y los cortes de rutas en distintas partes de Mendoza fueron algunos de los argumentos que mencionaron los legisladores que votaron en contra, ya que aseguraron que no había consenso social para tratar la iniciativa.
En contrapartida, los senadores y diputados a favor esgrimieron, en reiteradas oportunidades, que el resultado electoral daba a las dos fuerzas principales de Mendoza el aval de la población para hacer los cambios en el texto de la normativa aprobada en 2007.
Lejos del festejo que rodeó la sanción de la "Ley Cobos" hace 12 años, la aprobación de la modificación ayer estuvo surcada por las caras serias de los legisladores en el recinto y la ausencia de funcionarios del Ejecutivo para dar declaraciones y celebrar la concreción de la iniciativa. Es más, los diputados y senadores se fueron rápidamente luego de terminada la sesión para evitar las protestas.
Abed, el gran ausente
En su rol de vicegobernador, Mario Abed debía presidir ayer la sesión del Senado en la que la modificación de la Ley 7.722 obtuvo media sanción. Sin embargo, el ex intendente de Junín casi ni participó del debate por lo que el senador Juan Carlos Jaliff, presidente provisional de la Cámara, fue el encargado de conducirlo.
A Abed sólo se lo vio en el recinto para la apertura de la sesión y casi al final, cuando regresó y alcanzó a dar la palabra al último senador que habló, el oficialista Alejandro Diumenjo. Sin embargo, instantes después volvió a levantarse y no estuvo a la hora de la votación.
Muchos interpretaron este gesto del vicegobernador de Suárez como un rechazo suyo a los cambios a la Ley. En diálogo con Los Andes, Abed lo desmintió y aseguró que estaba "preocupado por lo que pasó el martes" (con los manifestantes en la puerta de la Legislatura) y "ocupado con la seguridad" de la gente afuera. "Para nada estoy enojado.
Estuve dos veces en el recinto y hubo dos anuncios que me preocuparon y tuve que ir al centro de monitoreo”, agregó. Esos hechos fueron dos amenazas de bomba que hubo mientras se desarrollaba el debate, aseguró.
La noche anterior, la del jueves, un grupo de personas que defienden la 7.722 hicieron un cacerolazo en la puerta de la casa de Abed, en Junín. "Vieron que no había nadie y se fueron en paz", minimizó el hecho el vicegobernador. Consultado sobre qué postura tiene acerca del proyecto que finalmente se aprobó, eludió el tema asegurando que respeta "cada votación" que se haga en la Legislatura y que él no tiene "voz ni voto. Ésa es la realidad dentro de la vicegobernación".
Claves
-Se permite el uso de cianuro y ácido sulfúrico. Sólo quedó prohibido el mercurio. La utilización de sustancias quedó restringida a a las que "aseguren la sostenibilidad del producto" y estén permitidas en el país.
-Fin del aval legislativo a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). No será necesario que los nuevos proyectos mineros pasen el filtro de la Legislatura. Pero las empresas deberán contratar un seguro con el que puedan responder ante cualquier pasivo ambiental.
-Fondo compensador para obras y riego. A las regalías mineras se prevé destinarlas a obras viales e hídricas en la provincia.
-Policía Ambiental y Comisión Bicameral. La ley contempla la creación de un cuerpo policial y de otro legislativo para controlar a los emprendimientos mineros en materia ambiental
