La discusión en torno a la situación de los presos en Mendoza está instalada y el Gobierno intenta avanzar desde distintos frentes. Pero en el medio de proyectos y sugerencias en danza, esta semana se conoció un dato que llama la atención: cada preso cuesta por mes al Estado provincial alrededor de $ 20 mil.
Ese dato no incluye los gastos de traslados cuando deben declarar en los tribunales y de algún medicamento que puedan necesitar. Es decir que los cerca de 4 mil detenidos que hay en Mendoza demandan $ 80 millones mensuales y 960 millones al año, que es lo que cuesta sostener el sistema penitenciario.
El dato oficial lo reveló el director de Enlaces Penitenciarios y Asuntos de Justicia, Ignacio Mulet, quien estuvo en la comisión de Hacienda de Diputados para dar detalles de la nueva cárcel que se pretende construir. La discusión pasará por el nuevo endeudamiento que necesita el Gobierno y que será votado en la Legislatura.
La suma que se destina a cada interno no se traduce en un sistema penitenciario eficaz. Todo lo contrario: Mendoza es objeto de denuncias ante organismos internacionales. Sin ir más lejos, el jueves el Gobierno debió defenderse por la situación carcelaria, en una audiencia en Chile, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos .
“Hay un enorme contraste entre los fondos asignados y las condiciones miserables en las que viven los presidiarios. Esto termina siendo un caldo de cultivo para formar delincuentes más peligrosos que cuando entraron”, señaló el diputado Marcos Niven (PD).
El legislador forma parte del bloque oficialista, aunque es partidario de otras alternativas a las que hoy impulsa el Gobierno, por lo que comparó: “En Chile, por el sistema tradicional, cada preso cuesta $ 5.200, mientras que en el sistema privado, al Estado cuesta $ 10 mil”.
El plan de Cornejo
A la problemática de hacinamiento y las condiciones actuales se suma que, según los datos oficiales que dio Mulet, desde 2010 la población carcelaria creció 70%. A su vez, con la nueva ley que endurece las prisiones preventivas, se esperan más detenidos.
Frente a esto, y apurado por una acordada de la Suprema Corte de Justicia que insta a la Legislatura a que ayude al Ejecutivo en un plan de mejoras carcelarias, el gobernador Alfredo Cornejo intenta avanzar desde distintas iniciativas.
Para el corto plazo, hay una autorización aprobada en la emergencia de Seguridad para tomar un crédito por $ 160 millones con el objetivo de “refuncionalizar, ampliar y mejorar” los 12 penales que existen.
Una segunda propuesta dentro del corto plazo es el penal federal (de fondos nacionales), una obra que quedó paralizada cuando ya se había construido el 60% y tiene que ser retomada. El nuevo establecimiento albergará a 480 presos de la región Cuyo. Del total, 380 están en Mendoza.
“También hay un proceso de compra de nuevas pulseras y sistemas de radarización para los que tienen prisión domiciliaria. En el corto plazo tendremos nuevo equipamiento que permitirá descongestionar más plazas”, señaló el diputado radical Jorge López, presidente de la comisión de Hacienda.
Pero en el mediano plazo y proyectándose para recién dentro de tres años, surgió una idea que será debatida en los próximos días. Luego de la acordada que se conoció el lunes último, la Legislatura puso toda su maquinaria a trabajar detrás de un proyecto que apunta a la construcción de una nueva unidad de detención, que albergará a aproximadamente mil personas en la zona de Cacheuta.
El detalle técnico será presentado el martes por un nutrido comité del Ejecutivo, entre los que se cuenta el ministro de Hacienda, Martín Kerchner; el subsecretario de Infraestructura, Daniel Chicahuala y Mulet.
Lo que sí se sabe es que Cornejo pedirá una nueva autorización de crédito por aproximadamente 90 millones de dólares para realizar la nueva unidad. Si todo sale como lo esperan, el miércoles lo trataría la Cámara de Diputados.
El nuevo pedido de crédito, que se suma a las anteriores autorizaciones, cuenta con un visto bueno en general de los legisladores, lo que es fundamental ya que tiene que ser aprobado por los dos tercios de ambas Cámaras.
El nuevo crédito se basará en un expediente que hay en la Legislatura, por $ 1.169 millones (el monto podría ser actualizado), que en su momento envió el gobernador Francisco Pérez cuando se hablaba de una cárcel de iniciativa privada. Si bien esta idea quedó de lado, sí se usará como base del pedido de deuda.
El PD sugiere alternativas
La discusión que hay de fondo disparó algunas ideas que, o bien fueron plasmadas en anteriores proyectos, o están en la mente de algunos legisladores.
En este sentido, el PD recordó algunas ideas que han manifestado en alguna ocasión pero que no transformarán en un proyecto porque justamente hay otro plan sobre la mesa.
Una de esas iniciativas ya fue presentada por Jesús Riesco y es la de dar lugar al sistema privado de cárcel, en la que el Estado paga a una empresa por el alojamiento de cada preso. De allí que Niven haya averiguado cuánto sale en otros países, como es el caso de Chile, y haya constatado que aún así se pagaría menos.
“La sensación es que se malgastan recursos. Hay corrupción, maltrato y violencia en las cárceles, y esto va a en contra de la resocialización”, señaló el diputado, aunque consideró sobre su idea: “Hay un concepto de la cárcel privada que no se puede negar, y es que se construye con fines de lucro”.
Más allá de las alternativas, el diputado demócrata dijo que lo más probable es que acompañe el proyecto de Cornejo y vote favorablemente el pedido de endeudamiento.
Otra de las ideas, que defiende el justicialista Jorge Tanús y que prende en el Gobierno, es que se construyan penitenciarías más reducidas en cada región de la provincia.
