Marcelo Romano, senador provincial por Protectora, quedó a un paso de perder la inmunidad que otorgan los fueros legislativos. El despacho con mayoría se aprobó el miércoles y de esta manera, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) dio lugar al pedido de la fiscal Gabriela García Cobos que había pedido desaforar a Romano, imputado por presunto "atentado contra la autoridad" durante un altercado protagonizado por la policía y su hija el 11 de agosto de 2019.
El legislador insiste que este procedimiento es una "persecución política" del oficialismo por el pedido de explicaciones que solicitó con respecto a Portezuelo del Viento. La obra está bajo la lupa por cuestionamientos al pliego licitatorio por parte de las empresas y a la renuncia de Daniel Chicahuala, asesor del ministerio y quien diseñó dicho pliego.
"La nota en la que yo pedí interpelar a (Mario) Isgró -Ministro de Planificación e Infraestructura Pública- es del 7 de mayo. No pasaron ni siete días y pidieron el desafuero. La necesidad de que el único legislador que estaba pidiendo explicaciones sobre algo que, después de la renuncia de (Daniel) Chicahuala es un escándalo, llama mucho la atención", expresó Romano a Los Andes.
Los motivos que se expresan en el despacho aprobado el miércoles en la reunión de comisión son los citados en el Expediente P-739458/19, en donde la fiscal Gabriela García Cobos lo investiga por el delito de “atentado a la autoridad agravado” y pide el desafuero luego de que Romano, según el expediente, amenazara a policías que habían demorado a su hija por conducción temeraria al volante de un Renault Clio.
En Cambia Mendoza evitaon las declaraciones públicas pero aclararon: "Nos ajustamos a derecho, es algo que pide la Justicia, que pide la fiscal". Y que el despacho se tratará "recién el 26 de mayo", asegurando que el desafuero avanza ahora porque "en diciembre estuvo el tema de la minería, después el receso y ahora la pandemia".
Desde el peronismo adelantaron que no acompañarán el voto para el desafuero. "Tiene un tinte político entendiendo que desde el punto de vista legal no es lógico lo que se plantea. Es una bajeza total estar tratando esta estupidez ante el contexto económico y social que se está viviendo", comentó Mauricio Sat, legislador del Frente de Todos y vicepresidente de la comisión de LAC.
“Nos parece una actitud muy floja porque desde el punto de vista penal no hay ojos para verla. Cuando Romano anda bien con el oficialismo, el expediente no avanza; cuando no anda bien, avanza el desafuero”, indicó.
El senador de Protectora criticó los argumentos del oficialismo y advirtió que el precedente que se asienta será grave porque "no es un delito, es una contravención y no amerita prisión preventiva. El artículo 167 de la Constitución provincial que alega el oficialismo, hace referencia a la prisión preventiva. Si es una contravención, no un delito, no merece nunca la prisión preventiva. Esto es lo grave del procedimiento del desafuero, se está incumpliendo lo que dice la Constitución por un apriete político".
"Qué justo que cuando yo voy a hacer declaraciones de Portezuelo del viento, (Alfredo) Cornejo estaba en el pasillo de la comisión, instando a cada uno de los senadores a pedir el desafuero", sostuvo.
Una investigación penal y la cesantía de su cargo de planta
Desde fines del 2019 Marcelo Romano viene protagonizando algunos hechos que lo han dejado en una posición incómoda ante el oficialismo.
En noviembre entró el pedido de desafuero de la fiscal Garcpia Cobos, y que según consta en esa solicitud, el hecho por el que se lo acusa a Romano sucedió por la tarde del 11 de agosto, en el Acceso Sur a la altura del barrio ATSA, Godoy Cruz.
Allí, la Policía detuvo a la hija de Romano luego de que un llamado al 911 alertara sobre la conducción temeraria del vehículo, un Renault Clio. El legislador les habría dicho a los efectivos: "Me llamo Marcelo Romano, ella es mi hija, yo soy senador e integrante de la Bicameral de Seguridad, por qué tienen demorada a mi hija, dedíquense a perseguir chorros en las villas, soy íntimo del Ministro de Seguridad Venier, van a perder el trabajo por esto". El delito por el que se lo investiga establece una pena de prisión de entre seis meses y dos años.
Además, en diciembre de 2019 fue cesanteado por el Poder Ejecutivo de un cargo de planta reservado que tenía en el Estado provincial, por "no regresar a cumplir funciones ni renunciar en tiempo y forma". Para el senador, se trata de un caso de "persecución política" y que quedó demostrado.
Según consta en el decreto 2880, con fecha al 3 de diciembre, Romano, que tiene además otro cargo de planta reservado en el Congreso de la Nación, "no habría justificado sus inasistencias entre los años 2015 y 2018, período en el cual no se reincorporó a su empleo en el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía ni justificó sus inasistencias, con lo cual, no habría dado cumplimiento a su deber de prestación personal del servicio".
