Si se observa con atención, la prórroga del confinamiento obligatorio que anunció el Presidente no vino esta vez con las explicaciones científicas detalladas de las que solía ufanarse tiempo atrás.
Alberto Fernández repasó a vuelo de pájaro algunas comparaciones con países vecinos, a una velocidad adecuada para evitar complicaciones diplomáticas. Y descerrajó, como al paso, que ahora el tiempo suplementario del encierro sanitario será de tres semanas y no dos. Una novedad de la que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se enteró minutos antes de sentarse a explicar en público su plan de aerobismo nocturno y pulsaciones centralmente planificadas.
El cambio obedece a una evaluación política que no admitirá el oficialismo. El confinamiento llegará a las cien y una noches. El tiempo transcurrido permite evaluar los argumentos utilizados y su evolución.
El Gobierno dijo que la pandemia no llegaría al país. Demoró la inversión inicial en equipamientos sanitarios. Mantuvo abiertos los aeropuertos sin más termómetro que una simple declaración jurada. Sugirió eliminar el virus con bebidas calientes. Giró luego sobre su eje y dispuso la cuarentena. Permitió el pago caótico a jubilados. Promovió la excarcelación de presos para evitar el contagio. Pero encerró a las villas de emergencia para cercar el contagio. Refutó con obstinación los pedidos de testeos masivos. Ahora promueve con igual fervor el hisopado domiciliario en las zonas más afectadas.
En algún punto, o en varios, hubo errores de política sanitaria defendidos como éxitos. Por eso el Presidente comunicó rápido -y ya sin científicos- la extensión de la cuarentena. Intenta cambiar el norte de la agenda pública apuntando a un acuerdo inminente para salir del default de la deuda. Condición necesaria, que en su opinión habilitará un rápido despegue de la economía nacional.
El acuerdo con los acreedores externos llegará al fin porque a la propuesta soberanista del ministro Martín Guzmán le aplicaron durante la pandemia el dilema de la última cama. En términos políticos, nunca le llegó el respirador. Con su silencio, hasta Cristina Fernández comenzó a apurar el repliegue de las banderas.
Hay para eso una razón poderosa: la pituitaria del kirchnerismo se activa con la percepcion de divisas. La región entera se está beneficiando con tasas bajas para financiar la salida de la crisis. Países vecinos consiguen dólares hasta a diez años de plazo con tasas promedio de 3,9 por ciento. Argentina está, por el momento, afuera de esos mercados.
El oficialismo mira ese horizonte sabiendo que los réditos políticos de la gestión sanitaria ya terminaron y que ahora conviene navegar con cuidado el descontento social. También sabe que, mientras tanto, hay beneficios políticos que no se miden por encuestas. El dictado de normas de emergencia continúa. Y no sólo supera cualquier precedente histórico sino que está moldeando una trama legal tan intrincada y riesgosa que los constitucionalistas prenden todas las luces de alarma.
Los franceses suelen decir -no sin ironía- que suponiendo que exista una filosofía política, Pierre Manent es su último maestro republicano. Manent alertó hace unos días que la velocidad, la extensión e incluso la algarabía con la que se puso en marcha el aparato represivo del Estado durante la pandemia contrastaron con las fallas de su política de salud. ¿El riesgo? Darle a los gobernantes una justificación para acomodarse en el estado de emergencia permanente.
El país político no está preguntando con claridad en la Argentina cuándo termina el actual contexto de anemia constitucional. En el transcurso de la feria judicial, la vicepresidenta Cristina Fernández no sólo consiguió algunas ventajas procesales en causas que la comprometen. También impulsa una ofensiva para demostrar que el lawfare (la presunta conspiración política, judicial, empresaria y mediática para deslegitimarla) estaba articulado desde el Poder Ejecutivo durante la gestión de Mauricio Macri.
La punta de lanza son las denuncias por espionaje y la acción de la denominada “mesa judicial” del macrismo. En los tribunales de Comodoro Py sólo se vió actividad en estos días cuando unos cuantos agentes sanitarios entraron a fumigar. “Comenzó la reforma judicial”, se asustaron en los pasillos.
Como ocurrió meses atrás con el magistrado Alejo Ramos Padilla en un juzgado de Dolores, la principal investigación no será en Py. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, se encontró con una caja de Pandora. Se dió con pruebas -fotos y videos- de tareas de espionaje interno en el medio de una causa iniciada por motivos distintos. Villena investigaba a un narcotraficante y se encontró con una célula de inteligencia. Operaba, según los indicios, durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la agencia de espionaje estatal.
El trío de víctimas citadas para esta semana en Lomas de Zamora es relevante: Cristina Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y el camarista Martín Irurzun, a quien el kichnerismo acusa por el criterio aplicado en torno a las prisiones preventivas de los acusados por corrupción.
Era previsible: el saldo de la abdicación institucional ocurrida durante la pandemia ha comenzado a escribirse mucho antes de que termine el confinamiento.
