La Justicia italiana condenó ayer a cadena perpetua a ocho ex militares sudamericanos, entre ellos a los ex presidentes Luis García Meza (Bolivia) y Francisco Morales Bermúdez (Perú), y absolvió a otros 19 juzgados por la muerte y desaparición de ciudadanos italianos durante el "Plan Cóndor", como se conoció a la coordinación represiva de las últimas dictaduras militares del Cono Sur en las décadas de los '70 y '80.
La presidenta de la III Corte Penal del Tribunal de Roma, Evelina Canale leyó en una sala de la cárcel de Rebibbia la condena a militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay que habían sido acusados por el fiscal Giancarlo Capaldo por la desaparición de decenas de ciudadanos italianos entre 1973 y 1978, incluidos algunos en Argentina.
Los condenados a cadena perpetua fueron el uruguayo Juan Carlos Blanco, los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.
El primer juicio por los crímenes del Plan Cóndor se realizó en la Argentina y llegó a sentencia el 27 de mayo de 2016. En aquella ocasión, catorce ex jefes militares y de inteligencia argentinos y uno uruguayo fueron condenados a penas de entre 8 y 25 años de prisión por más de un centenar de privaciones ilegítimas de la libertad y otros delitos de lesa humanidad.
Dos de las mayores condenas recayeron sobre el entonces jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, a 25 años, y el último dictador y entonces jefe de Institutos Militares, Reynaldo Bignone, a 20 años.
En el juicio que terminó ayer en Roma, la fiscalía había pedido 27 cadenas perpetuas por la desaparición forzada de los ciudadanos italianos, entre ellos los nacidos en Argentina Luis Stamponi (secuestrado en Bolivia); Alejandro José Logoluso Di Martino y Dora Marta Landi (secuestrados en Paraguay) y Lorenzo Ismael Viñas Gigli y Horacio Domingo Campiglia (secuestrados en Brasil).
Pese al pedido de la fiscalía, fueron absueltos los chilenos Pedro Espinoza, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez, y Manuel Vásquez Chauan.
Tampoco hubo pena para los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, “Nino” Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeay Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo y Luis Alfredo Maurente Mata.
También fueron absueltos Ricardo Medina Blanco, Ernesto Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez.
Los familiares presentes en la sala de la cárcel de las afueras de la capital italiana mostraron su descontento apenas leído el fallo y en medio de las lágrimas, especialmente de los familiares de uruguayos, aseguraron que apelarán el fallo.
“Hay mucho dolor y bronca. El Estado uruguayo dio los pasos necesarios en este proceso, pero va a haber una apelación. Estamos defraudados por la decisión del Tribunal”, refirió tras la sentencia el vicepresidente uruguayo Raúl Sendic, que participó de la jornada final acompañado por la subsecretaria del gobierno italiano María Elena Boschi.
En un principio la acusación de la Fiscalía romana iba dirigida a 146 personas, entre ellos 61 argentinos, que finalmente no pudieron ser acusados en el Juicio por trabas burocráticas en las notificaciones, como el presidente de facto Jorge Videla y el almirante Emilio Massera.
El juicio comenzó el 12 de febrero de 2015 con 33 imputados, incluidos 3 dictadores, aunque por su edad y la muerte de algunos se redujo al número a los 27 acusados sobre los que la fiscalía reclamó cadena perpetua en octubre pasado.
El último en morir, ya con el pedido de condena, fue el dictador uruguayo Gregorio Álvarez, el 28 de diciembre, mientras cumplía una condena en su país por su participación en la dictadura (1973-1985).
El "Plan Cóndor" fue el nombre de la operación de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980, ideado por el dictador chileno Augusto Pinochet y con la participación en un inicio de los gobiernos de facto Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, además de Perú y Ecuador en forma tardía, según la acusación.
