Semana bisagra. La pequeña pesadilla que Francisco Pérez jamás hubiera querido soñar pero que, sin embargo, tuvo que vivir: castigado por Cristina Fernández y con el país en default. Y, lo que es peor aún, deberá todavía transitar para lograr trascender o simplemente empezar a despedirse.
Encaminado hacia el tramo final de su gobierno, Pérez no parece tener más opciones. Es que mientras Argentina negociaba a regañadientes en Nueva York con el mediador Daniel Pollack para evitar la anunciada cesación de pagos a la que obligaba la sentencia del juez Thomas Griesa, aquí la realidad marcó que el capital político del mandatario está cada vez más menguado. Lo que aún no perdió en el camino, ya tiene quién se lo quiere arrebatar desde el mismo oficialismo. Así de cruel, con escaso margen de maniobra, casi como la carrera contrarreloj que el país intentó dar por la cornisa contra la ambición de los fondos buitres.
¿Default? ¿Qué default? Es que en paralelo a la consumación del default que para el Gobierno nacional no es tal, aferrado como siempre a las distinciones semánticas y las intrincadas explicaciones para no asumir sus responsabilidades, Pérez entrevió que necesitaba respaldo y convocó esta semana en San Martín a una reunión ampliada donde el gabinete, los intendentes y los referentes legislativos del peronismo tendrían la oportunidad de consensuar rumbos y cerrar filas.
La principal preocupación era el embate nacional, con Miguel Galuccio a la cabeza, para forzar la sanción de una nueva ley de hidrocarburos que el propio Gobierno provincial consideró un “error” ya que avanza sobre las potestades de las provincias para procurar mejores beneficios para YPF. Todo ello, bajo la excusa de generar mejores condiciones de atracción de capitales para la explotación petrolera. El blanqueo de la postura de Pérez, encolumnándose detrás de las provincias “díscolas” que capitanea Neuquén, pero cuyo lote también integran Chubut y Río Negro, no iba a ser gratuito y de hecho no lo fue. Pérez lo sabía, de allí la convocatoria.
Lo cierto es que más allá de las fotos, la cumbre sanmartiniana no fue exitosa. El diputado nacional Dante González (uno de los asistentes) y el representante por Mendoza ante el directorio de YPF, Omar Félix, se corrieron y anunciaron que avalaban la propuesta nacional a través de la agencia oficial Télam (habitual vocero de las posturas que imperan en el kirchnerismo). González, de excelente vínculo con el superministro Julio De Vido, y con aspiraciones para la gobernación, eligió el respaldo de la Casa Rosada a las explicaciones que ofreció Pérez.
Félix, también siempre anotado para el sillón de San Martín, privilegió su cercanía con Galuccio, a lo que se entiende aquí como “la defensa de los intereses provinciales”. Así se lo hizo saber el PD que reclamó la renuncia del sanrafaelino en un cargo que desde su reciente creación ya ha tenido tres ocupantes: Walter Vázquez, Rodolfo “Olfi” Lafalla y el propio Félix. El adjetivo de “traidores” no tardó en circular por los despachos cercanos al gobernador para calificar a González y a Félix.
Yo no debo, pero tú sí me debes. Peor aún, la semana finalizó con la cachetada que más duele. La Nación dejó fuera del Programa Federal de Desendeudamiento, una instancia que permite un periódico alivio a las obligaciones financieras de los Estados subnacionales, a las cuatro provincias enfrentadas con la Presidenta por la ley petrolera. Enojo, extorsión o apriete caben para catalogar la brutal demostración de un estilo impúdico que no permite otra opción que la sumisión. Pero más allá del castigo político y la lección de disciplinamiento que llegó desde la Nación, la decisión de exigir a Mendoza el pago de 160 millones de pesos que corresponden a lo que resta de los vencimientos de 2014 y que a otras provincias se les refinanciaron, ponen otra nueva amenaza en la delicada balanza de las cuentas públicas locales.
