A las movidas políticas en comisiones legislativas en las que el kirchnerismo cuenta con mayoría, influencias a través de la élite de fiscales adictos que controla la procuradora Gils Carbó y el sistemático ataque a jueces de cualquier instancia que no se sometan políticamente y que desarrollen libremente su labor, se sumó recientemente una curiosa autodenuncia de un empresario vinculado al poder con la clara intención de favorecer a los Kirchner y separar del manejo de la investigación del negocio hotelero de estos al juez Claudio Bonadío, quien está absolutamente dedicado al esclarecimiento de los hechos de corrupción denunciados.
En efecto, el empresario K Cristóbal López, impulsó una medida judicial en la causa que investiga si los hoteles de la familia Kirchner fueron utilizados para el lavado de dinero. Este empresario, que se encuentra involucrado en dicho caso, efectuó la presentación de un recurso pidiendo que el expediente pase a tramitarse en un juzgado federal de Bariloche.
Entre otros argumentos, los abogados del empresario afirmaron que es en la Patagonia donde está ubicado el hotel de López llamado "El Retorno", también investigado por el juez Bonadío por vínculos financieros con uno de los hoteles de los Kirchner.
Esta movida no debe sorprender, puesto que en abril, otro empresario de sello kirchnerista, Lázaro Báez, se presentó en el juzgado de Bonadío para pedir al juez que conteste a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia si la causa Hotesur no debía en realidad investigarse en esos tribunales.
En este caso el fundamento había sido que todos los involucrados en el caso tienen domicilio en el sur patagónico.
Desde que la causa por Hotesur empezó a comprometer a los Kirchner, estos decidieron desacreditar públicamente la denuncia. El kirchnerismo intentó enjuiciar a Bonadío en el Consejo de la Magistratura y una sobrina de la Presidenta lo recusó sin éxito. Ahora dos de los empresarios K más beneficiados por el Estado en la última década buscan que la causa se investigue en el sur, como última estrategia para sacar del camino al magistrado.
El enojo kirchnerista por la permanencia de Bonadío investigando los pasos de la familia presidencial se potenció luego de que en las últimas semanas la Cámara Federal de Casación Penal rechazara una recusación del kirchnerismo contra él. Tremendo revés para el Gobierno luego de innumerables presiones contra el magistrado desde las más altas esferas del poder.
Como en el caso del juez más veterano de la Corte, Carlos Fayt, el kirchnerismo pretende con Bonadío que el acoso que ejerce sobre él derive en un agotamiento físico y mental que termine influyendo sobre el magistrado para que se aparte de las causas que investiga. No le queda otro camino a un gobierno que en estos momentos se ve seriamente limitado en su afán de modificar reglas de juego y mecanismos legales para favorecer sus intereses.
La salud de la república exige de la dirigencia política comprometida con los intereses de la Nación, y no de un fuerte grupo de poder, la firme decisión de impedir que los atropellos y los mamarrachos jurídicos nos pretendan perpetuar un marco de indiferencia a la impunidad que los argentinos de bien no se merecen.
