Los diputados Alejandro Abraham (FpV), Luis Borsani (UCR-Cambiemos) y Soledad Sosa del FIT coincidieron ayer en que Mendoza no quedó ajena al desastre provocado por las lluvias por lo que pidieron que se incluya a la provincia en la declaración de emergencia climática votada el martes pasado por el Senado nacional y que contempla a once provincias.
La Cámara de Diputados hizo ley el proyecto de declarar zona de emergencia hídrica tal como fue aprobado en el Senado y para no postergar la ayuda del Gobierno nacional, lo hicieron con el compromiso de incorporar a Mendoza, San Luis, Córdoba y Chaco "de manera urgente" mediante un pedido al Poder Ejecutivo.
Algo similar propusieron los diputados de otras provincias. La diputada cordobesa Adriana Nazario solicitó incluir a Córdoba en la declaración de emergencia climática. "La mitad de los departamentos de Córdoba está en emergencia hídrica; supongo que el Senado no la incluyó por un olvido", dijo la diputada de UNA.
El Senado votó -por unanimidad- declarar zona de desastre y emergencia climática, por un plazo de 180 días, a distintas áreas del país, que vienen siendo castigadas por las lluvias. El senado incluyó en la lista de provincias beneficiadas a Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe, Misiones, Chubut, Tucumán, Río Negro, La Pampa, Salta, Jujuy y Neuquén.
El diputado Gilberto Alegre (UNA-Buenos Aires) acompañó el pedido de Nazario de incluir a Córdoba entre las provincias afectadas y pidió igual trato para Chacho y San Luis.
Gilberto dijo que que "estas declaraciones de emergencia no resuelven ningún problema aunque se prorroguen impuestos o cobros; el productor ve afectada su actividad para el próximo período", dijo por lo que pidió generar fondos anti-cíclicos y seguros anti-riesgo.
Juan Perini, diputado del FpV por Chaco, también pidió incluir a su provincia "para que haya más equidad entre todos los distritos".
La iniciativa declara la emergencia como consecuencia de las lluvias registradas en esas zonas, y ordena la asistencia económica y financiera de la Nación, además de garantizar exenciones impositivas a las familias damnificadas.
El gobierno nacional deberá constituir, en el plazo de 30 días, un fondo especial, con aportes del Tesoro Nacional, para afrontar la asistencia para los damnificados.
Estas partidas serán distribuidas de acuerdo a los objetivos y prioridades que se fijen en coordinación con las provincias y los municipios afectados. También se establece el envío de fondos adicionales a la cobertura de planes sociales en las zonas afectadas mientras dure la emergencia, como así también deberá adoptar las medidas necesarias para preservar y restablecer las relaciones laborales.