Justamente, si algo había permitido el acuerdo cerrado recientemente con la UCR por el Presupuesto 2014 era la posibilidad de otorgar un horizonte de previsibilidad en el corto plazo para las finanzas de Mendoza. Hoy por hoy, como si de los alcances del mismo default se tratara, nadie puede arriesgar qué pasará en esta materia en el futuro. De hecho el propio Pérez transmitió el viernes a Galuccio que las provincias rebeldes querían negociar. Los gobernadores saben mejor que nadie que sin oxígeno nacional sus gestiones son directamente inviables.
Coqueteos en pos de un nuevo orden. También, en aquella reunión de la que el intendente Jorge Omar Giménez fue el anfitrión, llamó poderosamente la atención la ausencia de los hermanos Bermejo. Con distintas excusas, tanto Adolfo, el senador nacional, como Alejandro, el intendente de Maipú, pegaron un faltazo con alguna lectura política que incluye -como los gestos de González y Félix- algo de diferenciamiento de Pérez o, al menos -en este caso- del PJ ciegamente alineado a la Casa Rosada que el gobernador encarnaba hasta esta semana.
En esa misma línea, la de la diferenciación, parecen abrevar el diputado nacional y aún presidente del PJ, Alejandro Abraham y su amigo e intendente de Las Heras, Rubén Miranda. Abraham, se sabe, quiere reflotar el debate minero en Mendoza y que sea el propio oficialismo el que se ponga a la cabeza de esa discusión; sobre todo en virtud de las dificultades económico-financieras.
Pero va por más: también quiere mediar entre YPF y las provincias para “no perder el negocio petrolero” y recuperar -a futuro y vía sustitución de importaciones- la pérdida de puntos de regalías que el proyecto oficial hoy contempla. Miranda fue un poco más lejos: en diálogo con Radio Mitre no ocultó su disgusto con la caída del empleo, la inflación y los dudosos métodos de medición que el Indec proporciona, algo así como refutar la trilogía discursiva kirchnerista. Está claro: algo está cambiando en el oficialismo. Tal vez por percepción o simple instinto de supervivencia.
Lo del mayor de los Bermejo parece más complejo. Operadores del propio peronismo y también del Frente Renovador dejaron trascender que mantiene vínculos con el presidenciable Sergio Massa, ya que sus chances para competir por la gobernación serían vetadas por el kirchnerismo quien no le perdona algunos votos desaliñados en el Senado. Hasta mencionan que el nexo fue Alejandro Cazabán, ahora devenido en massista.
De ser así, especulan, será necesario buscar otro paraguas más abarcador que el que hoy ofrece Daniel Scioli. El bonaerense no sale (ni quiere salir) del universo contenedor del kirchnerismo pese al desprecio que le propinan. El gran temor es que en un escenario de conflictividad creciente, su candidatura acapare todo el malhumor social contra el Gobierno. No son pocos los que en el PJ también piensan y repiensan en candidatos que puedan “prender” en la clase media, esa paciente construcción social que ya hace tiempo dijo adiós al kirchnerismo.
Sobre el fin de semana y para mayores turbulencias, se anunció la salida del ministerio de Hacienda de Marcelo Costa, quien quedó debilitado tras las complicaciones por la aprobación del presupuesto. A él se le achaca la inflexibilidad de la postura de Pérez, que impidió algún tipo de acuerdo más sensato y menos desgastante con el radicalismo, así como el bochazo de la Suprema Corte por la “reconducción presupuestaria”.
De hecho, durante las últimas negociaciones en la Legislatura fue “corrido” de la escena como afirmaron en off referentes oficialistas. Su figura, irritante también para la oposición, dejó expuesto su perfil técnico antes que político, pero aún así dice que peleará por un lugar como candidato en Godoy Cruz. De hecho, ayer buscó la bendición del propio Juan Carlos Mazzón quien pasó por Mendoza para interiorizarse sobre el complejo devenir de un distrito que, como Capital Federal, Santa Fe y Córdoba, se muestran adversos para un kirchnerismo que, como Pérez, ahora también está defaulteado.
