Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido y José López, el hombre de los bolsos revoleados en el convento en 2016, comandaron una asociación ilícita para la recaudación de sobornos que eran pagados por más de un centenar de empresas para la adjudicación de obras públicas.
Así lo señaló ayer la Sala I de la Cámara Federal porteña en un fallo que confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta y, desde el domingo, vicepresidenta electa por el Frente de Todos.
Con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, la Cámara Federal dio a conocer tres fallos apenas treinta y seis horas después de las elecciones presidenciales que comenzaron a modificar el mapa del poder político en la Argentina.
Ese fallo complicó más el frente judicial de Cristina dejándola al borde de un nuevo juicio oral, pero hubo otros dos que la beneficiaron determinando la falta de mérito en las causas de los peajes y el gas licuado, por lo que los procesamientos resultaron revocados por los mismos jueces.
Ahora, Cristina tiene once procesamientos confirmados y seis pedidos de prisión preventiva. Del total de causas, seis ya fueron elevadas a juicio oral. Sólo en la de la Obra Pública en Santa Cruz se inició el juicio, pero ese proceso está suspendido hasta el 4 de noviembre.
Obra pública
En el primero de los fallos, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento y el pedido de prisión preventiva de la ex presidenta por 175 presuntos cobros de sobornos por el reparto de la obra pública durante su gobierno. Además, ratificó el embargo por 200 millones de pesos.
Bruglia y Bertuzzi avalaron la instrucción de la causa que estuvo en manos del juez federal Claudio Bonadío, quien acusó a la senadora de ser jefa de una asociación ilícita para la cartelización en la obra pública.
Para los dos magistrados, existió "un mecanismo implementado para lograr la deliberada distribución de la obra pública, que tenía como fin último nutrir de fondos a la asociación ilícita comandada y estructurada por Cristina, De Vido y López", entre otros.
Así, la Cámara avaló lo sostenido por Bonadío, quien dijo que hubo una "maquinaria de corrupción" que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Kirchner y durante los doce años de gestión.
Este proceso judicial comenzó cuando aparecieron ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno, ex chofer del entonces Ministerio de Planificación Federal.
La Cámara también confirmó parcialmente el procesamiento y embargos multimillonarios a Gerardo Ferreyra (amigo del ex funcionario K Carlos Zannini), Carlos Wagner (ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción), Aldo Roggio, Juan Chediack, Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Cristóbal López; José, María Rosa y Gerardo Cartellone, entre otros empresarios de la construcción. Quedaron en la misma situación Carlos Arroyo y Carlos Roldán, de Green SA, empresa con oficinas en Mendoza.
Por otro lado, revocaron los procesamientos a los empresarios Lázaro Báez, Eduardo Eurnekian, Juan Carlos de Goycoechea y Gustavo Weiss.
Corredores viales
También la Sala I de la misma Cámara revocó el procesamiento de la vicepresidenta electa en la causa por el presunto pago de sobornos por la adjudicación de los corredores viales en los que las concesionarias tienen el control de los peajes.
En junio pasado, el juez federal Claudio Bonadío había procesado a la entonces senadora nacional y ex presidenta de la Nación y a más de 100 imputados, entre funcionarios y empresarios.
Bonadío había procesado a Cristina por "las maniobras ilegales realizadas en el otorgamiento y control de la obra pública" entre 2003 y 2007 por medio del Organismo de Control de las Concesiones Viales (Occovi) que condujo Claudio Uberti. Pero la Cámara determinó que, en el período investigado, la senadora no gobernaba y por ello rechazaron la acusación en su contra.
También se confirmó la ampliación de los procesamientos de De Vido por hallarlo prima facie coautor del delito de cohecho pasivo reiterado en seis hechos.
Asimismo, se confirmó la ampliación de procesamiento para Uberti, acusado de organizar una asociación ilícita en concurso real con el delito de cohecho pasivo reiterado en seis ocasiones.
Gas licuado
También Bruglia y Bertuzzi revocaron el procesamiento de la ex presidenta en la causa por la cual se la investigaba por presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado durante su Gobierno.
Los magistrados escribieron que correspondía revocar el procesamiento y decretar la falta de mérito de Cristina porque por ahora no hay elementos probatorios suficientes para acreditar que la operatoria ilícita haya estado bajo su mando.
Para el tribunal, hasta el momento no ha logrado constatarse que los supuestos beneficios indebidos derivados de las contrataciones efectuadas por la estatal Enarsa, estuvieran vinculados causalmente con pagos ilícitos canalizados a través de una supuesta estructura criminal.
En consecuencia, afirmar la participación de la ex mandataria en los eventos pesquisados en la presente requeriría de un avance en la investigación, dijo la Cámara Federal en uno de sus fallos.
Claves
Dos a uno. La Cámara Federal revocó los procesamientos de Cristina en las causas de las coimas en corredores viales y en la de sobreprecios en la compra de gas licuado; pero confirmó la imputación en la de cartelización de la obra pública.
Embargos y procesados. En la causa de la obra pública (derivada de "Los cuadernos), la vice electa fue embargada en 200 millones de pesos. También se confirmó imputación y embargo para miembros de las empresas Cartellone ($ 300 millones) y Green ($ 60 millones).
Un mendocino fuera. Fue revocado el procesamiento de Danilo De Pellegrin y se dictó la falta de mérito.
Redujeron embargos contra los mendocinos Cartellone
La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó ayer parcialmente los procesamientos a los empresarios mendocinos José, María Rosa y Gerardo Cartellone, en la causa por la presunta cartelización de la obra pública y el supuesto pago de sobornos.
Asimismo, redujo el embargo trabado sobre sus bienes personales a 300 millones de pesos a cada uno. El juez de Instrucción Claudio Bonadío había embargado a estos empresarios por unos 2.000 millones de pesos.
Las autoridades de la empresa José Cartellone Construcciones Civiles SA están acusadas de haber realizado, entre setiembre de 2011 y octubre de 2013, unos treinta pagos de supuestos sobornos a entonces funcionarios kirchneristas.
Según el expediente, esos pagos fueron por montos totales de 23.630.000 pesos y 300.000 dólares. Al ser indagadas por el juez Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, las cinco personas vinculadas a la compañía negaron haberlo hecho.
Las acusaciones surgieron de las declaraciones del denominado "financista K", Ernesto Clarens, un hombre cercano al fallecido ex presidente Néstor Kirchner y al detenido empresario patagónico Lázaro Báez.
El expediente indica que, según Clarens, los pagos eran realizados por Tito Biagini, quien era el presidente de la compañía y Hugo Kot, un empleado de cuya posición de relevancia no puede dudarse.
Indica que María Rosa, José y Gerardo Cartellone no sólo fueron accionistas de la compañía sino que estuvieron al frente de su gestión en diferentes intervalos a lo largo de los doce años en los que gobernó el kirchnerismo, motivo por el cual -contrariamente a lo que pretenden- tampoco pueden distanciarse de los hechos.
Las defensas de los cinco imputados habían presentados diversos recursos para pedir la nulidad del proceso, pero estos les fueron rechazados.
