Por Carlos Sacchetto - Corresponsalía Buenos Aires
Como la avalancha de acciones judiciales contra ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas toma cada día más volumen y más velocidad, tres influyentes personajes de ese sector político han puesto en marcha lo que parece una complicada estrategia de salvataje. Integran esa “fuerza de tareas” el ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini; el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni y el periodista y operador político Horacio Verbitsky. Tienen como único objetivo evitar que la ex presidenta Cristina Fernández, vaya presa.
En distintos estamentos de la Justicia se asegura que el trío acciona todos los mecanismos que todavía conservan para rodear de impunidad a la ex mandataria, prescindiendo de la suerte de los otros caídos en desgracia. En términos simples, “que los demás se las arreglen como puedan, pero a Cristina hay que salvarla”.
Para eso, cuentan con el compromiso de un conjunto de secretarios, jueces, fiscales, camaristas y, por cierto, con el aporte ahora más disimulado pero efectivo de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
Esa maraña de investigaciones, imputaciones, procesamientos, detenciones y hasta extradiciones pendientes, aceleradas por jueces que parecen haber despertado de una larga siesta, está teniendo a la vez efectos políticos devastadores: desde la indignada contemplación que hace de los acontecimientos la opinión pública, hasta la sangría que se está produciendo en las organizaciones que hace poco tiempo eran disciplinadas y obedientes en el cumplimiento de las órdenes de la jefa.
Debería considerarse, éste, un escenario político ideal para el gobierno de Mauricio Macri porque le permite avanzar sobre un kirchnerismo golpeado en el Congreso y también ganar tiempo con el espectáculo de la corrupción en los medios, hasta conseguir que se produzcan mejoras en la situación económica.
Pero tiene como riesgo que se genere una sobrecarga de expectativas en la sociedad para ver en la cárcel a la totalidad de los corruptos, cuando nadie puede asegurar que eso vaya a ocurrir.
Otra realidad
Un ejemplo de la incertidumbre que genera el destino judicial de Cristina es si conviene o no que sea apartado de la causa por la ruta del dinero K el juez Sebastián Casanello, de comprobados vínculos con la agrupación La Cámpora.
El empresario Lázaro Báez y sus hijos buscan ese desplazamiento por considerar parcial al magistrado, pero si lo lograran, estarían también beneficiando a quienes habilitaron el pago de sobreprecios y retornos en la obra pública. Eso es porque la causa debería retomarse desde cero en otro juzgado, demorando su definición un largo tiempo.
Ésa y otras estrategias son las evaluadas por aquel trío kirchnerista que procura salvar a la ex presidenta. Tienen una fuerte influencia sobre el juez Daniel Rafecas, que está a cargo de la causa que tiene detenido a José López, protagonista del escándalo de los bolsos con dólares arrojados a un convento.
Un dato: hace poco tiempo, Rafecas pidió autorización a la Corte Suprema de Justicia para viajar al exterior y no se la concedieron. Tenía que dar unas conferencias sobre derechos humanos junto a Zaffaroni y Verbitsky, a quienes lo unen fuertes lazos políticos.
Todos estos temas conforman un entramado de fuerte politización, en una Justicia que muestra un cambio en su ritmo de trabajo, aunque eso no signifique en forma necesaria una mayor eficiencia. Lo que sí deja al descubierto es la manera en que, los últimos 12 años, el poder ejercido por la Casa Rosada anestesió las causas que involucraban a funcionarios del Estado.
Como pocas veces, jueces y fiscales están hoy expuestos a una inédita presión de la opinión pública que espera no sólo el castigo a los corruptos sino también una acción depuradora en los cuadros del Poder Judicial.
Quién manda
La integración completa con cinco miembros de la Corte Suprema cierra también un capítulo pendiente. Esta semana jurará Horacio Rosatti y ocupará el despacho que hasta ahora utilizaba Ricardo Lorenzetti. Después de la feria lo hará Carlos Rosenkrantz, para instalarse en la oficina que fue de Enrique Petracchi. El presidente Lorenzetti aprovechó para mudarse a las mejores instalaciones, que son las que usaba Carlos Fayt. Los dos nuevos jueces serán bienvenidos en el Tribunal.
Si para los kirchneristas hay un terremoto en la Justicia, algo similar y a mayor escala sucede en la política. Lo que se considera el peronismo tradicional está librando una sorda batalla para despojarse de La Cámpora y ese proceso quedó en evidencia la semana pasada en el Congreso.
A la sesión en la que el Frente para la Victoria tenía que respaldar a Julio De Vido, que está seriamente comprometido en causas judiciales, se ausentaron 30 integrantes del bloque, lo que fue un mensaje en sí mismo.
Otros integrantes de ese bloque decidieron abandonarlo y algo similar ocurrirá en los próximos días con más legisladores. El PJ ya decidió despojarse del nombre Frente para la Victoria, de connotación kirchnerista, y lo formalizará esta semana que se inicia. Pocos preveían que el desmoronamiento de lo que fue esa sólida estructura de poder se produciría de manera tan acelerada.
En el Senado, la separación es aún más notable, bajo la conducción del rionegrino Miguel Pichetto. Con la votación favorable de los nuevos jueces de la Corte Suprema propuestos por Macri, Pichetto demostró a Cristina Fernández que el apoyo que recibió la ley de pago a los fondos buitre no fue algo circunstancial, sino el resultado de su liderazgo parlamentario. Esa crucial disputa de poder está en pleno desarrollo.
