La Cámara de Diputados discutirá hoy un proyecto que pretende ser la primera ley en Mendoza que regula la responsabilidad del Estado ante cualquier daño que le provoque a un ciudadano.
Estos perjuicios pueden ser un accidente por un pozo en la calle, una rama de un árbol que se cae sobre algo o alguien, una bala de la Policía que hiere a un tercero en un tiroteo, una mala praxis en un hospital público, una prisión preventiva mal otorgada o una parrilla de luces y hasta una grúa que se cae en el anfiteatro Frank Romero Day.
Este proyecto tuvo en 2015 sanción del Senado, pero la Asesoría de Gobierno lo “ordenó” y modificó. Este cambio es el que está en debate y ha generado posiciones encontradas entre el Frente para la Victoria (FpV), que promovió el texto con sanción y la semana pasada se retiró de la sesión, y el Frente Cambia Mendoza, que defiende la nueva redacción.
En concreto, ambos partidos dicen que su propuesta beneficia a la víctima, que podrá cobrar luego de hace un juicio contra el Estado por cualquier daño que ocasione. Para entender el tema, hoy en día no cobra lo mismo una persona atropellada por una ambulancia que otra que fue impactada por cualquier vehículo particular. Lo mismo sucede con las muertes por mala praxis en los hospitales públicos y privados. En el caso de los concubinos, en el privado cobra la muerte, mientras que en el público no.
A su vez, en la oposición acusan que con la nueva norma, el Gobierno busca “proteger” a los funcionarios que tengan mal desempeño, haciendo “casi imposible el cobro de cualquier perjuicio”.
En el oficialismo, el encargado de defender el proyecto es el diputado Jorge Albarracín. El legislador explicó que la modificación apunta a que, cuando el Estado cometa errores como cualquier particular, lo pague como lo haría un particular y no como Estado. Esto beneficiaría a la víctima.
“En actividad legítima, si bien el Estado responde por el daño, se entiende que es toda la comunidad la que tiene que sostener toda la actividad estatal. En cambio, cuando es ilegítima, es decir, cuando ya no actúa en las funciones del Estado, se responde como particular”, diferenció Albarracín.
Las observaciones que hacen en el FpV apuntan a que se intenta bajar los estándares que hay a nivel nacional. Según explicó la diputada Carina Segovia, este “orden” que intentó Cornejo con la modificación no favorece a la víctima porque debe “probar” si el Estado actuó como privado o no, en lugar de ser algo que se presuma.
“Si te alcanzó una bala de la Policía, tenés que probar los daños, cuando en realidad tendría que ser por daños presuntos”, ejemplificó.
La diputada también apuntó a la delimitación de la responsabilidad del funcionario. "Lo que debe hacer el Estado es cobrar al funcionario si hay mal desempeño. Con esta ley se vuelve imposible cobrar a un funcionario, ya que habría que comprobar que existió culpa grave, algo difícil de demostrar".
