Buscan recuperar vehículos a nombre de la Tupac Amaru

En las últimas horas, la Unidad Fiscal Civil inició una demanda por Extinción de Dominio contra parte de las principales figuras de la organización política Tupac Amaru: Nélida Rojas, su esposo Ramón Martínez y algunos de sus hijos, quienes figuraban en los papeles como titulares de distintos vehículos embargados por la Justicia Penal, en el contexto de la investigación que la Justicia lleva adelante desde 2017 por presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales.

Así, el equipo de fiscales formado por Esteban Garcés, Hernán Simó y Silvina Scokin informaron a los distintos Registros de la Propiedad que estos vehículos, algunos de trabajo y otros de alta gama, están embargados y en proceso de Extinción de Dominio, según lo indica la Ley 9151.

La organización política Tupac Amaur, de origen kirchnerista, es la primera que se someterá a este tipo de proceso y la legislación establece que aquel capital que se presuma proviene de hechos delictivos como el de la asociación ilícita o el fraude a la administración pública pueden ser decomisados para que vuelvan al Estado, sin la necesidad de que haya una sentencia en lo penal.

La demanda de Extinción de Dominio presentada por la Unidad Fiscal Civil es por aquel grupo de vehículos embargados al inicio de la investigación y que los imputados no pudieron respaldar con sus ingresos.

-Un Peugeot 208
-Tres camionetas Toyota Hilux
-Un Citröen Air Cross
-Un Volkswagen Gol 
- Dos camiones Mercedes Benz 
-Una camioneta Ford F100
-Una camioneta Chevrolet S10
-Un Toyota Corolla 
-Un Volkswagen Vento
-Una Traffic 
-Dos semirremolques

Bajo la custodia del Ministerio de Seguridad, algunos de ellos están en la Playa de San Agustín y otros en dependencias policiales en Lavalle.

Nélida Rojas y su familia están sospechados de liderar una asociación ilícita para cometer estafas en el marco del Programa de Integración Socioeconómica, a través del cual manejaban dinero de Nación para la construcción de viviendas sociales. Los acusados quedaron imputados e inicialmente detenidos por la fiscal Gabriela Chaves.

A fines de 2018, la Suprema Corte de Justicia confirmó la línea investigativa. En abril de este año fue imputado el intendente de Lavalle, Roberto Righi, por fraude a la administración pública. En esta investigación está involucrado el diputado Omar Parisi, quien era entonces titular del IPV y que hoy se ampara en sus fueros.