En medio de un contexto económico con precios que empujan a cada vez a más mendocinos a hacer compras en Chile, desde ayer se suma una medida que seguramente en lugar de acercarlos los alejará más.
Las fábricas de Buenos Aires serán agentes de retención del 6% en concepto de Ingresos Brutos para sus clientes de Mendoza, mayormente comercios, que prendieron una luz de alerta ante su probable impacto en los valores de la mercadería al público.
La resolución 364 emitida por la AGIP (Administración General de Ingresos Públicos) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está vigente desde el primer día hábil de noviembre, y modifica una norma del año 2013.
A criterio de los comercios que habitualmente compran mercadería en las fábricas de la Ciudad de Buenos Aires, significa una doble imposición que saltea el histórico convenio multilateral entre los organismos recaudadores de ambas provincias, cuyo propósito es, entre otros, evitar cobros superpuestos de tasas o tributos a contribuyentes mendocinos y porteños.
En su artículo 3 la medida amplía el alcance de los llamados “Sujetos pasibles de retención y/o percepción” de Ingresos Brutos. “Son sujetos pasibles todos aquellos que revisten el carácter de inscripto y/o responsable del Impuesto sobre Ingresos Brutos, sean Categoría Locales o liquiden a través del Convenio Multilateral, quienes realicen operaciones de ventas y/o compras de cosas muebles, locaciones (obras o servicios) y prestaciones de servicios en Ciudad de Buenos Aires”.
Concretamente, AGIP fijó una alícuota tope del 4% para Agentes de Retención y del 6% en el régimen de Percepción. Serán agentes empresas con una facturación anual de más de $ 60.000.000, muchas de las cuales venden productos y/o insumos a firmas comerciales de Mendoza.
"Se aplican las alícuotas que con relación a cada contribuyente se consignará en el Padrón de Regímenes Generales que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos publicará en su página Web (www.agip.gob.ar) sobre el monto establecido .... las que regirán también respecto de contribuyentes sujetos a las normas del Convenio Multilateral", reafirma.
"Aconsejamos no pagar"
Tal es el malestar, que ayer mismo algunos dirigentes intentaban en Buenos Aires gestiones para revertir la situación. En un alto de una reunión que compartió con Osvaldo Cornide, titular de la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), Adolfo Tripodi, de la FEM, sostuvo que “estamos peleando por eso. Es una tasa importante, una percepción/anticipo de Ingresos Brutos que supuestamente puede usarse pero eso resulta una trampa, porque sólo está a mano de quienes tengan actividad registrada en Buenos Aires”.
Por ahora, Tripodi duplica la apuesta al momento de facturar cada operación. “Como lo consideramos un abuso de la Ciudad de Buenos Aires, aconsejamos no pagarles a los proveedores, o cancelar la factura sin el cobro de la alícuota. Al menos hasta tanto se abra una instancia de diálogo”, remarcó el dirigente.
En tanto, los comerciantes advierten los riesgos que podría acarrear esa nueva exigencia cuando el componente impositivo ya pesa demasiado en la estructura de costos.
Para Pablo Sosa, propietario de la marca de accesorios Brunna, “agravará más la situación financiera del pequeño empresario, aunque tenga saldo a favor en la Declaración Jurada que no se podría o llevaría tiempo recuperar. Teniendo en cuenta su efecto en la parte financiera y el capital de trabajo, sería un golpe bajo”.
Como uno de los tantos comerciantes mendocinos que cuenta en Capital Federal con proveedores de insumos (en su caso, 70% de la materia prima para marroquinería y bijouterie tiene ese origen), Sosa tiene algo claro. “Los precios los pone el mercado, entonces significa resignar un 4 o 6% de rentabilidad en forma directamente proporcional”.
Por su parte, Juan Retali, gerente de Comercios del Centro, lo considera “una locura, porque de todo el país van a comprar a Buenos Aires. Es una invitación a la evasión”.
A criterio de Retali, “no es tan fácil dejar de pagar la alícuota. Porque no se trata de un acuerdo entre proveedor y cliente, está el Estado en el medio también”.
Excepciones y análisis
Entre las excepciones figuran los servicios públicos (agua, luz, gas), las telecomunicaciones y entidades financieras reguladas por la ley de Entidades 21.526. Como sea el tema ya empezó a filtrarse en la agenda oficial del Ministerio de Hacienda provincial y particularmente de la Dirección de Rentas, en medio de la discusión por las leyes de Impositiva y Presupuesto 2017.
Si bien en un principio desde la cartera hubo reticencia a pronunciarse al respecto por tratarse de una medida adoptada por otra jurisdicción tributaria, finalmente la respuesta, aunque medida, llegó.
“Estamos analizando sus alcances antes de dar precisiones sobre lo que se pueda hacer”, señalaron desde el entorno de Hacienda.
En principio, la instancia de diálogo que reclama FEM llegará el jueves 3 cuando Kerchner y el titular de ATM, Alejandro Donati, reciban a Tripodi.
Por ahora la preocupación oficial está concentrada en la sanción del presupuesto provincial y en la ley de Avalúo e Impositiva.
Tarjetas: malestar por las demoras en la ley
Ayer debía tratarse en Diputados de la Nación la sanción de la ley que reduce a 0 las comisiones que cobran las tarjetas de débito, y del 3 al 1,5% en las operaciones con crédito. Pero hubo una nueva postergación, en principio hasta el miércoles 9 de noviembre.
Las dudas que había durante la mañana respecto a la falta de voluntad política para tratar el proyecto (algunos diputados como Amadeo y Lipovetsky propusieron de hecho otra vía para reducir comisiones), por la tarde terminaron despejándose.
Así, pese a diferirse el tratamiento de la norma que tiene media sanción del Senado, a última hora hubo un cambio que se considera clave: con apoyo de legisladores mendocinos como Alejandro Abraham y Luis Petri, se convino que la sesión del miércoles 9, que en principio sería informativa, sea resolutiva.
