El mapa vial de Mendoza es un rompecabezas difícil de armonizar, por lo menos a corto plazo. La situación es una combinación de rutas -muy pocas- en buen estado, muchas regulares y un elevado porcentaje de kilómetros en pésimas condiciones de transitabilidad, con los riesgos que implican para las personas. El mismo panorama se traslada a las calles de los departamentos del Gran Mendoza, prácticamente destruidas en diferentes zonas, al igual que en el Valle de Uco y zonas Este y Sur.
Todo el cuadro de inestabilidad que tenían hacia fin de año los pavimentos y las arterias de suelo natural, especialmente estas últimas, cayó en picada como consecuencia de las tormentas de viento y lluvia de los meses precedentes, especialmente las registradas en el mes en curso.
“Hay baches por todos lados y no damos abasto para cubrir todas las tareas”, apuntaba un operario vial, consciente de que la capacidad de reparación es infinitamente menor que el daño. Banquinas destruidas en 80%, ondulaciones de asfalto, anegamientos, pozos y otras alteraciones en la carpeta de rodamiento, además de la falta de demarcaciones en ciertos casos, son expresiones cotidianas.
Acentúa el panorama el que hayan caído significativamente los fondos para equipamiento y la capacidad de encarar obras de la Dirección Provincial de Vialidad, que es el motor para el desarrollo y crecimiento de la política de vías de circulación.
Resulta urgente y necesario dotar de fondos genuinos a la repartición y así posibilitar que sus técnicos y operarios salgan al terreno a hacer lo mejor que saben: construir y arreglar las calzadas por donde se desplaza el habitante de todos los días, las cargas y los visitantes que quieren acceder a los paisajes mendocinos, a veces vedados por el mal estado de los caminos turísticos, posición en la que ha insistido con reiteración la Cámara de Turismo de Mendoza.
Además de los problemas que tiene la DPV, hay que añadir que en la actualidad la institución ha dispuesto eliminar los controles de pesos y dimensiones las 24 horas, brindando una oportunidad a quienes circulan con cargas excedidas porque saben cuándo no están los inspectores.
Desde dentro de la repartición se ha admitido además que no hay fondos suficientes para la conservación y mantenimiento de caminos por la carencia de insumos básicos: combustible, lubricantes, cubiertas, asfalto y premezclados asfálticos.
El estado terminal de la red vial obliga entonces a soluciones de extrema urgencia que reviertan el deterioro actual y proyecten necesarias ejecuciones. Córdoba resolvió en gran medida el problema con el remplazo de la denominada tasa vial (derivada del cobro del gasoil) y creó un fondo de mantenimiento, conservación y mejoramiento de la red de caminos primarios y secundarios, por un monto de $ 789 millones.
Es posible que Mendoza pueda realizar una operación similar y crear una partida fija con destino a atender la infraestructura vial. Hay iniciativas existentes en la materia, como un proyecto presentado hace 4 años por un diputado de extracción gremial, que propuso una ley para la conservación, mantenimiento y construcción de caminos por administración.
Habrá que ver si la recepción por el Estado mendocino de una partida de $ 1.800 millones, como parte de la devolución progresiva del 15% de la coparticipación que retenía la Nación, puede convertirse en fuente de un tanto por ciento de dinero fresco para aplicar a la solución de la destrucción vial que padece el territorio.
