El gobierno de Brasil busca frenar el pedido de impeachment (juicio político) contra la presidenta Dilma Rousseff por adulterar las cuentas públicas, un proceso que deja el futuro político del país mas poderoso de América Latina en manos del Congreso.
Como parte del dispositivo puesto en marcha para la lucha desatada entre la mandataria y el jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, legisladores y aliados del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) pidieron ayer a la Corte Suprema que suspenda el trámite y conceda derecho de defensa a la mandataria antes de darle inicio al proceso en la Cámara baja.
“La mera apertura del procedimiento es capaz de causar una verdadera tormenta política, administrativa, económica y social, con derivaciones internacionales (...) El perjuicio que causa la falta de garantías procesales es evidente”, señala el escrito presentado ante el máximo tribunal por el diputado Rubens Pereira.
Según explicó el diputado del PT Paulo Pimenta, habrá varias solicitudes más para detener el proceso.
En simultáneo, en el Congreso fue leído el extenso pedido de impeachment, paso inicial de una saga que podría destituir a Rousseff. La gestión de la presidenta es aprobada apenas por un 10% de la población de la séptima economía mundial, que termina 2015 hundida en la espesura de una crisis a meses de los Juegos Olímpicos de Río-2016.
Fuentes de los principales partidos reconocen que un proceso político de esta magnitud no podrá ser controlado por ninguna fuerza y tendrá una dinámica propia e imprevisible.
Un gobierno jaqueado
La agonía que vive en 2015 el gobierno de Rousseff, reelegida hace poco más de un año con más de 54,5 millones de votos, con sus proyectos obstaculizados por Cunha en el Congreso, la economía barranca abajo y el escándalo de corrupción en Petrobras regando a buena parte de la élite empresaria y política, tendrá un nuevo capítulo ahora en el Congreso.
La Cámara de Diputados formará el próximo lunes una comisión de 65 miembros (uno menos que los planteados originalmente) para evaluar si el pedido de impeachment debe proseguir o ser archivado. Una vez instaurada la comisión, Rousseff tendrá 10 sesiones para defenderse.
Luego el plenario votará la moción de esa comisión, que será aprobada si 342 de los 513 diputados levantan su mano afirmativamente, en cuyo caso la presidenta sería separada de sus funciones por un máximo de seis meses mientras el Senado la juzga.
Para escapar de una destitución, Rousseff deberá ser apoyada por 54 de los 81 integrantes de la Cámara alta.
Cunha, un legislador evangélico afecto al cálculo y a jugar fuerte, fundamentó su decisión pro impeachment en unos gastos autorizados por decreto que indican una violación a la ley de presupuesto y constituyen un “delito de responsabilidad”, figura que solo atañe a funcionarios públicos.
El politólogo David Fleischer cree que a medida que pasen los meses aumentará la presión sobre la atribulada figura presidencial.
“Es posible que el impeachment de Dilma solo pueda terminar en junio de 2016, justo antes de que comience la campaña por las elecciones municipales. Y es aún más probable que la desgastada imagen del PT empeore al punto de tratar de convencer a la presidenta de que renuncie”, dijo.
Cunha dio encarnadura a los peores temores del Palacio de Planalto: investigado por la fiscalía por haber cobrado sobornos para facilitar negocios en Petrobras, decidió “morir disparando”, en palabras de asesores de Rousseff.
Mercados a favor
La Bolsa de San Pablo reaccionó con satisfacción a la apertura del proceso de impeachment contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y cerró ayer con un alza del 3,29%, después de haber alcanzado picos de casi el 5% durante la sesión.
La plaza paulista comenzó a subir inmediatamente después de la apertura del mercado, aunque moderó las ganancias en la tarde hasta cerrar en 46.393 puntos, mientras el real concluyó la jornada con un alza del 2,29% cotizado en 3,749 unidades por dólar.
