Desde que se sancionó la Ley de Educación Nacional (N° 26.206) en 2006, la Legislatura mantiene una deuda pendiente con los mendocinos. Es que a partir de allí, las provincias debían adecuar sus propias normativas y Mendoza no lo hizo. Si bien en 2008 se comenzó a trabajar en una nueva ley de educación provincial y en 2012 se elaboró un primer proyecto, nunca llegó a ver la luz. Recién a principios de agosto de este año se conformó en la casa de las leyes una nueva Comisión Bicameral de Educación para elaborar un borrador y aprobarlo antes de fin de año.
Según los legisladores que la componen, los temas que han trabado su aprobación y que se discutirán próximamente son la evaluación de la calidad y el financiamiento.
Medición igual o diferenciada
La evaluación de la calidad educativa en las escuelas mendocinas genera visiones encontradas entre los senadores y diputados que tienen en sus manos el futuro de la normativa.
La senadora Norma Corsino (UCR) es una de las que sostiene que las mediciones a los alumnos no deben ser generalizadas, si no adecuarse al contexto del establecimiento en el que estudian los chicos. “No puedo evaluar de igual modo una escuela rural, que una urbano marginal, se debe contemplar sus características y circunstancias propias”, aseguró la legisladora a la vez que manifestó que en una futura ley debe plasmarse cómo se harán estas mediciones.
“Hay que tener en cuenta los actores y cómo cada institución pueda llegar a armarse de estrategias para poder evaluar y que la misma no sirva para competir con otra institución, ni otro departamento, sino como una herramienta más del proceso”, añadió. La senadora también hizo hincapié en la evaluación continua. “Tiene que ser permanente y estar atentos al resultado, no sólo para tener una estadística, sino para corregir aspectos que tengan falencias”, expuso.
Su par Noelia Barbeito (FIT) coincidió en parte con esta postura. “La educación no se puede trabajar como una empresa en la cual se miden estándares. Para medir calidad se tiene que tener en cuenta el contexto social, el barrio, los docentes y los alumnos”, afirmó. Su propuesta en este aspecto es evitar que el gobierno oficial imponga cómo se debe medir la calidad de cada establecimiento. “Lo tendría que determinar la misma comunidad educativa en función a sus propios intereses y necesidades”, señaló.
En la otra vereda, el senador Gustavo Cairo (PD- Pro) y secretario de la comisión, postula una evaluación común a todas las escuelas. “No para realizar un ranking hacia afuera, sino para saber cómo están aprendiendo los chicos en cada colegio”, aclaró. Según su visión, si se llegase a estipular una prueba diferenciada para cada escuela se podría generar una situación contraproducente. “Se podría caer en un círculo vicioso en el cual los directores estimulen a los profesores a ser facilistas, a no exigir mucho, total no van a tener ninguna comparación real”, apuntó.
Con una postura de evaluación más abarcativa, se presentará en la comisión el diputado Tadeo García Zalazar (UCR). “Tenemos una propuesta de evaluación integral del sistema donde se valore todo el sistema escolar incluyendo al gobierno escolar, docentes, alumnos y la participación de los padres”, adelantó el legislador. García Zalazar también hizo hincapié en la necesidad de formar indicadores generales para todas las escuelas, pero antes habrá que garantizar que todas tengan las mismas condiciones de base. “Es un sistema de medición parecido al que tienen en Brasil”, detalló.
Discusión presupuestaria
El financiamiento de la nueva ley fue el aspecto que más perjudicó su sanción, ya que el proyecto del año 2012 quedó frenado en la Comisión de Hacienda del Senado. La dicotomía que se plantea es si la norma recibirá los recursos en base al Producto Bruto Geográfico (PBG) o del presupuesto provincial de ese año.
“A nivel nacional, la ley de educación se financia con un proporcional del PBI, pero el problema para replicar ese modelo en la provincia es que hace dos años que no se releva más el PBG”, denunció García Zalazar. Para él, entonces, no quedaría otra alternativa que vincular el presupuesto de la normativa con el provincial. “No podemos poner en la ley un porcentaje de un producto bruto que el Estado no estima, ya que habría que dejarlo librado a la medición de una consultora privada”, precisó.
En tanto que para Barbeito, la mejor opción es que el financiamiento sea un porcentaje del PBG. “Porque el presupuesto depende del gobierno de turno y puede pasar como este año que se demore”, señaló a la vez que aseguró que atándolo al producto bruto se llegaría a una situación más estable que no dependería de un “juego político”.
La DGE dio su punto de vista
La titular de la Dirección General de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, opinó sobre los dos aspectos más discutidos de la nueva ley.
En relación a la evaluación de la calidad educativa informó que actualmente el gobierno escolar cuenta con mediciones provinciales estandarizadas. "Se evalúa a los alumnos con pruebas en tercero y séptimo de primaria y en primero y quinto año del secundario en las cuatro materias básicas", explicó. "Los resultados se trasladan a las escuelas para que sepan cómo les fue y que vean qué pueden hacer para mejorar", agregó.
Por otra parte, se participa de evaluaciones a nivel nacional y también internacional. Para profesional, sería un buen aporte incorporar pruebas diferenciadas a las ya existentes. “Se pueden agregar como un plus, por ejemplo en escuelas rurales donde tienen grados múltiples, ya que el proceso de aprendizaje es diferente y allí es donde convendría respetar las características particulares”, señaló.
Con respecto al financiamiento, recordó que actualmente proviene del presupuesto provincial y oscila entre el 32% y el 34% del mismo. “Las dos formas que han propuesto para financiar la nueva ley, tanto la de un porcentaje del PBG como del presupuesto provincial me parecen correctas porque ambos sistemas miden incrementos”, expuso.
Pasos a seguir
La Comisión Bicameral de Educación de la Legislatura tiene previsto reunirse hoy a las 10 para tratar la calidad educativa. Mientras que la semana próxima se reunirá con los directivos del SUTE, para continuar debatiendo y acordando el futuro de la ley provincial de educación.
Integrantes: La diputada Lorena Saponara (FPV) es la presidente; la senadora María Quiroga (UCR), vicepresidente, y el senador Gustavo Cairo (PD- Pro), secretario de la comisión. Además está formada por los senadores Norma Corsino (UCR) y Noelia Barbeito (FIT) y los diputados Tadeo García Zalazar (UCR), Martín Dalmau (FIT) y Rómulo Leonardi (PD).
