Las crónicas policiales se hacen eco, casi a diario, de muertes violentas producidas en distintas partes de la provincia. Se trata de hechos graves que, en algunos casos, suelen ser catalogados de "ajustes de cuentas", pero que en realidad están marcando que nos estamos enfrentando a una sociedad cada vez más violenta, en la que, para algunos, la vida de los semejantes no tiene ningún valor.
También es extremadamente grave la cantidad de armas que pareciera estar en manos de la delincuencia, que las utilizan sin ningún tipo de impedimento frente a un ciudadano común, que se encuentra indefenso ante el accionar de los malvivientes.
Si nos atenemos a los hechos sucedidos en los últimos días, podemos hacer alusión a lo que ocurrió en Vistalba, cuando una banda de delincuentes ingresó a una vivienda y asesinó a sangre fría a un hombre que se encontraba haciendo un asado para disfrutarlo con un amigo.
De la investigación que realizó la policía se supo que era un grupo que había tomado esa zona de Luján y el límite con Maipú para cometer sus delitos y, lo más grave, es que gran parte de los integrantes de la gavilla tenían "frondosos" antecedentes policiales. Es aquí donde cabe preguntarse si no existe algún tipo de falla en la legislación que permita a gente, con esos prontuarios, permanecer en libertad y sin ningún tipo de control.
En San Rafael, un joven de poco más de 20 años fue encontrado muerto de una puñalada sin que se supiera quién fue su agresor. En Las Heras un hombre, que había venido desde Canadá a visitar a sus padres, murió como consecuencia de un disparo que alguien le realizó desde la calle, a través de una ventana.
En Godoy Cruz, un joven que trabajaba en el zoológico murió de dos balazos que le dispararon dos personas que se movilizaban en una moto. Mientras los familiares del fallecido indicaban que se trató de un intento de robo, desde las esferas policiales trascendió que lo acontecido podía responder a diferencias entre grupos por algún tipo de liderazgo.
Durante la gestión del kirchnerismo se intentó minimizar la situación, asegurando que no se producían más hechos de violencia sino que los medios "dominantes" mantenían uno de ellos en vigencia durante tres o cuatro días para generar preocupación de la gente.
Fue allí cuando el inefable ministro Aníbal Fernández aseguró que lo que realmente existía era una "sensación" de inseguridad. El actual presidente ha hecho hincapié en la necesidad de avanzar sobre la delincuencia al declarar la emergencia en seguridad, incluyendo en ella a la lucha contra el narcotráfico, una verdadera pandemia que está avanzando por todo el país.
En el caso de Mendoza no se puede decir que las autoridades no hayan intentado avanzar sobre la delincuencia. Sólo cabría recordar aquel "mapa del delito" que Celso Jaque decía tener en sus manos, pero que terminó diluyéndose a medida que desarrolló su gestión. Francisco Pérez también buscó hacer lo suyo y los funcionarios policiales aparecían personalmente en cada uno de los hechos, en la intención de buscar culpables.
El actual Gobernador es un hombre que conoce del tema, ya que fue ministro de Seguridad y ha anticipado que es uno de los temas a enfrentar durante su gestión. No se le pueden pedir soluciones inmediatas porque hace menos de dos meses que asumió sus funciones, pero sí se le puede reclamar celeridad en el tratamiento, porque la gente común, el ciudadano que aporta con sus impuestos para que el Estado le aporte seguridad, educación, salud y justicia, se encuentra cada día más preocupado e indefenso.
