Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
En una columna anterior reflejábamos la situación que se daba al recurrir el gobierno al uso indiscriminado de fondos para resolver las paritarias. Y el caso que señalábamos era el ofrecimiento de una bonificación del 100% del boleto de colectivos para los docentes. Y apuntábamos que era una forma de pagar en negro que era perjudicial también para muchos docentes que, por razones de horarios o de la ubicación de su vivienda o de la escuela o de ambas, no podían usar transporte público y debían hacerlo en sus autos.
El gobierno se enojó de mi afirmación de que esa forma de negociar era una apropiación indebida de fondos públicos (algo que sostengo) ya que el Estado y sus fondos son un activo de toda la comunidad y no se pueden usar para darles privilegios a empleados del Estado solo para arreglar un convenio. Estos trabajadores, además, gozan del privilegio de la estabilidad en sus cargos.
Ahora, la CGT de Moyano encabeza la convocatoria a un paro general para el próximo martes en reclamo para que se modifique la forma de calcular el impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Si bien la norma actual solo mantiene la situación para los que eran pasibles del impuesto a setiembre de 2013, no se han modificado las escalas. Esto hace que sean pocos los nuevos aportantes, pero los que ya aportan están sujetos a retenciones cada vez mayores.
En las negociaciones en Mendoza, los gremios introdujeron el tema de Ganancias, sabiendo que el gobierno local no tiene facultades para cambiarlo. El referido al mínimo no imponible es facultad de la Presidenta, pero las modificaciones a las escalas deben salir por ley del Congreso y hasta ahora no se conoce ningún proyecto de legisladores nacionales, siempre tan sensibles con los trabajadores, para intentar esa modificación.
Sabiendo este panorama, los gremios se lanzaron a pedir aumentos salariales del 50% (algo que, saben, nunca les darán, y hacen paros igual) incluyendo el pedido de modificación del impuesto. Por lo bajo dicen que están dispuestos a escuchar alguna propuesta del Ejecutivo para compensarles el gravamen, algo similar a lo concedido a los funcionarios del Poder Judicial. Y aclaramos que son funcionarios, ya que los jueces se concedieron hace varios años el privilegio de no pagar este impuesto.
Y parece que el gobierno entrará en esta fase de negociación, sobre todo con judiciales y médicos, para terminar a cualquier costo el tema de las paritarias. Otra vez la plata de todos los mendocinos servirá para arreglar convenios con trabajadores estatales.
Lo más grave de todo es el profundo desprecio que el gobierno de Francisco Pérez muestra por el resto de la sociedad, ya que los que están en la actividad privada, con una fuerte recesión y riesgo serio de pérdida de sus fuentes de trabajo, deben pagar sus boletos como cualquiera y, al que le toca, pagar el impuesto a las Ganancias sin chistar. En ellos no han pensado ni el gobernador ni los legisladores nacionales.
Es terrible que los políticos crean que solo gobiernan para los empleados estatales, que son el 10% de la masa laboral total de la provincia. Es terrible el desprecio a la sociedad civil a la que deben prestarle servicios que surge de ver la forma en que asignan los fondos públicos.
Los recursos del Estado son de todos los mendocinos y deben asignarse en forma armónica, eliminando todo tipo de privilegios y no creando nuevos cada vez que negocian una paritaria.
